Denuncias por mortandad de truchas generan movilizaciones y cuestionamientos a la gestión ambiental
A pocos días de la movilización masiva anunciada por pobladores de la cuenca del río Yurayacu, en el distrito de Pariahuanca (Junín), una nueva controversia rodea el caso de la presunta contaminación del afluente. Funcionarios del Gobierno Regional de Junín afirmaron que actores políticos estarían aprovechando las denuncias y protestas; sin embargo, durante una conferencia de prensa no mostraron evidencia que respalde esa acusación.
Antecedentes del caso
La muerte de más de ocho toneladas de truchas en la zona motivó la intervención de diversas instituciones y el inicio de investigaciones para determinar las causas del incidente.
Las primeras pericias policiales habrían detectado indicios de cianuro en las muestras analizadas. En contraste, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) Mantaro informó que los parámetros evaluados se encontraban dentro de los rangos permitidos y descartó, hasta el momento, una contaminación comprobada del recurso hídrico.
Estas conclusiones contradictorias aumentaron la incertidumbre entre los habitantes de la cuenca, quienes aseguran que la situación afecta el uso cotidiano del agua y limita la comercialización de sus productos.
Funcionarios plantean una politización sin sustento público
Durante una conferencia de prensa, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Vladimir Yáñez, afirmó que sectores externos estarían politizando las demandas de los comuneros en un contexto marcado por la cercanía de futuros procesos electorales.
No obstante, cuando los periodistas le solicitaron nombres, documentos o evidencias que respaldaran esa afirmación, el funcionario no presentó pruebas concretas.
La directora regional de Energía y Minas coincidió inicialmente con la posición de Yáñez. Más tarde aclaró que respaldaba únicamente las declaraciones del gerente regional y reconoció la legitimidad de las preocupaciones expresadas por la población afectada.
Inspecciones detectan irregularidades en actividades mineras
Durante la misma presentación, el Gobierno Regional informó los resultados de las inspecciones realizadas en la parte alta de la microcuenca del río Yurayacu.
Los equipos técnicos identificaron 17 registros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Gobierno Regional solicitará la exclusión definitiva de ocho registros por encontrarse inoperativos o sin actividad productiva comprobada. Además, seis registros continúan operando con observaciones técnicas y dos plantas de molienda permanecen paralizadas.
Comunidades mantienen protesta
Pese a estos hallazgos, los dirigentes comunales ratificaron la movilización convocada para los próximos días, en la que participarían más de una decena de comunidades.
Los representantes comunales sostienen que aún persisten dudas sobre las causas reales de la mortandad de peces y exigen información concluyente sobre la calidad del agua, así como una evaluación integral de los posibles impactos económicos, ambientales y sanitarios.
El foco se traslada a las declaraciones oficiales
Mientras las investigaciones continúan, las declaraciones de los funcionarios regionales han abierto un nuevo frente de debate. Aunque las autoridades sugieren que intereses políticos impulsan parte de las protestas, hasta ahora no han presentado evidencia verificable que sustente públicamente esa acusación
