A solo un año y medio de su entrega, la millonaria infraestructura presenta fallas estructurales y un sistema eléctrico «provisional» que colapsó. El Gobierno Regional de Junín está en el ojo de la tormenta.

La modernidad fue solo un espejismo. La comunidad educativa de la I.E. Mariscal Castilla enfrenta una situación crítica que pone en jaque el año escolar 2026. Lo que debía ser un modelo de infraestructura educativa en la región, hoy es un edificio inoperante debido a negligencias administrativas y deficiencias técnicas.

El detonante: Un colegio a oscuras y seco

La empresa Electrocentro procedió al corte total del suministro eléctrico en el complejo. ¿La razón? El plantel funcionaba con una conexión provisional desde el año pasado.

Según el subdirector de la institución, el Gobierno Regional de Junín nunca cumplió con la instalación del sistema eléctrico definitivo tras finalizar la obra. Las consecuencias son inmediatas:

• Paralización administrativa: Trámites y gestiones escolares detenidos.
• Desabastecimiento de agua: Sin energía, las bombas que distribuyen el agua potable no funcionan.
• Riesgo educativo: La falta de servicios básicos amenaza directamente el retorno de miles de estudiantes en las próximas semanas.

Infraestructura «nueva» con problemas viejos

Lo más alarmante es que el corte de luz ha destapado una caja de Pandora sobre el estado real del colegio, que tiene apenas 18 meses de uso y ni siquiera ha sido inaugurado oficialmente:

1. Filtraciones: Humedad detectada en diversos pabellones.
2. Deterioro prematuro: Materiales que ya muestran desgaste excesivo.
3. Vicios ocultos: Deficiencias técnicas que representan un peligro latente para los alumnos.

«Es inaceptable que una obra con menos de dos años ya presente este nivel de abandono institucional», señalaron representantes de la comunidad educativa.

La dirección del plantel ha confirmado que presentará un informe detallado de todas las fallas ante las autoridades regionales. La exigencia es clara: intervención inmediata y soluciones definitivas antes de que suene el primer timbre del 2026.

De no mediar una respuesta del Gobierno Regional, la «crisis de infraestructura» del Mariscal Castilla podría escalar a medidas de fuerza por parte de los padres de familia.

Cuatro megaproyectos de salud y bienestar social en Pangoa y Chupaca están en la mira. La región busca evitar arbitrajes de hasta 6 años tomando el control financiero de los proyectos.

El panorama: Obras que no terminan

Cuatro proyectos de alto impacto social en la región Junín se han convertido en monumentos a la espera. Estas obras, ejecutadas por consorcios de capital chino y heredadas de gestiones pasadas, enfrentan un laberinto de retrasos, controversias técnicas y presupuestos inflados que parecen no tener fin.

¿Por qué no avanzan las obras?

Según el gerente regional, Roy Gonzales, las empresas contratistas han utilizado diversas estrategias legales y contractuales que han frenado el progreso físico:

• Controversias técnicas: Disputas sobre la ejecución del expediente.
• Arbitrajes: Procesos legales que bloquean la continuidad.
• Adicionales de obra: Solicitudes constantes de mayor presupuesto.

«Resolver los contratos no es la salida inmediata, ya que un proceso arbitral podría congelar las obras por más de seis años», señalan desde la gestión regional.

La estrategia: Intervención Económica

Ante la falta de resultados tras haber pagado valorizaciones pendientes y destrabado expedientes, el Gobierno Regional de Junín ha decidido aplicar la intervención económica.

¿Qué significa esto para el proyecto?

1. Control compartido: El Estado participa directamente en el manejo de la caja y los pagos.
2. Garantía de ejecución: El dinero se destina exclusivamente a la compra de materiales y pago de mano de obra para asegurar el avance.
3. Sin romper el contrato: Se mantiene el vínculo con la empresa china para evitar que la obra se detenga totalmente por un pleito judicial.

Proyectos críticos en la lista

La prioridad se centra en infraestructuras de salud en Pangoa y Chupaca, zonas donde la población sigue esperando servicios básicos dignos mientras las estructuras de cemento permanecen inconclusas.

Un cierre incierto para la población

Mientras la burocracia y las empresas ejecutoras miden fuerzas en los despachos, los ciudadanos de Junín son los principales afectados. La intervención económica se presenta como la última carta de la región para entregar los hospitales y centros sociales prometidos hace años.

La primera jornada de la protesta de 48 horas evidenció que el motor de la movilización reside en el aparato estatal. Mercados y transporte operaron con normalidad en Huancayo.

El contraste de la jornada

Lo que se anunció como un contundente «grito regional» terminó siendo, en su primer día, una movilización focalizada. Mientras los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo y del Gobierno Regional (GORE) marchaban por las calles, el sector privado y la ciudadanía de a pie mantuvieron el ritmo cotidiano.

Puntos clave de la movilización:

• Actividad comercial: Los principales mercados y negocios del centro abrieron sus puertas desde temprano.
• Transporte: El servicio urbano no sufrió interrupciones significativas, garantizando la movilidad.
• Protagonistas: La marcha estuvo integrada mayoritariamente por servidores públicos y funcionarios de confianza.

¿Protesta social o institucional?

La presencia de altos mandos regionales en las calles generó cuestionamientos sobre la naturaleza del paro. El Gerente de Infraestructura del GORE, por ejemplo, fue visto en las filas de la protesta, alegando que su participación era a «título personal», a pesar de ser pieza clave en las negociaciones técnicas con el Ejecutivo.

«Esta escena dejó en evidencia una protesta impulsada desde el propio aparato estatal, dirigiendo sus reclamos hacia el Gobierno Central por la falta de presupuesto para la Nueva Carretera Central.»

El factor político: Zósimo Cárdenas en Lima

Mientras en Huancayo se sentía la presión en las calles, el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, se encontraba en la capital. Su agenda se centró en:

1. Gestión de presupuesto: Asegurar los fondos para las obras estratégicas de la región.
2. Coordinación política: Reuniones con el Ejecutivo en un clima de incertidumbre tras la reciente censura presidencial.

¿Qué pasará en el segundo día?

Aunque dirigentes de la CGTP han reafirmado su compromiso y advierten que se mantendrán vigilantes ante el nuevo mandatario, el reto para la segunda jornada es claro: conectar con el ciudadano común.

El paro regional ha servido, por ahora, más como una herramienta de presión institucional que como un estallido social. La gran interrogante para mañana es si la «protesta de oficina» logrará finalmente sumar a los gremios y sectores que hoy prefirieron seguir trabajando