Política

Condenados por peculado, violencia, difamación y omisión de alimentos postulan al Congreso en Junín.

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CULPABLES: Diez candidatos de la región Junín fueron sentenciados difamación, peculado, violencia y otros

Las hojas de vida de los candidatos al Congreso continúan revelando antecedentes relevantes en la región Junín. De acuerdo con registros judiciales, 11 aspirantes —entre candidatos a diputados y senadores— cuentan con sentencias penales, por delitos que incluyen difamación, lesiones, peculado, usurpación, conducción en estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar, secuestro y rebelión.

Aunque varias de estas condenas figuran como suspendidas o con fallos en reserva, los antecedentes forman parte del historial público de los postulantes.

Difamación: el delito más frecuente

La difamación es el delito que se repite con mayor frecuencia entre los candidatos sentenciados.

Marcelina Cuba de la Cruz, conocida como Lina Cuba y candidata a diputada por Podemos Perú, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión por difamación, con pena suspendida.

Delito: Difamación
Expediente: 04008-2015
Pena: 1 año y 8 meses – Suspendida

César Augusto Cuestas Meneses, candidato por Fuerza Popular, recibió una sentencia por el mismo delito en 2010, cuando se desempeñaba como regidor de Huancayo. La condena figura como cumplida.

César Augusto Cuestas Meneses – Diputado, Junín
Delito: Difamación
Expediente: 01913-2010-0-1501-JRP-06

Desde Avanza País, Miguel Ángel Ferreyra Sánchez, aspirante al Senado, registra un proceso por difamación con reserva de fallo, además de una sentencia por falsedad, con dos años de pena suspendida.

Miguel Ángel Ferreyra Sánchez – Senador, Junín
Delito: Difamación
Expediente: 0347-2010
Estado: Reserva de fallo
Delito: Falsedad
Expediente: 18899-2002
Pena: 2 años – Suspendida

Omisión de asistencia familiar y otros delitos graves

Uno de los casos más notorios es el de Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, candidato al Senado por el partido Obras. Registra una sentencia por omisión a la asistencia familiar, con 11 meses de pena suspendida, y un antecedente previo por rebelión y secuestro, por el que fue condenado a nueve años de prisión efectiva en 2005.

Delito: Omisión a la asistencia familiar
Expediente: 484-2023
Pena: 11 meses – Suspendida
Delitos: Rebelión y secuestro
Expediente: 20-2005
Pena: 9 años – Efectiva

También figura Fernando Isidoro Contreras Marcos, candidato a diputado por el FREPAP, con una sentencia de pena privativa de libertad efectiva por incumplimiento de obligación alimentaria.

Delito: Incumplimiento de obligación alimentaria Expediente: 1994-0212-0-1506-JR-PE-02
Pena: Privativa de libertad – Efectiva

Delitos contra la integridad y la seguridad pública

En Alianza Para el Progreso, Luis Armando Orihuela Lazo fue sentenciado por exposición de persona a peligro, con tres años de pena suspendida,

Delito: Exposición de persona a peligro
Expediente: 609-2010
Pena: 3 años – Suspendida

Mientras que Raquel Beatriz Blancas Veli registra un proceso por lesiones leves, en reserva.

Delito: Lesiones leves
Expediente: 4478-2013
Estado: Reserva

Por el APRA, Marcelo Martín Hurtado Castañeda cuenta con una sentencia por lesiones graves, con pena suspendida.

Delito: Lesiones graves
Expediente: 371-2001
Pena: Suspendida – Reserva

En el FREPAP, Wilber Arzubialde Caviedes fue sentenciado por conducción en estado de ebriedad, con un año de pena suspendida.

Delito: Conducción en estado de ebriedad
Expediente: 00774-2017
Pena: 1 año – Suspendida

Delitos contra el Estado y la propiedad

En Perú Primero, José Luis Chenet Díaz fue sentenciado por peculado por extensión, con pena suspendida.

Delito: Peculado por extensión
Expediente: 00875-2004-0-2402-JR-PE-03
Pena: Suspendida

Finalmente, Raúl José Zavala Ochoa, candidato por el Partido de los Trabajadores, registra una sentencia por usurpación, con prisión condicional suspendida.

DELITO:USURPACION
PENA:PRISION CONDICIONAL

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Hospital Carrión enfrenta déficit de S/50 millones y médicos alertan riesgo en la atención

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Hospital Carrión enfrenta déficit de S/50 millones y médicos alertan riesgo en la atención

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, principal establecimiento de referencia y de mayor complejidad de la región Junín, enfrenta una situación crítica debido a la falta sostenida de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y equipos, según alertó el Cuerpo Médico de la institución.

Durante una conferencia de prensa, los profesionales señalaron que las carencias vienen afectando servicios esenciales como Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Centro Quirúrgico y Hospitalización. Advirtieron que, ante la falta de determinados materiales, algunas familias se ven obligadas a asumir con sus propios recursos la compra de insumos necesarios para la atención de sus pacientes.

Médicos cuestionan brecha presupuestal de S/50 millones

La preocupación alcanza también al manejo de los recursos públicos. De acuerdo con el análisis institucional del propio hospital, existe un déficit de hasta S/50 millones para atender las necesidades del establecimiento.

El Cuerpo Médico cuestionó que, pese a la importancia del hospital dentro de la red regional, no exista claridad respecto al origen de esta brecha ni una respuesta concreta que permita garantizar los recursos necesarios para mantener los servicios operativos.

