La muerte de Nilda Rojas Salgado, asistenta fiscal de 34 años que trabajó por más de cinco años en la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo, generó preocupación y reclamos de sus familiares, quienes exigen que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y cuestionan la demora en la realización de la necropsia de ley.
Rojas Salgado se sometió el martes 11 de agosto a una intervención quirúrgica por una afección en la vesícula en el hospital EsSalud de Jauja. Según el testimonio de sus familiares, durante la operación sufrió un paro cardiaco, por lo que el personal médico la evacuó de emergencia hacia Huancayo.
Posteriormente, el hospital Ramiro Prialé recibió a la paciente, donde —de acuerdo con la versión de sus deudos— presentó nuevos paros cardiacos. Finalmente, la asistenta fiscal falleció después de las 4 de la tarde del miércoles 12 de agosto.
Sin embargo, a tres días de su deceso, los familiares aseguran que aún no reciben información clara sobre lo ocurrido durante su atención médica.
El personal trasladó el cuerpo a la morgue judicial de Hualhuas para la realización de la necropsia de ley. No obstante, hasta este viernes 14 de agosto, las autoridades no ejecutaron el procedimiento, lo que incrementó el malestar de los deudos.
Los familiares cuestionaron la demora y denunciaron un cruce de responsabilidades entre la Fiscalía y la Seincri de El Tambo, mientras las instituciones esperaban la documentación médica correspondiente a la atención brindada en Jauja y Huancayo.
Ante esta situación, los deudos se movilizaron hasta la sede de la Fiscalía en El Tambo con pancartas y mensajes de protesta. Ellos exigieron que las autoridades agilicen las diligencias y determinen, mediante una investigación, qué ocurrió con Nilda Rojas y si existió alguna responsabilidad en su atención médica.
Tras el reclamo, la Gerencia de la Red Asistencial de Jauja informó que inició una investigación por un presunto caso de negligencia médica. Además, la institución aseguró que entregará la historia clínica de la paciente y colaborará con las diligencias fiscales.
La familia espera ahora los resultados de la necropsia y de las investigaciones para conocer las causas exactas del fallecimiento. Los deudos sostienen que, si las autoridades determinan alguna responsabilidad, el caso debe sancionarse conforme a ley.