La muerte de cinco civiles en Huancavelica ya no es solo una cifra en un parte oficial. Entre denuncias de coacción a sobrevivientes y la aplicación de protocolos internacionales, la justicia busca determinar si lo ocurrido fue un operativo legítimo o una ejecución extrajudicial.

Detrás del polvo de los caminos de Tayacaja y el silencio de las montañas de Huancavelica, una verdad intenta abrirse paso. Lo que el pasado 12 de abril se reportó como una intervención militar contra el rastro del ilícito, hoy ha escalado a las esferas más altas de la justicia especializada. La Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín ha tomado las riendas del caso, transformando una investigación penal común en un expediente sobre la vida, la dignidad y el posible uso excesivo de la fuerza del Estado.

Más que un operativo: Historias truncadas

La noticia de que la Fiscalía Supraprovincial asumiera el caso no es un trámite burocrático; es un reconocimiento de que algo no encaja. Al inicio, la narrativa oficial intentó encasillar a las víctimas bajo la sospecha. Sin embargo, el traslado del caso desde la fiscalía local de Tayacaja sugiere que los indicios de vulneraciones graves son lo suficientemente sólidos como para hablar, potencialmente, de ejecuciones extrajudiciales.

Para las familias de los cinco fallecidos, este giro representa una luz de esperanza frente al estigma. Ya no se trata solo de «limpiar nombres», sino de entender por qué ciudadanos civiles terminaron muertos en un operativo que, por ley, debía proteger la vida por encima de todo.

El peso de la coacción: «¿Me obligaron a mentir?»

El punto más crítico de esta historia humanística recae en los hombros de un sobreviviente. Ha surgido una denuncia alarmante: presunta coacción. Según se investiga, este testigo clave habría sido presionado para declarar que transportaba sustancias ilícitas, una confesión que habría servido como el «escudo legal» perfecto para justificar los disparos militares.

Si se confirma que la narrativa oficial fue construida bajo amenazas, el caso Colcabamba pasaría de ser un error operativo a un crimen de estado diseñado para el encubrimiento.

La ciencia frente a la sospecha: El Protocolo de Minnesota

En el lugar de los hechos, en Campo Armiño, el ambiente es tenso. Fiscales especializados recorren la zona buscando cámaras de videovigilancia y registros de tránsito que no puedan ser borrados. Pero la prueba reina vendrá de la medicina forense: se ha ordenado aplicar el Protocolo de Minnesota.

Este estándar internacional es el que se usa cuando existe la sospecha de que el Estado ha causado una muerte ilícita. No busca solo la causa de muerte, sino el cómo y el por qué: ¿A qué distancia se disparó? ¿Hubo intención de matar? ¿Fue una respuesta proporcional o un ataque directo?

La búsqueda de justicia

Para el abogado de las víctimas, Anthony Crespo, la independencia de esta nueva etapa fiscal es vital. En un país donde las heridas de los conflictos internos aún supuran, casos como el de Colcabamba ponen a prueba la salud de nuestra democracia.

Lo que está en juego en los despachos de la Fiscalía de Derechos Humanos no son solo documentos, sino la respuesta a una pregunta que retumba en las alturas de Huancavelica: ¿Valía esa intervención la vida de cinco peruanos?

La investigación avanza, y mientras los peritos analizan cada casquillo y cada imagen, la sociedad civil permanece vigilante. Porque la justicia que tarda, y que se intenta desviar con presiones, no es justicia.