Los profesionales exigieron al Gobierno Regional de Junín determinar si el problema responde a transferencias insuficientes por parte del Gobierno Nacional, a dificultades en la ejecución presupuestal regional o a ambos factores.

Riesgo de cierre de servicios por falta de especialistas

A la escasez de insumos se suma la falta de médicos especialistas. El Cuerpo Médico advirtió que algunos servicios podrían dejar de funcionar debido a que las plazas disponibles no resultan suficientemente atractivas para los profesionales, principalmente por las limitaciones presupuestales.

En otros casos, explicaron, el problema está relacionado con la limitada disponibilidad de especialistas formados en determinadas áreas.

Los médicos también señalaron deficiencias vinculadas con instrumentos de gestión desactualizados y problemas de infraestructura en áreas críticas, factores que dificultan el adecuado funcionamiento del establecimiento.

Médicos dejarán constancia de los riesgos

Ante este escenario, el Cuerpo Médico anunció que formalizará las deficiencias detectadas mediante fichas de notificación de riesgo, con el objetivo de dejar constancia de las condiciones en las que vienen desarrollándose las actividades asistenciales.

Los profesionales señalaron que deslindarán responsabilidades ante eventuales complicaciones o eventos adversos que pudieran estar relacionados con la falta de medicamentos, insumos, dispositivos médicos o fallas en los equipos.

La advertencia coloca la situación del Hospital Carrión más allá de una controversia estrictamente administrativa. Para los médicos, las deficiencias presupuestales y operativas ya tienen un impacto directo en la atención de los pacientes y podrían comprometer la seguridad de quienes acuden al principal hospital de referencia de Junín.

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A un mes del sismo, solo 48 de 500 módulos de vivienda han llegado a Junín

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A un mes del sismo, solo 48 de 500 módulos de vivienda han llegado a Junín

Las familias damnificadas siguen esperando una solución. Las autoridades advierten que los módulos no serían suficientes.

A un mes del sismo del 18 de julio, cientos de familias en Junín continúan sin una solución habitacional. Solo 48 de los 500 módulos de vivienda anunciados por el Ministerio de Vivienda han sido instalados, informó José Vásquez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional.

En los primeros siete distritos en emergencia se registraron 2,136 viviendas destruidas o inhabitables. Con la ampliación a 20 distritos, la cifra supera las 3,500 viviendas afectadas.

Vásquez advirtió que los 500 módulos no alcanzarían para cubrir la demanda. También señaló demoras en la validación de los padrones municipales. Este proceso define qué familias recibirán módulos y cuáles accederán al bono de alquiler de emergencia.

Hasta ahora, las intervenciones se concentran en Chongos Bajo y parte de Chupuro. Las familias siguen en condiciones precarias a la espera de ayuda.

Ante esta situación, el Gobierno Regional y los alcaldes acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda. Piden un cronograma claro para la entrega de módulos y las demás acciones pendientes.

Vásquez remarcó que las familias no pueden seguir en carpas. Advirtió que la temporada de lluvias podría agravar su situación.

Educación avanza, salud sigue pendiente

En Educación, ya llegaron 60 módulos tipo domo. Veinte fueron instalados semanas atrás. Los otros 40 llegaron recientemente.

Estos módulos permitirán continuar las clases en las zonas afectadas.

En Salud, la situación sigue sin solución. Dos centros de salud permanecen inoperativos. Requieren módulos para restablecer la atención.

A un mes del desastre, las autoridades regionales piden acelerar la respuesta del Gobierno central. Las familias siguen esperando una solución que les permita dejar las carpas y recuperar condiciones básicas de vida.

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¡Niños estudiarían en la calle! Padres protestan por demora en entrega de nuevo jardín

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Padres de familia de la I.E.I. N.° 602 “Manchego Muñoz” realizaron un plantón frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo para exigir la entrega de la nueva infraestructura educativa, cuya obra física ya habría culminado.

La demora en la entrega del nuevo local mantiene a decenas de menores sin clases desde hace aproximadamente 15 días, situación que genera preocupación entre las familias de la institución educativa.

Como medida de protesta ante la falta de solución, los padres de familia anunciaron que este miércoles 19 de agosto realizarán clases en la vía pública, con el objetivo de exigir a las autoridades la pronta habilitación del nuevo jardín.

Según informó la Asociación de Padres de Familia (APAFA), la nueva infraestructura ya se encuentra acondicionada para recibir a los estudiantes e incluso la APAFA entregó el inventario del mobiliario. Sin embargo, las autoridades aún no concluyen algunos documentos y trámites administrativos que impiden la entrega oficial del local a la comunidad educativa.

La preocupación de los padres aumenta debido a que las autoridades declararon inhabitables las antiguas instalaciones de la institución, por lo que los menores no cuentan actualmente con un espacio adecuado y seguro para desarrollar sus actividades escolares.

Asimismo, las familias cuestionan la propuesta de alquilar un ambiente temporal por aproximadamente S/ 3 mil, monto que, según denuncian, tendrían que asumir los propios padres.

Ante esta situación, la UGEL Huancayo interviene para buscar una alternativa que permita solucionar el problema. Mientras tanto, los padres exigen a las autoridades que aceleren los procedimientos administrativos y garanticen el retorno de los niños a clases en condiciones seguras.

La protesta anunciada para este miércoles busca presionar a las autoridades para que entreguen la nueva infraestructura cuanto antes y restablezcan el servicio educativo para los menores.

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