Política
Fiscalía amplía investigación contra tres funcionarios de Huancayo por ataque a trabajadores municipales
El Ministerio Público busca determinar las responsabilidades por el operativo de liberación del pasaje Las Casuarinas, que dejó trabajadores heridos. Además, amplió a once el número de agraviados y fijó ocho meses para la investigación preparatoria.
La fiscal Patricia Pessoa Porras amplió la investigación contra tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo por los presuntos delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y exposición al peligro, tras el ataque con fuego contra trabajadores municipales durante el operativo de liberación del pasaje Las Casuarinas.
La disposición fiscal incluye a César Ramos, gerente de Seguridad Ciudadana; Gustavo Quispe Meza, jefe de Operaciones; y Efraín Remuzgo Romero, ejecutor coactivo. El Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias en las que los funcionarios organizaron y ejecutaron la intervención, así como determinar si incurrieron en omisiones.
Según los testimonios de los trabajadores municipales, los responsables no habrían comunicado previamente la intervención al personal ni elaborado un plan operativo para su ejecución. La Fiscalía deberá contrastar estas versiones con los documentos y las declaraciones que recabe durante las diligencias.
Por su parte, el gerente municipal, Jhoselim Meza, informó que solicitó al ejecutor coactivo los documentos que sustenten el procedimiento. También indicó que remitirá los actuados al Ministerio Público para que los fiscales evalúen la intervención.
La Fiscalía deberá recibir las declaraciones de los tres funcionarios y examinar la información que presenten para establecer si sus decisiones o acciones contribuyeron a poner en riesgo a los trabajadores municipales.
Fiscalía agrava imputación y amplía número de agraviados
En paralelo, el Ministerio Público modificó la calificación jurídica del caso de Craig Albert Enrique Escalante: pasó de investigarlo por homicidio simple a atribuirle presuntamente homicidio calificado en grado de tentativa.
Asimismo, la Fiscalía elevó de nueve a once el número de trabajadores agraviados y declaró compleja la investigación. Para la etapa preparatoria, estableció un plazo de ocho meses.
Durante este periodo, los fiscales deberán recabar testimonios, revisar documentos y esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido durante la liberación del pasaje Las Casuarinas. Las diligencias también permitirán determinar si los funcionarios municipales incurrieron en alguna responsabilidad penal por la planificación o ejecución del operativo.
La investigación continúa en curso. Por ello, el Ministerio Público deberá sustentar las imputaciones con los elementos de convicción que reúna, mientras se mantiene la presunción de inocencia de las personas investigadas.
