Un informe del Minem destapa presuntas interferencias en supervisión minera realizada en Pariahuanca

Informe del Minem revela presuntas amenazas, retención de funcionarios e intentos de alterar una supervisión vinculada al proceso de formalización minera.

La actividad minera en Pariahuanca vuelve al centro de la controversia tras la difusión de un informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que documenta una serie de incidentes ocurridos durante una fiscalización realizada en enero de este año. La abogada ambientalista Galaxia Solís Dávila presentó el documento y advirtió sobre presuntas presiones contra los funcionarios encargados de supervisar operaciones relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Durante una conferencia de prensa convocada por dirigentes comunales, Solís expuso el contenido del reporte elaborado por la Dirección General de Formalización Minera. Según el documento, diversas acciones habrían interferido con el trabajo de los inspectores y comprometido el desarrollo normal de la diligencia.

El informe señala que, al concluir la supervisión y emprender el retorno hacia Huancayo, la comitiva fue interceptada por personas presuntamente vinculadas a la actividad minera. Los involucrados habrían impedido el desplazamiento de los fiscalizadores y los sometieron a actos de intimidación.

Asimismo, el reporte registra amenazas contra el personal técnico, la pérdida de equipos utilizados durante la inspección y la destrucción de documentación generada durante la diligencia. Además, los presuntos responsables habrían obligado a los funcionarios a regresar a determinados puntos de la zona intervenida para realizar nuevas verificaciones y consignar información distinta a la obtenida inicialmente.

Cuestionan la transparencia de la fiscalización

Para la defensa legal de los comuneros, estos hechos evidenciarían un intento de modificar los resultados de la fiscalización para hacerlos coincidir con la información presentada dentro del proceso de formalización minera.

Solís afirmó que lo ocurrido afecta la transparencia de las inspecciones estatales y pone en duda las condiciones en las que el Estado supervisa actividades extractivas en territorios marcados por conflictos sociales y ambientales.

Relacionan el caso con denuncias ambientales

La abogada también vinculó este antecedente con las denuncias formuladas meses después por pobladores de Pariahuanca, quienes reportaron la mortandad de truchas en el río Yurajyacu y alertaron sobre posibles impactos en el ecosistema local.

A su juicio, ambos casos reflejan una problemática ambiental más amplia que exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Recuerdan sanción de la ANA

Durante la conferencia, los dirigentes comunales también recordaron la sanción que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) impuso a Takana Energy S.A.C. por ejecutar obras dentro del cauce del río Yuracyacu sin autorización.

Según la resolución citada, la empresa construyó infraestructura dentro del área de influencia del afluente, motivo por el cual la entidad le aplicó una multa administrativa.

Comunidades anuncian movilización

Ante este panorama, las comunidades de Pariahuanca exigieron que las instituciones del Estado esclarezcan los hechos denunciados y adopten medidas para proteger las fuentes de agua de la zona.

Además, anunciaron una movilización para el próximo 18 de junio con el objetivo de exigir acciones concretas frente a los conflictos ambientales que afectan al distrito y reclamar la protección del Área de Conservación Regional Huaytapallana.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre el inicio de investigaciones relacionadas con los hechos descritos en el informe de fiscalización.