El representante de Juntos por el Perú en Junín, Osman Idelfonso, cuestionó las detenciones realizadas durante las protestas contra la llegada de Keiko Fujimori a Huancayo y denunció un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.
Según afirmó, colectivos antifujimoristas, estudiantes y ciudadanos protagonizaron las movilizaciones como una “reacción natural” frente a la presencia de la lideresa de Fuerza Popular. Además, precisó que Juntos por el Perú no organizó oficialmente la convocatoria, sino que distintos sectores sociales y ciudadanos independientes impulsaron las protestas.
“Ha sido una convocatoria amplia, ciudadana y abierta. No necesariamente han estado personas de izquierda, sino ciudadanos con una misión patriótica”, declaró.
Idelfonso también afirmó que algunos participantes recibieron insultos con términos como “cholos”, “terrucos” y “rojos” durante la movilización. Asimismo, acusó a simpatizantes fujimoristas de provocar enfrentamientos en medio de la protesta.
El dirigente reiteró que Juntos por el Perú no convocó formalmente las marchas y sostuvo que asistió a título personal, tal como ocurrió —según dijo— en anteriores manifestaciones contra el fujimorismo.
Sobre la intervención policial, denunció que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas pese a que, según indicó, no se registraron actos violentos que justificaran esa medida. Además, aseguró que docentes, madres de familia y otros asistentes resultaron afectados por los gases.
Entre los casos reportados, mencionó a Guadalupe Hilario, quien ingresó a una clínica tras presentar problemas respiratorios luego de la dispersión de manifestantes.
Idelfonso también cuestionó la detención de un estudiante universitario investigado por portar una bandera agujereada, símbolo que —según explicó— recuerda a las víctimas de las protestas registradas en el sur del país.
Finalmente, anunció que colectivos sociales y abogados independientes evalúan presentar acciones legales contra la intervención policial y exigir la liberación de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones.
La Contraloría observa el proceso de compra de siete compactadoras y un camión baranda, mientras la municipalidad aún no incorpora las unidades al servicio de limpieza pública.
La Municipalidad Distrital de El Tambo no pone en funcionamiento los siete camiones compactadores y un camión baranda que adquirió recientemente para reforzar el servicio de limpieza pública. El proceso de compra acumula cuestionamientos luego de que la Contraloría General de la República emitiera informes con observaciones sobre la convocatoria y la adjudicación de las unidades.
Durante la sesión de concejo municipal realizada este miércoles 19 de agosto, el nuevo gerente de Servicios Públicos de El Tambo, José Chagua, informó que la Contraloría advirtió presuntos direccionamientos en el proceso de contratación.
Vehículos aún no operan
Aunque la municipalidad ya adquirió las unidades, aún no las incorpora al servicio de limpieza pública. Chagua explicó que la comuna gestiona el cambio de titularidad de los vehículos y que prevé completar la entrega de placas de rodaje en aproximadamente 20 días.
Hasta que la municipalidad concluya este trámite, no utiliza las compactadoras de manera regular para reforzar la recolección de residuos sólidos en el distrito.
Mientras tanto, el servicio de limpieza pública opera con capacidad limitada. La comuna cuenta con cuatro compactadoras, pero solo dos funcionan, además de un camión baranda que atiende a todo el distrito.
A esta situación se suman restricciones presupuestales que, según el funcionario, reducen la capacidad de respuesta de la municipalidad.
Regidor advierte posible deterioro
El regidor Marco Coz cuestionó el estado de las nuevas unidades durante la sesión de concejo. El concejal afirmó que algunas compactadoras ya muestran signos de desgaste y daños, pese a que la municipalidad aún no las recibe formalmente ni las incorpora a su administración.
Coz advirtió que esta situación podría generar responsabilidades para la comuna e incluso el pago de penalidades, debido a que los vehículos permanecen sin definición administrativa mientras presentan posibles deterioros.
