Ley «Pro Crimen» frena golpe a red «Los Tecnológicos del Mantaro» en Huancayo

La reciente desarticulación de esta organización criminal en Junín revela las graves consecuencias de la Ley 32130. La Fiscalía advierte que el recorte en los plazos de escuchas telefónicas impidió identificar a más implicados.

La lucha contra el crimen organizado en el centro del país ha sufrido un revés estratégico. El caso de la red “Los Tecnológicos del Mantaro”, dedicada presuntamente a la receptación y adulteración de equipos tecnológicos en Huancayo, se ha convertido en la evidencia más reciente de cómo las denominadas “leyes pro crimen” obstaculizan la labor de la justicia.

El impacto de la Ley 32130 en la investigación

Pese a que la investigación fiscal se extendió por 24 meses, la entrada en vigencia de la Ley 32130 cambió las reglas de juego a mitad del proceso. La fiscal a cargo del caso, Teresita Maraví, denunció que esta norma recortó drásticamente el plazo permitido para las interceptaciones telefónicas, reduciéndolo a solo 60 días.

«Esta restricción debilitó una herramienta clave. De no haberse impuesto este límite, el operativo habría tenido un mayor alcance: más stands intervenidos y más implicados plenamente identificados», advirtió la magistrada.

Mil escuchas bajo análisis

A pesar de las limitaciones legales, el equipo fiscal logró un hito importante:

• Recopilación de pruebas: Se obtuvieron más de mil escuchas telefónicas antes de que el plazo expirara.
• Siguiente paso: Este material será analizado minuciosamente durante el periodo de prisión preventiva.
• Objetivo: Reforzar la acusación fiscal para asegurar sentencias condenatorias contra los integrantes de la red.

Un sistema que favorece al delincuente

El caso de «Los Tecnológicos del Mantaro» reabre el debate nacional sobre el paquete de leyes aprobado por el Congreso, cuestionadas por diversos sectores jurídicos. En la práctica, como se evidencia en Huancayo, la reducción de tiempos para la inteligencia y el seguimiento no solo acorta los procesos, sino que limita directamente los resultados operativos, permitiendo que parte de las estructuras criminales queden impunes.

Mientras la Fiscalía intenta avanzar con las manos atadas por la normativa actual, la ciudadanía de Huancayo observa cómo la persecución del delito se vuelve una carrera de obstáculos legales.