Política
Investigan más de 20 casos de “silencio administrativo” en la Gerencia de Tránsito
La Comisión de Tránsito del Concejo Municipal otorgó un plazo de 10 días a la gerencia del sector para que rinda cuentas sobre expedientes de nuevas rutas que no fueron respondidos a tiempo.
La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) se encuentra bajo la lupa por presuntas irregularidades administrativas. El regidor Elio Laureano informó que la Comisión de Tránsito y Transportes ha dado un plazo de aproximadamente una semana y media a la Gerencia de Tránsito para que presente un informe detallado sobre más de 20 silencios administrativos detectados en trámites de autorizaciones para nuevas rutas de transporte público.
Expedientes en el «olvido»
Lo que inicialmente se reportó como un grupo reducido de 4 o 5 casos, ha escalado a una cifra que supera la veintena. Según Laureano, existen expedientes que permanecen sin respuesta desde el mes de septiembre, una demora que ha encendido las alarmas en el concejo municipal.
«Hemos pedido que nos informen uno por uno en qué estado se encuentran estos casos y qué responsabilidades existen. No puede ser que haya expedientes sin atender durante tanto tiempo», enfatizó el regidor.
Funcionarios bajo la lupa
La aplicación del silencio administrativo —que permite que un trámite se dé por aprobado ante la falta de respuesta de la entidad— no exime de culpa a los responsables. En ese sentido, la Comisión ha solicitado identificar qué funcionarios permitieron que se vencieran los plazos legales.
Ante la gravedad de los hechos, la Gerencia Municipal ya derivó la documentación al Órgano de Control Institucional (OCI) y a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para iniciar las investigaciones correspondientes.
Transparencia en la mira
El regidor Laureano adelantó que la próxima sesión de la comisión, donde se evaluará el informe de la Gerencia de Tránsito, debería ser pública. «Queremos llegar hasta las últimas consecuencias», sentenció, asegurando que el objetivo es garantizar la transparencia y evitar que se favorezcan intereses particulares mediante la omisión de funciones.