El regidor provincial de Huancayo, Carlos Cóngora, defendió la intervención que realizó en una olla común de la ciudad y rechazó las denuncias que lo acusan de vulnerar la propiedad privada de la presidenta de la organización social durante una reciente fiscalización.

Según explicó el concejal, vecinos de la zona alertaron sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, por lo que decidió efectuar una inspección inopinada. La diligencia formó parte de una serie de fiscalizaciones que las autoridades desarrollan en diversos comedores populares y ollas comunes de la provincia.

Durante la visita, Cóngora identificó un local que exhibía un letrero de olla común. Tras solicitar autorización para ingresar, verificó la presencia de cocinas industriales, utensilios y otros bienes que la Municipalidad Provincial de Huancayo entregó para la ejecución del programa social.

Sin embargo, el regidor señaló que no encontró atención a beneficiarios cuando realizó la inspección, alrededor de las 11:00 de la mañana. Además, aunque constató la presencia de bienes municipales, no observó la preparación ni la distribución de alimentos durante esa jornada.

Cóngora también negó haber ingresado de manera indebida a la vivienda de la presidenta de la organización. Aseguró que la fiscalización se limitó al espacio donde presuntamente funciona la olla común y precisó que registró toda la intervención mediante fotografías y videos.

Ante las dudas sobre el funcionamiento del establecimiento, el regidor pidió que las autoridades conformen una comisión investigadora para determinar si la olla común opera de manera regular y si los recursos que entrega el Estado llegan efectivamente a la población beneficiaria.

Finalmente, informó que continuará fiscalizando otros programas sociales de la provincia para garantizar el uso adecuado de los bienes públicos y comprobar que los alimentos destinados a familias vulnerables lleguen a quienes los necesitan.

La incertidumbre política generada tras la ratificación de la vacancia del alcalde Julio César Llallico ha comenzado a generar preocupación entre diversos sectores sociales del distrito de El Tambo. Decenas de dirigentes vecinales, representantes de anexos y agentes comunales se movilizaron hasta los exteriores de la oficina zonal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para exigir garantías sobre la continuidad de obras y proyectos en ejecución.

Preocupación por el impacto en las obras

Los manifestantes señalaron que su principal preocupación no radica en respaldar a una autoridad específica, sino en evitar que la crisis política afecte el desarrollo de intervenciones consideradas prioritarias para la población. En ese contexto, demandaron que se asegure la ejecución de proyectos de saneamiento, pavimentación y otras obras programadas para los próximos meses, así como la continuidad de los expedientes que actualmente se encuentran en trámite.

Los dirigentes advirtieron que cualquier retraso derivado de la transición política podría afectar directamente a miles de vecinos que esperan la culminación de proyectos largamente gestionados ante la municipalidad.

Gestiones ante el Jurado Nacional de Elecciones

Durante la jornada, una comisión de dirigentes sostuvo una reunión con representantes del organismo electoral. Según informaron, tanto el pedido para la emisión de nuevas credenciales como el memorial presentado en contra de la vacancia fueron remitidos a la sede central del JNE en Lima, donde serán evaluados conforme a los procedimientos establecidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha definida para la notificación oficial de la vacancia ni para la entrega de credenciales al regidor Iván Medina, quien asumiría la alcaldía en caso se concrete el proceso de sucesión.

Expectativa por la definición del proceso

La falta de una decisión definitiva mantiene en expectativa tanto a la población como a la propia administración municipal. Han transcurrido tres semanas desde que se conoció la resolución que ratificó la vacancia de Julio Llallico por nepotismo bajo la figura de interpósita persona.

Frente a este escenario, los dirigentes insistieron en la necesidad de garantizar estabilidad institucional y continuidad en la gestión municipal para evitar que los cambios políticos repercutan en la ejecución de obras y servicios públicos.

Mientras las autoridades electorales continúan con la evaluación del caso, diversos sectores de El Tambo esperan una pronta definición que permita brindar certidumbre sobre el futuro de la administración local y el desarrollo de los proyectos considerados prioritarios para el distrito.

El partido político Juntos por el Perú (JP) realizó el cierre de su campaña con un pequeño mitin acompañado por una banda musical en la Plaza Constitución, actividad que congregó a militantes y simpatizantes de la organización política.

Durante el acto llamó la atención la reaparición pública de exautoridades del distrito de El Tambo, quienes participaron junto a los militantes de JP en respaldo a las actividades de la agrupación.

Entre los asistentes destacaron el exalcalde Curisinche, Aldrin Zárate y el excandidato a diputado por el Partido Morado, Omar Ordóñez. Su presencia generó comentarios entre los asistentes debido a su trayectoria política en organizaciones distintas a Juntos por el Perú.

Tanto Aldrin Zárate como Curisinche señalaron que no forman parte de la militancia de Juntos por el Perú; sin embargo, precisaron que respaldan la lucha y las propuestas impulsadas por la organización política, motivo por el cual decidieron participar en la actividad de cierre de campaña.

El evento se desarrolló en medio de expresiones de apoyo de los asistentes, quienes acompañaron la jornada con arengas y actividades de difusión política en el centro de la ciudad.