La designación y el cese de un gerente de Asesoría Jurídica en apenas cuatro días reavivan las dudas sobre la estabilidad del equipo de confianza de la gestión municipal, a solo tres meses de concluir su periodo.

Un nombramiento que duró cuatro días

La gestión de Julio César Llallico al frente de la Municipalidad Distrital de El Tambo vuelve a situarse en el centro de la atención pública. Apenas 13 días después de su retorno a la alcaldía, la administración registra nuevos movimientos en cargos de confianza, esta vez en áreas estratégicas de la comuna.

El caso más reciente ocurre en la Gerencia de Asesoría Jurídica. El 18 de septiembre, tres días después del retorno de Llallico, Yerson Alberto Azambuja asumió dicho cargo mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 418. Sin embargo, solo cuatro días después, el 22 de septiembre, la municipalidad dio por concluida su designación.

Reubicaciones en cadena y una justificación oficial

En su reemplazo, la municipalidad encargó la Gerencia de Asesoría Jurídica a Yosely Asto Huaroc, quien hasta ese momento ejercía como gerente de Desarrollo Social. Ese último cargo pasó a manos de la subgerente de Programas Sociales.

Consultado sobre estos cambios, el gerente municipal, Huber Paredes, sostiene que responden al cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar los puestos. No obstante, la sucesión de modificaciones en áreas sensibles vuelve a poner bajo cuestionamiento la estabilidad del equipo de funcionarios de confianza de la gestión Llallico.

Cierre de gestión y una interrogante abierta

Desde la municipalidad aseguran que estos movimientos no afectan la continuidad de los trámites ni de la gestión documentaria. Sin embargo, a la actual administración le quedan solo tres meses antes de concluir su periodo, por lo que la estabilidad de sus funcionarios resulta clave para afrontar el cierre de gestión y preparar una adecuada transferencia municipal.

El nuevo escenario deja abierta una interrogante política y administrativa: ¿logrará la gestión de Llallico mantener un equipo estable durante sus últimos meses o continuarán los cambios en puestos estratégicos de la municipalidad?

La consejera regional con licencia y candidata al Gobierno Regional de Junín cuestionó el proceso que impulsa el Consejo Regional por una presunta omisión de funciones y afirmó que detrás de las acciones existiría un interés político.

La consejera regional con licencia y candidata al Gobierno Regional de Junín, Kelly Flores, cuestionó el proceso que impulsa el Consejo Regional en su contra por una presunta omisión de funciones. La candidata afirmó que las acciones tendrían un trasfondo político en el contexto de la campaña electoral.

Flores señaló que ya tomó medidas legales contra el procedimiento y presentó una denuncia por presunto abuso de autoridad. Según explicó, la comisión de ética que interviene en el caso se habría conformado sin respetar el debido proceso.

También sostuvo que la asesoría legal del Gobierno Regional y un informe de la Contraloría, según su versión, no advirtieron ninguna vulneración relacionada con la licencia que solicitó y obtuvo.

Flores defiende la legalidad de su licencia

La consejera recordó que anteriormente presentaron otros pedidos de suspensión en su contra. Según afirmó, el Consejo Regional archivó esos casos por falta de sustento.

Sobre su actual licencia, Flores explicó que el Consejo Regional aprobó el permiso mediante un acuerdo y que la entidad comunicó la decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Posteriormente, el organismo electoral convocó a un accesitario para asumir sus funciones durante el periodo correspondiente.

La candidata también rechazó los cuestionamientos por sus inasistencias. Aseguró que el Consejo Regional le concedió licencia hasta el 4 de octubre y sostuvo que debe retornar al cargo el 5 de octubre.

Asimismo, indicó que la asesoría legal del Gobierno Regional concluyó, según su versión, que no existía infracción porque el pleno del Consejo Regional aprobó la licencia mediante un acuerdo colegiado.

Cuestiona prioridades del Consejo Regional

Flores cuestionó que el Consejo Regional concentre su atención en su situación mientras, según afirmó, mantiene pendientes otros asuntos de fiscalización en la región.

Entre ellos mencionó la contaminación en Pariahuanca, proyectos paralizados y observaciones que la Contraloría formuló a distintas entidades de Junín.

En ese contexto, Flores sostuvo que algunos sectores utilizarían el pedido de una eventual vacancia y las acciones disciplinarias en su contra con fines políticos durante la campaña electoral. Sin embargo, evitó identificar directamente a los responsables y anunció que continuará con las acciones legales que inició.

Flores anuncia que continuará con su labor fiscalizadora

La consejera afirmó que retomará su labor de fiscalización cuando regrese al Consejo Regional y sostuvo que no permitirá que, según sus palabras, intenten “callar” su trabajo durante el cierre de la actual gestión.

Finalmente, Flores informó que presentó documentación ante el Colegio de Periodistas de Junín por cuestionamientos relacionados con la cobertura de algunos hechos. Además, pidió que la institución evalúe la actuación de los periodistas involucrados.

Las afirmaciones sobre el procedimiento, la licencia y las actuaciones de las instituciones mencionadas corresponden a la versión de Kelly Flores. La situación deberá contrastarse con los documentos oficiales y las declaraciones de las autoridades y funcionarios involucrados.

Félix Bernardo Ronald volvió a ocupar la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de El Tambo pese a que la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo.

Félix Bernardo Ronald volvió a ocupar el cargo de subgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, pese a que el Ministerio Público lo investiga por presuntos delitos vinculados a un caso de corrupción.

El gerente municipal Huber Paredes dispuso su reposición mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 429.

La Fiscalía Anticorrupción inició las diligencias el pasado 25 de julio, luego de intervenir la municipalidad tras detener a Marco Chanco Córdova. El Ministerio Público investiga a Chanco por el presunto cobro de una coima de S/ 2.000 a una trabajadora municipal.

Según la investigación fiscal, los testimonios que recogió posteriormente la Fiscalía habrían vinculado al entonces subgerente de Recursos Humanos con el presunto cobro. De acuerdo con esta versión, Félix Bernardo Ronald habría ordenado solicitar el dinero a cambio de favorecer el archivamiento de un procedimiento administrativo sancionador.

Fiscalía indaga presuntas coordinaciones

La Fiscalía también investiga presuntas coordinaciones relacionadas con la tercerización de la evaluación legal de procedimientos administrativos.

Según la información que maneja el Ministerio Público, la municipalidad otorgó este servicio a Jesús Taquia De la Cruz. La investigación señala que Taquia habría coordinado con Jersy Bernardo Cairo, primo de Félix Bernardo, y con Jean Marco Chanco Córdova.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que ambos habrían trabajado en un estudio jurídico privado vinculado al entonces subgerente de Recursos Humanos. Estos elementos forman parte de las diligencias fiscales y no determinan, por sí solos, responsabilidad penal.

Gerente municipal defiende reposición

Pese a que la Fiscalía mantiene abierta la investigación contra Félix Bernardo por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo, el gerente municipal Huber Paredes decidió restituirlo en el cargo.

Paredes justificó la decisión al señalar que el funcionario no tiene una sentencia condenatoria. Además, afirmó que conversó con Bernardo antes de restituirle la confianza y devolverlo a sus funciones.

El gerente municipal también informó que ordenó revisar los procedimientos administrativos comprendidos en la investigación fiscal y que su despacho supervisará directamente estos procesos.

La reposición de Félix Bernardo vuelve a poner bajo escrutinio las decisiones de la gestión municipal de El Tambo respecto a funcionarios que afrontan investigaciones fiscales. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades que correspondan.