La Contraloría advierte que la falta de financiamiento, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento de pagos figuran entre las principales causas. El Gobierno Regional de Junín registra 14 proyectos paralizados, entre ellos el Hospital Higa Arakaki, en Satipo.
Junín registra actualmente 90 obras paralizadas, de acuerdo con el reporte de la Contraloría General de la República. Entre las principales causas identificadas se encuentran la falta de recursos financieros y liquidez, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento del pago de valorizaciones.
El gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga, señaló que la mayor concentración de proyectos detenidos corresponde a los gobiernos locales. En total, 49 municipalidades distritales registran obras en condición de paralización.
Hospital Higa Arakaki lleva más de tres años detenido
El Gobierno Regional de Junín registra 14 obras paralizadas. Entre ellas se encuentra el Hospital Higa Arakaki, ubicado en la provincia de Satipo, cuya ejecución permanece detenida desde hace más de tres años.
El proyecto forma parte de una extensa lista de obras que, pese al tiempo transcurrido, no logran culminarse. La paralización genera preocupación debido a la necesidad de la población de contar con servicios de salud e infraestructura adecuados.
Centro de salud de Chongos Alto también permanece paralizado
Otro de los casos que ha llamado la atención de la Contraloría se encuentra en el distrito de Chongos Alto, donde un centro de salud lleva más de un año con la ejecución paralizada.
La situación se agravó luego de que el establecimiento que brindaba atención a los pobladores quedara inhabitable tras los sismos registrados el 18 de julio. El centro de salud atiende a población procedente de Huasicancha, Chicche y Chongos Alto.
La paralización de la obra representa un problema adicional para los habitantes de estas localidades, debido a la necesidad de contar con un establecimiento que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.
Contraloría realiza acciones para destrabar proyectos
Lizárraga explicó que la Contraloría viene revisando la documentación correspondiente a las obras paralizadas con el objetivo de identificar los problemas que impiden su continuidad.
Según indicó, durante el año pasado se contribuyó a reactivar dos obras, mientras que en lo que va de este año se han realizado cinco servicios de control preventivo orientados a identificar dificultades y contribuir al destrabe de proyectos.
El funcionario sostuvo que la paralización de obras no solo retrasa la atención de las necesidades de la población, sino que también debilita la institucionalidad y alimenta la percepción de que una obra inconclusa es sinónimo de corrupción.
Ante este escenario, consideró necesario que las autoridades asuman el reto de identificar oportunamente los problemas que afectan a cada proyecto, gestionar los recursos presupuestales necesarios y resolver las controversias con los contratistas.
El objetivo, señaló, debe ser evitar que obras de importancia para la población, como el Hospital Higa Arakaki, continúen acumulando años de retraso sin una solución que permita retomar y culminar su ejecución.
Las autoridades controlaron el último incendio en Cutivireni, pero aún evalúan las pérdidas agrícolas, ambientales y económicas. Además, advierten que la falta de lluvias podría generar nuevos focos de fuego.
Los incendios forestales afectaron más de 2,300 hectáreas y dañaron 25 viviendas en la región Junín, según el balance preliminar de la Subgerencia Regional de Defensa Civil. Aunque las autoridades controlaron las emergencias, las familias y los productores de las zonas afectadas todavía afrontan las consecuencias del fuego.
A estos daños se suman las pérdidas en terrenos agrícolas, cuya magnitud las autoridades del sector agrario aún deben evaluar y validar. Esta información permitirá precisar el impacto económico de los incendios y determinar las necesidades de atención de las poblaciones perjudicadas.
Controlan último incendio forestal en Cutivireni
Las brigadas de emergencia sofocaron el último incendio forestal reportado en el sector de Cutivireni, en la cuenca del río Tambo, con apoyo de las lluvias y la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ejército Peruano, el Cuerpo General de Bomberos y un helicóptero chileno equipado con un sistema helibalde.
Sin embargo, el control de las llamas no ha resuelto los problemas que enfrentan las familias afectadas. Los daños en viviendas, cultivos y áreas naturales mantienen vigente la necesidad de evaluar las pérdidas y atender a las personas perjudicadas.
Quema de pastizales origina la mayoría de los incendios
El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, advirtió que más del 90 % de los incendios forestales tendría origen humano. Entre las principales causas señaló la quema de pastizales después de las cosechas, una práctica que puede extender el fuego hacia áreas naturales, terrenos agrícolas y zonas habitadas.
Ante este riesgo, las autoridades necesitan reforzar las acciones de prevención y promover prácticas agrícolas seguras para evitar que las quemas se conviertan en emergencias de mayor magnitud.
Falta de lluvias podría generar nuevos incendios
Aunque Junín ya no registra incendios forestales activos, las autoridades alertaron que la falta de lluvias podría favorecer la aparición de nuevos focos de fuego.
Mientras tanto, los organismos competentes deben completar la evaluación de las pérdidas ambientales y económicas, así como precisar el impacto de los incendios en las viviendas, los cultivos y los medios de vida de las familias afectadas.
El balance preliminar evidencia la magnitud de los daños y la necesidad de mantener la vigilancia en las zonas vulnerables, prevenir las quemas sin control y fortalecer la respuesta ante posibles nuevas emergencias.
Comerciantes cuestionan el empadronamiento, advierten presuntas irregularidades en la asignación de puestos y exigen transparencia y diálogo para garantizar su reubicación temporal.