Municipalidad derivará caso a Contraloría y Procuraduría
Ante las observaciones al proceso de adquisición, los funcionarios municipales, incluido el gerente municipal, anunciaron que remitirán el expediente a la Procuraduría y a la Contraloría para que evalúen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la compra de los vehículos destinados a mejorar la limpieza pública en El Tambo, mientras el distrito enfrenta limitaciones logísticas y presupuestales para garantizar el recojo de residuos sólidos.
La municipalidad deberá aclarar las observaciones al proceso de contratación y definir la situación legal y administrativa de las unidades antes de incorporarlas al servicio.
Un grupo de aproximadamente 35 pobladores del distrito de Pariahuanca se encadenó en la sala de sesiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, luego de que la falta de quórum obligara a suspender una sesión ordinaria de concejo.
Los ciudadanos viajaron hasta Huancayo desde Pariahuanca, ubicada a unos 75 kilómetros de distancia, para exigir respuestas sobre la culminación de una obra iniciada en 2023. Según señalaron, el alcalde provincial, Dennys Cuba, los convocó con la expectativa de atender sus demandas ante las autoridades municipales.
Exigen culminación de obra
Andrés Rojas, dirigente del anexo de Lampa, explicó que los pobladores reclaman la culminación de la segunda etapa de una obra que ya cuenta con una primera fase ejecutada.
“Nosotros lo que exigimos es que nos teché el gras”, manifestó el dirigente, quien precisó que los responsables ya instalaron el gras, pero aún no construyen el techo.
Rojas sostuvo que los pobladores han solicitado reiteradamente la ejecución de esta segunda etapa y cuestionó que, pese a los compromisos asumidos, las autoridades no han iniciado los trabajos. Además, advirtió que las lluvias y las condiciones climáticas deterioran el área ya instalada.
El dirigente afirmó que esta sería la cuarta o quinta vez que representantes de la población viajan hasta Huancayo para buscar una solución. Ante la falta de respuestas, aseguró que los pobladores permanecerán en la sede municipal hasta lograr un compromiso concreto.
Reclaman por gastos de traslado
Rojas también cuestionó el impacto económico que generan los constantes viajes a Huancayo. Indicó que cada poblador gasta más de 100 soles en pasajes y alimentación, además de dejar temporalmente sus actividades agrícolas.
En esta oportunidad, alrededor de 35 pobladores llegaron hasta la capital de la región Junín para exigir el cumplimiento del compromiso atribuido a la autoridad municipal respecto a la culminación de la obra.
Regidora cuestiona falta de quórum
Por su parte, la regidora Fiorella Fabián confirmó que la falta de quórum obligó a suspender la sesión ordinaria. Señaló que solo algunos regidores registraron su asistencia, pese a que la municipalidad programa estas sesiones con anticipación.
“Llama mucho la atención que en una sesión ordinaria no se tenga el quórum”, cuestionó la regidora, quien además indicó que la ausencia de los concejales también impidió atender otros pedidos de ciudadanos y trabajadores municipales.
Fabián sostuvo que el alcalde habría convocado a los pobladores de Pariahuanca con la expectativa de que los regidores intervengan en una supuesta habilitación presupuestal. Sin embargo, precisó que ese tema no figuraba en la agenda de la sesión y que el concejo provincial no tiene competencia directa para asumirlo.
La regidora recordó que la normativa municipal establece la realización de al menos dos sesiones ordinarias de concejo al mes. En ese sentido, advirtió que, tras la suspensión de la jornada, el concejo deberá convocar una nueva sesión antes de que concluya agosto.
Pumpunya, uno de los sectores más afectados por el sismo que sacudió el sur del Valle del Mantaro, aún enfrenta las consecuencias del desastre. Viviendas destruidas, familias en carpas y servicios pendientes evidencian que la emergencia continúa.
