Policial
Escándalo en Huancayo: Capturan a policía municipal acusado de cobrar cupos a comerciantes ambulantes
La intervención pone al descubierto una presunta red de extorsión en las calles de la ciudad. Mientras la Municipalidad Provincial de Huancayo habla de un «hecho aislado», los comerciantes aseguran que los cobros ilegales son una práctica común para poder trabajar.
La delgada línea entre el ordenamiento vial y la corrupción se rompió nuevamente en Huancayo. La detención de un efectivo de la Policía Municipal, implicado en presuntos cobros indebidos a comerciantes informales, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos sobre el control interno en la comuna provincial.
La modalidad del cobro
Según las primeras investigaciones, el agente municipal no actuaba solo. La denuncia señala que utilizaba a un tercero (intermediario) para recolectar el dinero, una estrategia común para intentar evadir la justicia. Este esquema podría configurar delitos graves como coacción y cohecho pasivo, dependiendo del avance de las diligencias en la comisaría local.
¿Caso aislado o sistema corrupto?
Desde la Gerencia de Promoción Económica, las autoridades han rechazado tajantemente estos actos, calificando cualquier cobro por el uso de la vía pública como ilegal. Sin embargo, la voz de la calle cuenta otra historia.
Varios comerciantes consultados bajo anonimato coinciden en que los pagos informales son el «peaje» necesario para evitar los decomisos y trabajar sin ser hostigados. Para muchos, no se trata de un mal elemento, sino de una práctica extendida que ha sido ignorada sistemáticamente por las sucesivas gestiones.
Vulnerabilidad y abuso
El caso expone la precariedad del sector informal. Los ambulantes, en su afán por asegurar el sustento diario, se convierten en blancos fáciles para malos funcionarios que transforman la fiscalización en una herramienta de extorsión.
El reto de la Municipalidad
Con el efectivo detenido y bajo investigación policial, la Municipalidad Provincial de Huancayo tiene ahora la presión de demostrar que no existe complicidad institucional. La ciudadanía y los gremios de comerciantes esperan una purga real:
- Sanciones ejemplares para los involucrados.
- Transparencia en los procesos de fiscalización.
- Canales de denuncia seguros para evitar represalias contra los vendedores.
