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Damnificados siguen en carpas y reconstrucción no avanza: Contraloría pone bajo la lupa a municipios

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A casi dos meses del sismo que golpeó el sur del Valle del Mantaro, más de 30 auditores de la Contraloría General de la República recorrerán las zonas afectadas para verificar cómo las autoridades atendieron a las familias damnificadas, qué servicios básicos lograron recuperar y qué avances registran los proyectos de reconstrucción.

El operativo alcanzará a las municipalidades provinciales de Huancayo y Chupaca, además de las 10 municipalidades distritales declaradas en emergencia tras el movimiento telúrico del pasado 18 de julio.

Los equipos de control recopilarán información sobre la atención que brindaron las autoridades a las familias afectadas, la recuperación de los servicios básicos y los proyectos de rehabilitación y reconstrucción que iniciaron hasta este miércoles 9 de septiembre.

Contraloría ya detectó retrasos en Chongos Bajo

La fiscalización responde a deficiencias que la propia Contraloría detectó durante anteriores acciones de control. En Chongos Bajo, uno de los distritos más golpeados por el sismo, los funcionarios municipales demoraron el registro de afectados y damnificados en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

El órgano de control también encontró problemas en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria destinada a las familias damnificadas.

El cambio del responsable de Defensa Civil agravó las demoras. Tras asumir el nuevo funcionario, la municipalidad solicitó nuevas claves para ingresar al SINPAD, pero la habilitación no llegó oportunamente. Esta situación retrasó el registro de las familias afectadas.

Registro incompleto podría complicar la reconstrucción

La demora no constituye el único problema. La Contraloría también encontró vacíos en la información que las autoridades registraron en el sistema.

En algunos casos, los funcionarios no precisaron cómo ocupaban las familias sus viviendas, qué nivel de daño sufrió cada inmueble ni las direcciones exactas de los damnificados.

Estos vacíos pueden complicar la siguiente etapa del proceso, porque las autoridades necesitan información precisa para identificar a los beneficiarios, priorizar intervenciones y planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Familias todavía permanecen en carpas

Mientras las autoridades avanzan con las acciones de respuesta, algunas familias damnificadas continúan viviendo en condiciones precarias. En distintos sectores, los afectados todavía permanecen en carpas y espacios provisionales, mientras enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos adecuados.

El proceso de reconstrucción, además, acumula más de un mes de retraso, según las observaciones recogidas hasta el momento. Esta demora mantiene la incertidumbre entre las familias que esperan recuperar sus viviendas y contar nuevamente con servicios esenciales.

Contraloría emitirá 20 informes

Durante el operativo, la Contraloría verificará qué medidas adoptaron las autoridades, qué acciones mantienen pendientes y qué obstáculos continúan afectando la respuesta a la emergencia.

Al finalizar la intervención, los auditores elaborarán 20 informes de control. Estos documentos podrán señalar las situaciones encontradas, recomendar medidas correctivas y, cuando corresponda, establecer responsabilidades dentro de las competencias del órgano de control.

Con esta fiscalización, la Contraloría busca que las autoridades corrijan las deficiencias detectadas y aceleren la atención de las familias afectadas por el sismo, casi dos meses después de la emergencia.

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