Ha transcurrido un mes desde el sismo que golpeó la zona sur del Valle del Mantaro, pero en Pumpunya la emergencia todavía no termina. En este sector, uno de los más afectados, permanecen viviendas reducidas a escombros, familias refugiadas en carpas y estructuras que continúan debilitándose debido a las réplicas. El desastre dejó cinco personas fallecidas y decenas de heridos.
La presidenta de la Comunidad Campesina de Pumpunya, Karina Lozano Poucar, recuerda aquella noche como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Había regresado de Huancayo junto a su hijo y se encontraba llegando a su vivienda cuando comenzó el movimiento sísmico.
El fuerte estruendo, el corte del suministro eléctrico y el derrumbe de las viviendas desencadenaron una emergencia inmediata. Ante la falta de maquinaria y herramientas, los propios pobladores tuvieron que organizarse para rescatar a sus vecinos utilizando sus manos, entre el adobe y la tierra.
“A veces recuerdo y duele”, relata Lozano al evocar a las personas que encontró heridas o atrapadas entre los escombros.
Familias aún esperan viviendas temporales
Un mes después del desastre, los pobladores continúan realizando faenas comunales para retirar escombros y demoler las viviendas que quedaron inhabitables. Sin embargo, la proximidad de la temporada de lluvias incrementa la preocupación entre las familias que permanecen en carpas.
Según la dirigente comunal, hasta el momento se han instalado 48 módulos temporales, una cantidad que considera insuficiente frente al número de familias damnificadas.
La situación es especialmente preocupante porque gran parte de los pobladores depende de la agricultura y la ganadería. La emergencia no solo destruyó viviendas, sino que también afectó parte de sus medios de subsistencia.
“Mi pueblo ha sido muy olvidado”, sostiene Lozano, quien reclama que el proceso de reconstrucción no se limite a la reposición de viviendas, sino que incluya caminos, servicios básicos y las condiciones necesarias para que las familias puedan recuperar sus actividades económicas.
El dolor de las familias de las víctimas
Para Yolanda Bautista Pérez, de 69 años, hermana de una de las víctimas, el dolor permanece. Su sobrino resultó herido durante el sismo y tuvo que ser hospitalizado, aunque posteriormente logró recuperarse.
Ella, sin embargo, todavía asegura que le cuesta asimilar la muerte de su hermana. Recuerda que durante los primeros días de la emergencia recibió alimentos y ayuda, pero cuestiona que los trabajos de reconstrucción no avancen al mismo ritmo.
También reclama el retiro de los escombros que permanecen en distintos puntos de la comunidad y que representan un riesgo para las familias.
La losa deportiva, símbolo de la emergencia
La losa deportiva de Pumpunya se convirtió durante la emergencia en uno de los principales puntos de atención. Allí se instalaron carpas, se atendió a personas heridas y se velaron los cuerpos de las víctimas.
A un mes del desastre, el mismo espacio volvió a congregar a los pobladores durante una misa en memoria de las cinco personas que perdieron la vida.
El padre Ricardo Chara, párroco de Santiago Apóstol de Chongos Bajo, recordó que la Iglesia acompañó a las familias desde las primeras horas de la emergencia y advirtió que las consecuencias del sismo no son únicamente materiales.
El impacto emocional, señaló, también continúa afectando a la población, especialmente a niños y adultos mayores, quienes todavía enfrentan temor ante las réplicas.
“Pumpunya se va a levantar”
Mientras las réplicas mantienen la preocupación entre los pobladores y la llegada de las lluvias genera nuevos riesgos, Pumpunya intenta recuperarse con sus propios recursos.
La comunidad continúa organizando faenas para retirar escombros y recuperar lo que sea posible. Sin embargo, sus autoridades consideran que la respuesta del Estado debe ir más allá de la atención inicial de la emergencia.
La demanda es concreta: reconstruir viviendas, recuperar caminos y servicios básicos y garantizar las condiciones para que las familias puedan volver a trabajar y recuperar sus medios de vida.
“Pumpunya se va a levantar”, afirma Karina Lozano. Pero esta vez, la comunidad espera no tener que hacerlo sola.
