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Condenados por peculado, violencia, difamación y omisión de alimentos postulan al Congreso en Junín.

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CULPABLES: Diez candidatos de la región Junín fueron sentenciados difamación, peculado, violencia y otros

Las hojas de vida de los candidatos al Congreso continúan revelando antecedentes relevantes en la región Junín. De acuerdo con registros judiciales, 11 aspirantes —entre candidatos a diputados y senadores— cuentan con sentencias penales, por delitos que incluyen difamación, lesiones, peculado, usurpación, conducción en estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar, secuestro y rebelión.

Aunque varias de estas condenas figuran como suspendidas o con fallos en reserva, los antecedentes forman parte del historial público de los postulantes.

Difamación: el delito más frecuente

La difamación es el delito que se repite con mayor frecuencia entre los candidatos sentenciados.

Marcelina Cuba de la Cruz, conocida como Lina Cuba y candidata a diputada por Podemos Perú, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión por difamación, con pena suspendida.

Delito: Difamación
Expediente: 04008-2015
Pena: 1 año y 8 meses – Suspendida

César Augusto Cuestas Meneses, candidato por Fuerza Popular, recibió una sentencia por el mismo delito en 2010, cuando se desempeñaba como regidor de Huancayo. La condena figura como cumplida.

César Augusto Cuestas Meneses – Diputado, Junín
Delito: Difamación
Expediente: 01913-2010-0-1501-JRP-06

Desde Avanza País, Miguel Ángel Ferreyra Sánchez, aspirante al Senado, registra un proceso por difamación con reserva de fallo, además de una sentencia por falsedad, con dos años de pena suspendida.

Miguel Ángel Ferreyra Sánchez – Senador, Junín
Delito: Difamación
Expediente: 0347-2010
Estado: Reserva de fallo
Delito: Falsedad
Expediente: 18899-2002
Pena: 2 años – Suspendida

Omisión de asistencia familiar y otros delitos graves

Uno de los casos más notorios es el de Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, candidato al Senado por el partido Obras. Registra una sentencia por omisión a la asistencia familiar, con 11 meses de pena suspendida, y un antecedente previo por rebelión y secuestro, por el que fue condenado a nueve años de prisión efectiva en 2005.

Delito: Omisión a la asistencia familiar
Expediente: 484-2023
Pena: 11 meses – Suspendida
Delitos: Rebelión y secuestro
Expediente: 20-2005
Pena: 9 años – Efectiva

También figura Fernando Isidoro Contreras Marcos, candidato a diputado por el FREPAP, con una sentencia de pena privativa de libertad efectiva por incumplimiento de obligación alimentaria.

Delito: Incumplimiento de obligación alimentaria Expediente: 1994-0212-0-1506-JR-PE-02
Pena: Privativa de libertad – Efectiva

Delitos contra la integridad y la seguridad pública

En Alianza Para el Progreso, Luis Armando Orihuela Lazo fue sentenciado por exposición de persona a peligro, con tres años de pena suspendida,

Delito: Exposición de persona a peligro
Expediente: 609-2010
Pena: 3 años – Suspendida

Mientras que Raquel Beatriz Blancas Veli registra un proceso por lesiones leves, en reserva.

Delito: Lesiones leves
Expediente: 4478-2013
Estado: Reserva

Por el APRA, Marcelo Martín Hurtado Castañeda cuenta con una sentencia por lesiones graves, con pena suspendida.

Delito: Lesiones graves
Expediente: 371-2001
Pena: Suspendida – Reserva

En el FREPAP, Wilber Arzubialde Caviedes fue sentenciado por conducción en estado de ebriedad, con un año de pena suspendida.

Delito: Conducción en estado de ebriedad
Expediente: 00774-2017
Pena: 1 año – Suspendida

Delitos contra el Estado y la propiedad

En Perú Primero, José Luis Chenet Díaz fue sentenciado por peculado por extensión, con pena suspendida.

Delito: Peculado por extensión
Expediente: 00875-2004-0-2402-JR-PE-03
Pena: Suspendida

Finalmente, Raúl José Zavala Ochoa, candidato por el Partido de los Trabajadores, registra una sentencia por usurpación, con prisión condicional suspendida.

DELITO:USURPACION
PENA:PRISION CONDICIONAL

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Polémica en IREN Centro dirección advierte sanciones por declaraciones no autorizadas

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Polémica en IREN Centro dirección advierte sanciones por declaraciones no autorizadas

La dirección del IREN Centro desató una nueva controversia tras emitir una disposición interna que advierte posibles sanciones contra trabajadores que brinden información institucional a medios de comunicación sin autorización previa.

El documento, firmado por el director Pablo Rodríguez, señala que la institución podría iniciar procesos administrativos e incluso acciones legales contra quienes difundan información considerada falsa o no autorizada sobre la situación del establecimiento de salud.

