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Hasta ocho años de cárcel por alterar el padrón electoral: Fiscalía vigilará los “votos golondrinos”

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A menos de 48 horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Fiscalía intensificará la vigilancia para detectar posibles delitos durante la jornada electoral. Entre ellos figura el llamado “voto golondrino”, que puede recibir una pena de hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía de Prevención del Delito estará atenta a distintas situaciones que puedan afectar las elecciones. Entre ellas figuran la alteración del orden público, la suplantación de electores y otras acciones que vulneren la libertad del voto.

Pero hay una práctica que tendrá especial atención: el “voto golondrino”.

Esta modalidad consiste en cambiar o inducir a otros a cambiar su domicilio electoral hacia una circunscripción donde no viven habitualmente. La finalidad sería alterar el resultado de una elección o beneficiar a una candidatura.

El Código Penal contempla penas de dos a ocho años de prisión para esta conducta.

Reniec detectó casi 39 mil cambios irregulares

El tema ya generó alertas durante la preparación del padrón electoral. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizó verificaciones domiciliarias y detectó cambios considerados irregulares.

Tras ese proceso, Reniec restituyó a 38 819 ciudadanos a su último domicilio válido para efectos del padrón electoral.

La medida busca evitar que los cambios irregulares de domicilio modifiquen la composición del electorado en una determinada circunscripción.

También vigilarán la propaganda y la ley seca

La Fiscalía recordó que durante las elecciones también deberán cumplirse otras restricciones. Una de ellas es la ley seca.

Las organizaciones políticas, además, tendrán que respetar las reglas sobre propaganda electoral. Esto incluye las restricciones para colocar o mantener publicidad en determinados espacios.

La Fiscalía permanecerá atenta durante la jornada y actuará ante posibles delitos dentro de sus competencias.

El objetivo es que las elecciones se desarrollen con normalidad y que ninguna práctica ilegal altere la decisión de los ciudadanos en las urnas.

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