La presencia de un Jeep Wrangler vinculado al entorno político de Batalla Perú en una actividad proselitista de Podemos Perú continúa generando cuestionamientos. Esta vez, Dania María Vila Poma, directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, se pronunció sobre el uso del vehículo que su pareja, Arturo Montes Villazana, alcalde electo de San Luis de Shuaro, incluyó en su declaración patrimonial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

VEHÍCULO APARECIÓ EN CARAVANA POLÍTICA

La funcionaria respondió a las consultas luego de que Fernando Orihuela Rojas apareciera el pasado 7 de noviembre en Jauja a bordo del Jeep, de placa BNA-542, durante una caravana política en la que también participó Franco Vidal, alcalde de Ate.

Al ser consultada sobre quién autorizó el uso del vehículo en una actividad de Podemos Perú, Vila Poma evitó precisar las circunstancias y trasladó la responsabilidad de las explicaciones a su pareja, a quien identificó como propietario de la unidad.

«El señor Arturo puede dar declaraciones al respecto porque él es el propietario del vehículo», sostuvo.

VILA POMA DESCONOCE LAS CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

La directora regional señaló que Montes Villazana posiblemente alquiló o prestó el Jeep, aunque reconoció que desconoce las condiciones del acuerdo y los motivos que llevaron a utilizarlo en la actividad política.

«Él tendrá que explicar por qué motivo y bajo qué circunstancia», manifestó.

Por su parte, Vila Poma negó haber gestionado el préstamo del vehículo o intervenido en alguna acción que pudiera comprometerla frente a las normas que regulan la conducta de los funcionarios públicos durante los procesos electorales. Además, aseguró que mantiene su neutralidad política y respeta las restricciones que establece la administración pública para quienes ejercen cargos estatales.

VÍNCULOS POLÍTICOS GENERAN NUEVOS CUESTIONAMIENTOS

No obstante, sus declaraciones dejan pendientes varias interrogantes sobre la participación de un vehículo que figura en el patrimonio de un alcalde electo de Batalla Perú en una actividad proselitista de Podemos Perú.

El caso también pone bajo escrutinio los vínculos personales y políticos entre los involucrados, especialmente ante los cuestionamientos públicos por los acercamientos de Arnoldo Mallma con figuras de esa misma organización política.

Hasta el momento, Arturo Montes Villazana debe aclarar quién autorizó el uso del Jeep Wrangler, si lo alquiló o prestó y bajo qué condiciones permitió que la unidad participara en la caravana de Podemos Perú. Mientras tanto, Vila Poma mantiene su deslinde y atribuye a su pareja la responsabilidad de explicar los hechos.

Nancy Baquerizo reportó dos mensajes extorsivos después de denunciar presuntas irregularidades en la contratación de personal del centro de salud La Libertad. La funcionaria presentó el caso ante el Ministerio Público y los órganos de control.

La directora de la Red de Salud Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, denunció que recibió amenazas durante las últimas semanas, luego de alertar sobre presuntas irregularidades en la contratación de personal del centro de salud La Libertad.

Según declaró la funcionaria, recibió dos mensajes extorsivos que podrían estar relacionados con las decisiones que tomó tras detectar posibles actos de corrupción en el proceso de contratación de trabajadores.

Baquerizo señaló a dos trabajadores como presuntos involucrados en estas irregularidades: un servidor nombrado y un funcionario administrativo. Frente a esta situación, dispuso retirar de la institución al trabajador contratado. Sin embargo, no detalló públicamente qué responsabilidades atribuye a cada uno de los señalados.

La directora también trasladó la denuncia por presuntos actos de corrupción al Ministerio Público y a los órganos de control, para que investiguen los hechos e identifiquen a los posibles responsables.

Paralelamente, acudió ante las autoridades para denunciar los mensajes extorsivos y solicitar garantías que resguarden su integridad.

Baquerizo considera que las amenazas podrían responder a las medidas que adoptó tras detectar las presuntas irregularidades. Sin embargo, las autoridades deberán determinar si existe una conexión entre ambos hechos.

La denuncia vuelve a poner bajo escrutinio los procesos de contratación de la Red de Salud Valle del Mantaro. Las investigaciones deberán esclarecer la presunta venta de plazas, determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan y establecer el origen de las amenazas contra la directora.

Tras las protestas y reclamos de las organizaciones sociales, el área de Abastecimiento de la municipalidad entregó el contrato a las representantes de las ollas comunes, en medio de las gestiones para garantizar la continuidad del abastecimiento de alimentos destinados a las poblaciones vulnerables.

Al respecto, el gerente municipal, Jhoselim Meza, informó que la empresa proveedora tendrá un plazo máximo de diez días calendario para trasladar los productos a los almacenes municipales. Una vez concluido este proceso, se elaborará un cronograma para distribuir los alimentos entre los comités de ollas comunes y comedores populares.

Asimismo, el funcionario aseguró que los productos corresponden a las remesas comprendidas entre mayo y diciembre y que la entrega se realizará de manera completa, con el objetivo de atender a las madres organizadas y a las personas beneficiarias de estos programas sociales.

No obstante, el anuncio de la municipalidad no pone fin a los cuestionamientos sobre el retraso en el cumplimiento de esta obligación. Las organizaciones sociales tuvieron que recurrir nuevamente a las medidas de protesta para exigir la entrega de alimentos que resultan fundamentales para el funcionamiento de las ollas comunes y comedores populares.

Mientras se espera que se concrete el traslado y posterior distribución de los productos, cientos de familias vulnerables continúan dependiendo de la organización y esfuerzo de las madres de las ollas comunes, quienes afrontan la incertidumbre por la falta de abastecimiento oportuno.

La atención ahora está puesta en el cumplimiento de los plazos anunciados por la municipalidad y en que los alimentos lleguen efectivamente a las organizaciones beneficiarias.