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Huancayo: Limpieza pública sigue subsidiada al 50% tras dos años de la salida de Diestra

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Pese a que el cambio de administración prometía ahorro, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) aún no logra la sostenibilidad financiera. Falta de infraestructura y colapso de Tiranapampa complican el panorama.

A dos años de que la Municipalidad Provincial de Huancayo asumiera directamente el servicio de limpieza pública, las cifras contradicen las expectativas iniciales. Lo que se presentó como una solución para optimizar recursos tras la salida de la empresa Diestra, hoy se mantiene como una carga pesada para las arcas municipales.

El costo de la «autonomía»

El gerente municipal, Jhoselim Meza, admitió recientemente que la comuna huancaína debe destinar recursos significativos para parchar el déficit del servicio. Actualmente, la municipalidad cubre hasta el 50% del costo operativo, lo que evidencia que el sistema sigue lejos de ser autosostenible.

Desde la gestión se argumenta que la prioridad ha sido la mejora operativa. Como prueba de ello, destacan la adquisición de 11 compactadoras que recorren actualmente el distrito. Sin embargo, el equipamiento no ha sido suficiente para frenar el gasto público.

Brechas estructurales y personal en el olvido

El problema no es solo de maquinaria. La administración directa ha desnudado serias deficiencias logísticas:

  • Sin Patio de Maestranza: La falta de un espacio adecuado para el mantenimiento de las unidades afecta la eficiencia.
  • Condiciones Laborales: El personal de limpieza sigue operando sin las condiciones estructurales óptimas para el desempeño de sus labores.

Tiranapampa: Una bomba de tiempo

A la crisis financiera se suma la ambiental. La planta de tratamiento de Tiranapampa ya alcanzó el 100% de su capacidad operativa. Aunque la municipalidad implementó una nueva celda de confinamiento de emergencia, la ampliación real de la infraestructura sigue en la lista de promesas pendientes.

El Dato: La salida de Diestra se justificó bajo la premisa de un ahorro que, tras 24 meses, no se refleja en las cuentas de la provincia, dejando abierta la interrogante sobre la eficiencia de la gestión pública en servicios básicos.

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