Más de 50 transportistas de la empresa Grand Group se movilizaron contra la municipalidad, dejando al descubierto un enredo legal de medidas cautelares y duplicidad de razones sociales.

La mañana de este lunes 6, las calles de Huancayo se convirtieron en el escenario de un nuevo conflicto social. Conductores y propietarios de la empresa Grand Group protestaron frente a la municipalidad, denunciando presuntas irregularidades administrativas que les impiden operar formalmente en la ruta San Jerónimo – Chilca.

¿Rutas sin autorización?

El reclamo no solo es laboral, sino que pone bajo la lupa la transparencia de la gestión edil. Según los manifestantes, la empresa cuenta con medidas cautelares que les permitirían circular por el corredor Catalina Huanca. Sin embargo, la propia normativa municipal señala que dicha vía no está habilitada para su operación.

«Necesitamos seguir trabajando, no pueden seguir cerrándonos las puertas», exclamó uno de los transportistas, exigiendo una solución inmediata para evitar la paralización de sus unidades.

La respuesta oficial: Un laberinto legal

Por su parte, el gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe, intentó poner paños fríos a la situación, aunque sus declaraciones sembraron más dudas. El funcionario aclaró que las resoluciones judiciales no ordenan la entrega de permisos, sino que solo suspenden decisiones administrativas previas.

Este vacío legal genera una contradicción crítica: si la justicia no ha otorgado el permiso de ruta, ¿por qué la empresa ya utiliza una vía no autorizada?

Duplicidad y falta de fiscalización

La controversia escala al revelarse un desorden administrativo interno. Existen dos razones sociales operando bajo nombres casi idénticos: Gran Group S.A. y Grand Group S.R.L. Esta duplicidad, admitida por la gerencia, ha entorpecido los trámites y plantea serios cuestionamientos sobre cómo la comuna evalúa y fiscaliza las solicitudes.

Pese a que la autoridad municipal reconoció la necesidad de una intervención más firme por parte de la Dirección de Transporte, las acciones hasta ahora parecen insuficientes.

Luego de dos días de movilizaciones, la gestión de Gustavo Llanovarced reconoció la falta de insumos críticos como gasas y agujas. Atribuyen la crisis a factores externos, pero el personal médico señala fallas de gestión.

La presión en las calles surtió efecto. Tras 48 horas de protestas ininterrumpidas por parte del personal asistencial, el director del Hospital Daniel Alcides Carrión, Gustavo Llanovarced, admitió públicamente que el área de Emergencias atravesó un grave periodo de desabastecimiento de insumos básicos.

Un hospital sin insumos básicos

La denuncia, que llevó a los médicos a movilizarse hasta la sede del Gobierno Regional de Junín, revelaba una realidad alarmante: la falta de guantes, gasas, agujas y materiales esenciales para exámenes de laboratorio. Durante el conflicto, los profesionales de salud advirtieron que la atención en áreas críticas estaba en riesgo, obligando a una respuesta inmediata de las autoridades.

Las razones del desabastecimiento

Pese a que el hospital cuenta con presupuesto asignado, Llanovarced justificó la escasez alegando factores ajenos a su administración inmediata:

• Contexto Internacional: El alza de precios y conflictos externos que afectan la cadena de suministros.
• Burocracia Centralizada: Limitaciones en el sistema de compras y la dependencia de procesos externos para la adquisición de fármacos.

Sin embargo, para el personal médico, estas explicaciones llegan tarde. Critican que la dirección recién haya tomado cartas en el asunto cuando el problema escaló a una protesta pública, evidenciando una capacidad de respuesta reactiva y no preventiva.

Promesas de solución

Tras una reunión de conciliación con el cuerpo médico, el director aseguró que el flujo de suministros se está normalizando progresivamente. Según la gestión, se espera que el stock de insumos supere el 90% de abastecimiento en las próximas semanas.

Por ahora, el Hospital Carrión queda bajo la lupa de la ciudadanía. El episodio ha dejado al descubierto que, más allá de los factores globales, la gestión hospitalaria en Junín enfrenta grietas estructurales que solo parecen resanarse bajo la presión de las movilizaciones.

Una nueva auditoría revela que el Gobierno Regional de Junín pagó por equipamiento médico que nunca llegó a los almacenes ni a las salas del nosocomio. Funcionarios habrían autorizado pagos sin sustento técnico.

El nuevo Hospital El Carmen de Huancayo suma un nuevo y sombrío capítulo a su historial de irregularidades. El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 007 de la Contraloría General de la República ha revelado un perjuicio económico que supera los 15 millones de soles, destinados a la compra de equipos médicos que, literalmente, no existen.

Pagos por «aire»

Según el documento, que abarca el periodo entre 2014 y 2020, funcionarios del Gobierno Regional de Junín (GRJ) dieron luz verde al pago de cinco valorizaciones por equipamiento. Sin embargo, la auditoría confirmó que dichos implementos jamás fueron entregados por el contratista ni recibidos físicamente por la entidad.

El gerente regional de control, Víctor Lizárraga, señaló que los pagos se ejecutaron ignorando las condiciones básicas del contrato: la obra no estaba terminada, requisito indispensable para la instalación y recepción de los equipos. Pese a esta evidencia, el dinero salió de las arcas públicas con el aval de las áreas de supervisión.

Cadena de responsabilidades

La Contraloría no solo apunta a un desorden administrativo, sino a un presunto esquema de corrupción. El informe identifica responsabilidad penal en exfuncionarios clave de:

• Gerencia Regional de Infraestructura.
• Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

Estas autoridades habrían omitido sus funciones de fiscalización, permitiendo que el contratista cobrara millonarias sumas por bienes que nunca llegaron a su destino, afectando directamente la salud pública de miles de ciudadanos que esperan la conclusión del hospital.

Acciones legales

El caso ya se encuentra en manos de la Procuraduría Anticorrupción, que iniciará las acciones legales contra los implicados. Mientras tanto, el esqueleto del Hospital El Carmen permanece como un monumento a la impunidad, dejando una pregunta abierta: ¿Dónde están los 15 millones de soles y quiénes más se beneficiaron de este «hospital fantasma»?