La modernización del Mercado Modelo de Chupaca ha generado un nuevo conflicto entre los comerciantes y la Municipalidad de Chupaca. Un grupo de feriantes realizó un plantón para expresar su rechazo al proceso de empadronamiento y cuestionar las condiciones previstas para su reubicación temporal, ante el temor de que decenas de vendedores queden excluidos sin una explicación clara de las autoridades.
Según los manifestantes, de aproximadamente 300 comerciantes que desarrollan sus actividades en el centro de abastos, solo 200 estarían considerados en el padrón municipal. Esta situación ha despertado preocupación entre los vendedores, muchos de los cuales aseguran llevar décadas trabajando en el mercado y temen perder sus espacios durante la ejecución del proyecto de modernización.
Comerciantes exigen información y transparencia
Entre los principales cuestionamientos figura la presunta falta de información sobre el financiamiento de la obra, el expediente técnico y las condiciones en las que funcionará el mercado de contingencia durante el periodo de construcción.
Janet Gómez cuestionó la falta de coordinación entre las autoridades municipales y los comerciantes, y solicitó que se informe con claridad cómo se están tomando las decisiones relacionadas con el traslado temporal de los vendedores.
Por su parte, Susan Camayo denunció presuntas irregularidades en la distribución de los puestos. Según manifestó, algunos espacios que inicialmente habrían sido destinados a la venta de frutas estarían siendo asignados a comerciantes de otros rubros. Asimismo, exigió que se transparenten los criterios empleados para elaborar el padrón municipal y determinar quiénes podrán acceder a los espacios de reubicación.
Advierten insuficiencia de puestos en el mercado temporal
A las observaciones se sumó Jaime Ordoñez, quien alertó sobre una posible diferencia entre la capacidad del mercado de contingencia y el número real de comerciantes que necesitan ser reubicados.
De acuerdo con su declaración, los 254 espacios contemplados para el mercado temporal serían insuficientes para atender la demanda de vendedores de las zonas interiores y exteriores del centro de abastos. También cuestionó las dimensiones de algunos puestos, que, según indicó, tendrían apenas dos metros de extensión.
Estas observaciones han intensificado la preocupación de los feriantes, quienes demandan conocer la distribución definitiva de los espacios y las condiciones en las que continuarán desarrollando sus actividades comerciales mientras se ejecuten los trabajos.
Piden mesa de diálogo con el alcalde
Los comerciantes precisaron que sus reclamos no buscan impedir la construcción de una nueva infraestructura, sino garantizar que el proceso de modernización se desarrolle con transparencia, participación y condiciones adecuadas para todos los vendedores.
En ese sentido, solicitaron a la Municipalidad de Chupaca que explique los criterios de empadronamiento, aclare las observaciones sobre la asignación de puestos y garantice alternativas de reubicación para los comerciantes que actualmente trabajan en el mercado. Asimismo, pidieron la instalación de una mesa de diálogo con el alcalde para abordar sus demandas y evitar que el traslado afecte sus fuentes de ingresos.
El conflicto plantea un desafío para la gestión municipal: avanzar con la modernización del Mercado Modelo de Chupaca sin dejar de lado las demandas de los comerciantes. La transparencia en el padrón, la información oportuna y la búsqueda de acuerdos serán aspectos clave para reducir las tensiones y asegurar que el proyecto responda tanto a las necesidades de infraestructura como a la continuidad de las actividades económicas de los vendedores.
El expediente técnico debe entregarse el 29 de octubre y aprobarse el 1 de noviembre. La definición de estos plazos será clave para avanzar hacia la ejecución de una obra que contempla más de 500 cámaras de seguridad, patrulleros y puestos de auxilio.
El proyecto de seguridad ciudadana de Huancayo afronta una semana decisiva para definir su avance hacia la etapa de ejecución. El expediente técnico debe ser entregado el próximo 29 de octubre y aprobado el 1 de noviembre, fechas determinantes para evitar nuevas demoras en una de las principales demandas de la población.
El gerente municipal de Huancayo, Jhoselim Meza, informó que los terrenos destinados a la instalación de los puestos de auxilio y la central de vigilancia ya están garantizados. En ese contexto, precisó que la aprobación del expediente técnico constituye el siguiente paso fundamental para continuar con el desarrollo de la iniciativa.
La ejecución del proyecto está a cargo del Gobierno Regional de Junín, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. De acuerdo con lo informado por Meza, se aprobaron tres adendas con el objetivo de garantizar el financiamiento de la infraestructura y el equipamiento contemplado en la propuesta.
Entre los principales componentes figuran más de 500 cámaras de seguridad, patrulleros, puestos de auxilio y una central de vigilancia, infraestructura que busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a los problemas de inseguridad ciudadana en Huancayo.
Plazos bajo presión por el cambio de gestión
El plazo establecido para el 1 de noviembre adquiere especial relevancia debido a la proximidad del cierre de las actuales gestiones regional y municipal. En ese escenario, el cumplimiento del cronograma será determinante para establecer si el proyecto logra avanzar oportunamente hacia su ejecución.
Aunque la disponibilidad de los terrenos y las adendas aprobadas representan avances para la iniciativa, la entrega y aprobación del expediente técnico siguen siendo hitos pendientes que marcarán el rumbo del proyecto.
La población espera que esta inversión se concrete y contribuya a mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad. Por ahora, el cumplimiento de las fechas previstas será clave para determinar si la obra continúa avanzando o enfrenta nuevas postergaciones antes del cambio de gestión.