A pesar de que el plazo de 120 días expiró, la empresa RINAIT SRL aún no entrega las unidades. La inversión supera los S/ 6.5 millones y la gestión municipal evita hablar de sanciones firmes.
El distrito de El Tambo enfrenta una de sus peores crisis sanitarias. Lo que debía ser la solución al colapso de la limpieza pública se ha convertido en un laberinto administrativo: la adquisición de siete camiones compactadores y un camión baranda bajo la modalidad de obras por impuestos cumple más de cinco meses de retraso sin una fecha de entrega definida.
Un contrato en el limbo
El convenio, adjudicado a la empresa RINAIT SRL el pasado 3 de noviembre de 2025, contaba con un plazo de ejecución de 120 días. Sin embargo, el tiempo se agotó y la inversión de 6.5 millones de soles sigue sin materializarse en beneficio de los vecinos, quienes conviven a diario con cúmulos de residuos en las calles.
El gerente municipal, Huber Paredes Mallqui, admitió la gravedad de la situación, pero evitó señalar culpables directos. Según el funcionario, este viernes 17 de abril se llevará a cabo una reunión «crucial» entre la municipalidad, la empresa ejecutora y ProInversión para intentar rescatar el proyecto y fijar nuevos plazos.
¿Flexibilidad o impunidad?
Pese a que el contrato estipula penalidades de hasta el 10% del valor total por retrasos injustificados, la comuna no ha confirmado si aplicará estas sanciones. Por el contrario, Paredes Mallqui descartó la resolución del contrato, argumentando que buscarán «acuerdos» para asegurar la llegada de los vehículos.
Los puntos clave de la controversia:
Gestión ineficiente: La gerencia atribuye parte de la demora a «procesos administrativos internos» de la propia municipalidad.
Impacto sanitario: El servicio de recolección actual es insuficiente y presenta deficiencias críticas.
Falta de transparencia: No hay una explicación clara de por qué se ha permitido una dilación de casi medio año en un servicio básico.
El dato
Mientras las autoridades y la empresa negocian en oficinas, la acumulación de basura en El Tambo sigue incrementándose, poniendo en riesgo la salud de miles de familias en un proyecto millonario que, hasta el cierre de esta nota, solo existe en el papel.
La confirmación de tres casos de tuberculosis entre trabajadores asistenciales mantiene en alerta al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde las autoridades sanitarias han puesto en marcha un cerco epidemiológico y medidas de vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad dentro del principal nosocomio de la región Junín.
Investigan origen de los contagios
El director del hospital, Gustavo Llanovarced, informó que el origen de los casos aún se encuentra en investigación. No obstante, precisó que ya fueron identificadas las personas consideradas contactos directos de los trabajadores afectados, quienes vienen siendo sometidas a evaluaciones médicas y pruebas de descarte.
La detección de contagios dentro del propio personal de salud ha generado preocupación debido a la exposición constante de estos trabajadores a enfermedades infectocontagiosas y a la necesidad de reforzar las medidas preventivas en los establecimientos hospitalarios.
Refuerzan medidas de control y bioseguridad
Según indicó la dirección del hospital, se estima que el número de casos vinculados no superaría los cinco contagios gracias a la rápida implementación de acciones de control epidemiológico.
Asimismo, se han fortalecido los protocolos de bioseguridad y el monitoreo permanente tanto de los trabajadores como de los usuarios que acuden diariamente al establecimiento de salud.
Recomiendan uso de mascarilla y restringir visitas innecesarias
Como medida preventiva, las autoridades sanitarias recomendaron a los pacientes acudir al hospital utilizando mascarilla y evitar el ingreso innecesario de niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, considerados grupos de mayor riesgo frente a infecciones respiratorias.
Tuberculosis: una enfermedad prevenible y tratable
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch que afecta principalmente a los pulmones. Aunque cuenta con tratamiento efectivo y puede prevenirse, los especialistas recuerdan que la detección temprana es fundamental para evitar complicaciones y reducir el riesgo de nuevos contagios.
Mientras continúan las investigaciones para determinar el foco de infección, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión permanece bajo estricta vigilancia epidemiológica con el objetivo de contener cualquier posible brote dentro de sus instalaciones.
Más de 300 comuneros vinculados a Ecosermy denunciaron incumplimientos laborales y la ausencia de representantes de la minera en una reunión previamente coordinada.
La tensión social vuelve a crecer en la provincia de Yauli-La Oroya. Más de 300 comuneros vinculados a la empresa comunal Ecosermy llegaron este jueves a Huancayo para denunciar presuntos incumplimientos de compromisos laborales por parte de Minera Chinalco y alertar sobre el fracaso de una mesa de diálogo que debía realizarse entre ambas partes.