La medida provocó cuestionamientos entre trabajadores y distintos sectores, que interpretaron la disposición como un intento de limitar la libertad de expresión del personal respecto a las condiciones del nosocomio. Frente a ello, la dirección del instituto negó esa interpretación y afirmó que busca evitar la circulación de información inexacta que pueda alarmar a pacientes oncológicos y a sus familias.

Rodríguez sostuvo que la institución centralizará los pronunciamientos oficiales para garantizar que la información difundida esté verificada y no genere confusión sobre el funcionamiento del centro especializado.

La polémica surge en medio de reclamos relacionados con el estado de equipos médicos y el abastecimiento de medicamentos. Días atrás, el cuerpo médico pidió explicaciones a la dirección sobre la recuperación de equipos de diagnóstico por imágenes y otros implementos considerados esenciales para la atención de pacientes.

Las críticas también llegaron desde el ámbito gremial. El Colegio Médico de Junín cuestionó la actual gestión y solicitó la salida del director, al considerar que existe una pérdida de confianza y gobernabilidad dentro de la institución. Rodríguez rechazó los señalamientos y defendió su administración.

Mientras continúan los cuestionamientos, la recuperación de la capacidad operativa del IREN Centro se mantiene como uno de los principales temas de debate. En ese contexto, la institución anunció una inversión superior a los 90 millones de soles mediante Obras por Impuestos para fortalecer la infraestructura y los servicios del establecimiento especializado.

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Llallico reaparece con discurso religioso y tilda de “traidor” y “Judas” a Iván Olivera

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Llallico reaparece con discurso religioso y tilda de “traidor” y “Judas” a Iván Olivera

El exalcalde Julio César Llallico reapareció públicamente tras su vacancia, protagonizando un encendido discurso con referencias religiosas y fuertes cuestionamientos contra su exaliado político Iván Olivera, a quien calificó de “traidor” y “Judas”.

Durante una reunión con simpatizantes, Llallico aseguró que fue víctima de una traición dentro de su propio entorno político, señalando que personas que antes lo acompañaban ahora buscan ocupar la alcaldía.

El exautoridad municipal utilizó reiteradas referencias bíblicas para referirse a la crisis política que atraviesa tras su salida del cargo, afirmando que “la traición viene de quienes uno menos espera”.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política luego de que se concretara su vacancia, proceso que ha generado divisiones entre exintegrantes de su gestión y nuevos reacomodos dentro del escenario municipal.

Hasta el momento, Iván Olivera no ha emitido un pronunciamiento público respecto a las acusaciones formuladas por Llallico.

La reaparición del exalcalde marca además el inicio de una nueva etapa de confrontación política en la localidad, en medio de versiones sobre posibles aspiraciones electorales de algunos exfuncionarios y exaliados de su gestión.

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A días del cambio de gestión aceleran contrataciones y modifican 22 presupuestos en una sola jornada

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A días del cambio de gestión aceleran contrataciones y modifican 22 presupuestos en una sola jornada

En medio del proceso de transición política en la Municipalidad Distrital de El Tambo, tras la vacancia de Julio César Llálllico Colca, una serie de decisiones administrativas adoptadas en corto tiempo ha generado cuestionamientos en el Concejo Municipal. En apenas una jornada, se aprobaron contrataciones, procesos abreviados y 22 modificaciones presupuestales, lo que ha motivado observaciones por parte de algunos regidores.

Según documentación municipal, la mayor parte de estas acciones se concentró el 19 de mayo, fecha posterior a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que oficializó la salida de Llálllico. Ese día, la Gerencia de Administración Financiera dio luz verde a expedientes vinculados a distintos procesos de contratación, entre ellos una subasta inversa electrónica y tres concursos públicos abreviados.

De forma paralela, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto aprobó 22 ampliaciones presupuestales destinadas a diversos proyectos municipales. La magnitud y concentración de estas modificaciones en una sola fecha ha llamado la atención, debido a que este tipo de ajustes suelen realizarse de manera progresiva dentro de la gestión pública.

Regidores piden revisión y alertan posibles irregularidades

El primer regidor Iván Medina, quien asumirá la conducción municipal tras la salida de Llálllico, ya había advertido previamente sobre contrataciones y procedimientos impulsados en los últimos días de la gestión saliente. Según indicó, varios de estos actos deberán ser revisados una vez concretado el cambio de administración.

A estas observaciones se sumó el regidor José García Terrazos, quien alertó sobre movimientos inusuales dentro de la comuna. Señaló, además, que personal de áreas administrativas habría permanecido laborando hasta aproximadamente las 10 de la noche, hecho que consideró llamativo por la naturaleza de las oficinas involucradas.

El concejal sostuvo que estas dependencias manejan documentación presupuestal y administrativa sensible, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito con el fin de resguardar el acervo documentario y garantizar la transparencia durante el proceso de transferencia.

Mientras el distrito se prepara para el cambio de mando, las decisiones administrativas adoptadas en los últimos días de gestión abren un nuevo frente de atención política en la comuna tambina, en un contexto marcado por la vigilancia del proceso de transición.

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