Ángel Zaid Palomino, a quien el Poder Judicial declaró inocente tras encarcelarlo nueve meses, señala directamente al presidente de la Junta de Fiscales, Ramón Vallejo Odría, y al fiscal anticorrupción Rodrigo Mera.

Una grave denuncia sacude nuevamente los cimientos del Ministerio Público en Junín. En esta ocasión, el exfiscal Ángel Zaid Palomino Sempertegui rompió el silencio tras obtener una sentencia absolutoria en segunda instancia. Concretamente, Palomino acusa a los fiscales Ramón Vallejo Odría y Rodrigo Mera Palomino de orquestar una persecución judicial «arbitraria e infundada» mediante el presunto abuso de autoridad.

Una investigación bajo sospecha

Todo empezó en 2020, cuando la Fiscalía abrió un proceso contra Palomino por una supuesta coordinación irregular con un perito. No obstante, el denunciante sostiene que los magistrados impulsaron la investigación sin pruebas sólidas. Como consecuencia, lograron que el sistema judicial dictara nueve meses de prisión preventiva, una medida que hoy el exfiscal califica como un exceso de poder institucional.

Por otro lado, el punto más crítico de la acusación apunta a la quiebra de la imparcialidad. Palomino sostiene que el fiscal a cargo del caso mantenía vínculos familiares con el denunciante original. A pesar de que este conflicto de interés obligaba al magistrado a apartarse, las instancias superiores ignoraron la advertencia y permitieron que el proceso continuara bajo una sombra de duda.

El desmoronamiento de la tesis fiscal

Posteriormente, durante el juicio oral, la tesis acusatoria se desplomó. Incluso, la propia Fiscalía Suprema Anticorrupción reconoció graves deficiencias probatorias y detectó elementos de convicción «inducidos». Debido a ello, la instancia suprema decidió no apelar la sentencia que confirmaba la inocencia de Palomino.

¿Persecución sistemática?

Sin embargo, pese al fallo judicial firme, el exfiscal advierte que las acciones en su contra no se detienen. De hecho, denuncia que el Ministerio Público intenta reactivar investigaciones basadas en los mismos hechos, lo que violaría el principio constitucional que impide procesar a una persona dos veces por la misma causa.

En definitiva, el caso de Palomino abre un interrogante mayor: «¿Qué tan sólidos son los mecanismos de control interno?». Esta denuncia no solo afecta a los involucrados, sino que además erosiona la confianza ciudadana en la transparencia de la justicia en Junín.

Más de 50 transportistas de la empresa Grand Group se movilizaron contra la municipalidad, dejando al descubierto un enredo legal de medidas cautelares y duplicidad de razones sociales.

La mañana de este lunes 6, las calles de Huancayo se convirtieron en el escenario de un nuevo conflicto social. Conductores y propietarios de la empresa Grand Group protestaron frente a la municipalidad, denunciando presuntas irregularidades administrativas que les impiden operar formalmente en la ruta San Jerónimo – Chilca.

¿Rutas sin autorización?

El reclamo no solo es laboral, sino que pone bajo la lupa la transparencia de la gestión edil. Según los manifestantes, la empresa cuenta con medidas cautelares que les permitirían circular por el corredor Catalina Huanca. Sin embargo, la propia normativa municipal señala que dicha vía no está habilitada para su operación.

«Necesitamos seguir trabajando, no pueden seguir cerrándonos las puertas», exclamó uno de los transportistas, exigiendo una solución inmediata para evitar la paralización de sus unidades.

La respuesta oficial: Un laberinto legal

Por su parte, el gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe, intentó poner paños fríos a la situación, aunque sus declaraciones sembraron más dudas. El funcionario aclaró que las resoluciones judiciales no ordenan la entrega de permisos, sino que solo suspenden decisiones administrativas previas.

Este vacío legal genera una contradicción crítica: si la justicia no ha otorgado el permiso de ruta, ¿por qué la empresa ya utiliza una vía no autorizada?

Duplicidad y falta de fiscalización

La controversia escala al revelarse un desorden administrativo interno. Existen dos razones sociales operando bajo nombres casi idénticos: Gran Group S.A. y Grand Group S.R.L. Esta duplicidad, admitida por la gerencia, ha entorpecido los trámites y plantea serios cuestionamientos sobre cómo la comuna evalúa y fiscaliza las solicitudes.

Pese a que la autoridad municipal reconoció la necesidad de una intervención más firme por parte de la Dirección de Transporte, las acciones hasta ahora parecen insuficientes.

Luego de dos días de movilizaciones, la gestión de Gustavo Llanovarced reconoció la falta de insumos críticos como gasas y agujas. Atribuyen la crisis a factores externos, pero el personal médico señala fallas de gestión.

La presión en las calles surtió efecto. Tras 48 horas de protestas ininterrumpidas por parte del personal asistencial, el director del Hospital Daniel Alcides Carrión, Gustavo Llanovarced, admitió públicamente que el área de Emergencias atravesó un grave periodo de desabastecimiento de insumos básicos.

Un hospital sin insumos básicos

La denuncia, que llevó a los médicos a movilizarse hasta la sede del Gobierno Regional de Junín, revelaba una realidad alarmante: la falta de guantes, gasas, agujas y materiales esenciales para exámenes de laboratorio. Durante el conflicto, los profesionales de salud advirtieron que la atención en áreas críticas estaba en riesgo, obligando a una respuesta inmediata de las autoridades.

Las razones del desabastecimiento

Pese a que el hospital cuenta con presupuesto asignado, Llanovarced justificó la escasez alegando factores ajenos a su administración inmediata:

• Contexto Internacional: El alza de precios y conflictos externos que afectan la cadena de suministros.
• Burocracia Centralizada: Limitaciones en el sistema de compras y la dependencia de procesos externos para la adquisición de fármacos.

Sin embargo, para el personal médico, estas explicaciones llegan tarde. Critican que la dirección recién haya tomado cartas en el asunto cuando el problema escaló a una protesta pública, evidenciando una capacidad de respuesta reactiva y no preventiva.

Promesas de solución

Tras una reunión de conciliación con el cuerpo médico, el director aseguró que el flujo de suministros se está normalizando progresivamente. Según la gestión, se espera que el stock de insumos supere el 90% de abastecimiento en las próximas semanas.

Por ahora, el Hospital Carrión queda bajo la lupa de la ciudadanía. El episodio ha dejado al descubierto que, más allá de los factores globales, la gestión hospitalaria en Junín enfrenta grietas estructurales que solo parecen resanarse bajo la presión de las movilizaciones.