Mesa de diálogo quedó sin efecto
De acuerdo con los representantes comunales, la reunión programada para este 11 de junio no pudo concretarse debido a la inasistencia de los representantes de la empresa minera. Los dirigentes sostienen que el encuentro había sido previamente coordinado con el objetivo de abordar diversas demandas relacionadas con oportunidades laborales y compromisos asumidos con las comunidades de la zona de influencia de la operación minera.
El abogado de Ecosermy, Rafael Porras, señaló que mientras los comuneros aguardaban el inicio de la mesa de diálogo acordada, la empresa habría convocado una reunión paralela en otro lugar, situación que, según indicó, terminó frustrando el encuentro y generando mayor malestar entre la población.
Reclamos pendientes desde hace más de un año
Los dirigentes comunales afirmaron que llevan más de un año esperando respuestas a un pliego de reclamos presentado a la empresa, sin que hasta la fecha se hayan alcanzado acuerdos concretos ni soluciones definitivas. Frente a este escenario, advirtieron que evalúan iniciar medidas de protesta y recurrir a acciones legales para exigir el cumplimiento de los compromisos que consideran pendientes.
Por su parte, el presidente de Ecosermy manifestó que el descontento viene aumentando entre las comunidades ubicadas en el área de influencia minera debido a las continuas postergaciones y a la falta de atención a sus demandas. Según indicó, esta situación estaría afectando las expectativas de empleo y desarrollo económico de los pobladores.
Comuneros evalúan protestas y acciones legales
En medio del conflicto, los representantes comunales también expresaron su preocupación por recientes denuncias fiscales presentadas contra algunos dirigentes, las cuales consideran una medida que busca limitar sus reclamos y cuestionamientos hacia la empresa.
Asimismo, denunciaron la presunta omisión de cláusulas y compromisos que, según sostienen, debían beneficiar a las comunidades cercanas a la operación minera. Advirtieron que, de no existir una respuesta concreta por parte de la empresa, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Sin respuesta oficial de la empresa
Hasta el cierre de esta edición, Minera Chinalco no había emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones formuladas por los representantes de Ecosermy.
Convocatoria a actividad partidaria genera cuestionamientos sobre la neutralidad de programas sociales y el uso de espacios municipales.
Una denuncia pública ha generado controversia en la provincia de Huancayo tras conocerse la presunta convocatoria de madres integrantes de comedores populares para participar en una actividad política programada para el próximo 13 de junio.
De acuerdo con la información difundida, la invitación habría sido realizada desde la dirigencia de los comedores populares y estaría dirigida a representantes de distintos comités que forman parte de este programa social. La situación ha despertado preocupación debido a la posible utilización de organizaciones destinadas a poblaciones vulnerables con fines proselitistas.
Dirigentes acuerdan participar en actividad política
La presidenta de los comedores populares, Zoraida Quispe Fabián, confirmó que la participación en la actividad respondía a un acuerdo adoptado por las dirigentes durante una reunión reciente. Sin embargo, el caso ha cobrado mayor relevancia debido a que dicho encuentro habría tenido lugar en instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Este hecho ha motivado cuestionamientos sobre una eventual vulneración del principio de neutralidad que debe regir en las entidades públicas y en los programas sociales administrados o vinculados al Estado.
Precandidatura de dirigente alimenta cuestionamientos
Asimismo, documentación revisada revela que Quispe Fabián figura como precandidata a regidora provincial por el partido político Podemos Perú, circunstancia que ha incrementado las sospechas respecto a un posible interés político detrás de la convocatoria dirigida a las beneficiarias de los comedores populares.
La coincidencia entre su rol dirigencial y su participación en actividades políticas ha generado debate sobre la necesidad de mantener una clara separación entre las organizaciones sociales y las campañas partidarias.
Municipalidad pide explicaciones a la dirigencia
Frente a estas denuncias, el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe, informó que solicitará un informe detallado a la dirigencia de los comedores populares con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de convocatoria.
Por su parte, la presidenta de los comedores populares sostuvo que la asistencia a la actividad era de carácter voluntario. No obstante, los mensajes difundidos entre las participantes harían referencia a un control de asistencia o llamado de lista, situación que ha generado dudas sobre la naturaleza realmente opcional de la participación.
Denuncia reabre debate sobre neutralidad de programas sociales
La controversia reabre el debate sobre los límites entre la actividad política y las organizaciones sociales, así como la necesidad de garantizar que los programas dirigidos a sectores vulnerables se mantengan al margen de intereses partidarios.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso, mientras se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.