El antiguo local municipal de Chilca, ubicado en la avenida Huancavelica, ya presentaba una condición de alto riesgo antes de los recientes movimientos telúricos. A pesar de ello, la comuna mantuvo allí la atención al público y las labores administrativas. La aparición de nuevas fisuras estructurales ahora obliga a acelerar el traslado de trabajadores y restringir el acceso al inmueble.
Los recientes movimientos telúricos volvieron a poner bajo cuestionamiento la decisión de la Municipalidad Distrital de Chilca de mantener operativo su antiguo local municipal, pese a que una gestión anterior ya había identificado el inmueble como una infraestructura de alto riesgo.
El edificio, ubicado en la avenida Huancavelica, albergaba a trabajadores municipales y recibía diariamente a vecinos que acudían para realizar pagos, trámites y otras gestiones. Pese a las advertencias sobre su estado, la municipalidad mantuvo allí sus actividades.
El gerente municipal de Chilca, Robert Crisóstomo, reconoció que una gestión anterior había declarado el local en situación de riesgo. Según explicó, la comuna optó entonces por realizar trabajos de apuntalamiento para mantener operativa la infraestructura.
Sin embargo, los recientes movimientos telúricos provocaron nuevas fisuras horizontales y grietas que la municipalidad considera estructurales. Ante este escenario, la comuna ahora restringirá el ingreso al inmueble y acelerará el traslado de trabajadores y áreas administrativas.
LA MUNICIPALIDAD ACELERA EL TRASLADO
La comuna anunció el traslado de las gerencias de Administración Tributaria y Desarrollo Económico, dos áreas que mantienen contacto permanente con la ciudadanía.
Además, la municipalidad evalúa alquilar nuevos espacios para reubicar al personal mientras define el futuro del antiguo local.
Las nuevas grietas también reabren una interrogante sobre las decisiones adoptadas desde que las autoridades conocieron la condición de riesgo del edificio: ¿por qué la municipalidad mantuvo allí la atención a trabajadores y vecinos?
EL RIESGO YA HABÍA SIDO ADVERTIDO
El problema actual no se limita a los daños que pudieron ocasionar los recientes movimientos telúricos. La situación también obliga a revisar qué medidas adoptaron las distintas administraciones municipales desde que identificaron el riesgo de la infraestructura.
La actual gestión sostiene que los trabajos de apuntalamiento permitieron mantener las actividades en el inmueble. Sin embargo, las nuevas afectaciones llevaron a la municipalidad a restringir el ingreso y buscar espacios alternativos para sus trabajadores.
Ahora, la comuna deberá explicar qué evaluaciones técnicas realizó anteriormente, qué medidas de prevención aplicó y bajo qué condiciones permitió que el local continuara atendiendo al público.
UN NUEVO PALACIO MUNICIPAL
Como solución definitiva, la Municipalidad Distrital de Chilca proyecta construir un nuevo Palacio Municipal. El proyecto supera los S/23 millones y la comuna plantea ejecutarlo mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
La nueva sede ocuparía un terreno ubicado frente a la Beneficencia, detrás de la base de Serenazgo. Según la gestión municipal, el proyecto podría comenzar en las próximas semanas, una vez que las autoridades culminen las aprobaciones correspondientes.
Mientras tanto, el antiguo local continúa concentrando el problema inmediato de la administración municipal.
La municipalidad deberá trasladar a los trabajadores y restringir el ingreso de vecinos para reducir su exposición a una infraestructura que presenta nuevas afectaciones.
El caso también deja pendiente una pregunta de fondo: si una gestión anterior ya había identificado el inmueble como de alto riesgo, ¿por qué las autoridades mantuvieron durante este tiempo las actividades administrativas y la atención al público?
Los recientes movimientos telúricos pudieron agravar el estado del edificio, pero la municipalidad ya conocía su condición de vulnerabilidad. Ahora corresponde determinar si las medidas que adoptaron las sucesivas gestiones resultaron suficientes para proteger a los trabajadores y vecinos que utilizaron diariamente el local.
Las familias damnificadas siguen esperando una solución. Las autoridades advierten que los módulos no serían suficientes.
A un mes del sismo del 18 de julio, cientos de familias en Junín continúan sin una solución habitacional. Solo 48 de los 500 módulos de vivienda anunciados por el Ministerio de Vivienda han sido instalados, informó José Vásquez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional.
En los primeros siete distritos en emergencia se registraron 2,136 viviendas destruidas o inhabitables. Con la ampliación a 20 distritos, la cifra supera las 3,500 viviendas afectadas.
Vásquez advirtió que los 500 módulos no alcanzarían para cubrir la demanda. También señaló demoras en la validación de los padrones municipales. Este proceso define qué familias recibirán módulos y cuáles accederán al bono de alquiler de emergencia.
Hasta ahora, las intervenciones se concentran en Chongos Bajo y parte de Chupuro. Las familias siguen en condiciones precarias a la espera de ayuda.
Ante esta situación, el Gobierno Regional y los alcaldes acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda. Piden un cronograma claro para la entrega de módulos y las demás acciones pendientes.
Vásquez remarcó que las familias no pueden seguir en carpas. Advirtió que la temporada de lluvias podría agravar su situación.
Educación avanza, salud sigue pendiente
En Educación, ya llegaron 60 módulos tipo domo. Veinte fueron instalados semanas atrás. Los otros 40 llegaron recientemente.
Estos módulos permitirán continuar las clases en las zonas afectadas.
En Salud, la situación sigue sin solución. Dos centros de salud permanecen inoperativos. Requieren módulos para restablecer la atención.
A un mes del desastre, las autoridades regionales piden acelerar la respuesta del Gobierno central. Las familias siguen esperando una solución que les permita dejar las carpas y recuperar condiciones básicas de vida.
Padres de familia de la I.E.I. N.° 602 “Manchego Muñoz” realizaron un plantón frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo para exigir la entrega de la nueva infraestructura educativa, cuya obra física ya habría culminado.
La demora en la entrega del nuevo local mantiene a decenas de menores sin clases desde hace aproximadamente 15 días, situación que genera preocupación entre las familias de la institución educativa.
Como medida de protesta ante la falta de solución, los padres de familia anunciaron que este miércoles 19 de agosto realizarán clases en la vía pública, con el objetivo de exigir a las autoridades la pronta habilitación del nuevo jardín.
Según informó la Asociación de Padres de Familia (APAFA), la nueva infraestructura ya se encuentra acondicionada para recibir a los estudiantes e incluso la APAFA entregó el inventario del mobiliario. Sin embargo, las autoridades aún no concluyen algunos documentos y trámites administrativos que impiden la entrega oficial del local a la comunidad educativa.
La preocupación de los padres aumenta debido a que las autoridades declararon inhabitables las antiguas instalaciones de la institución, por lo que los menores no cuentan actualmente con un espacio adecuado y seguro para desarrollar sus actividades escolares.
Asimismo, las familias cuestionan la propuesta de alquilar un ambiente temporal por aproximadamente S/ 3 mil, monto que, según denuncian, tendrían que asumir los propios padres.
Ante esta situación, la UGEL Huancayo interviene para buscar una alternativa que permita solucionar el problema. Mientras tanto, los padres exigen a las autoridades que aceleren los procedimientos administrativos y garanticen el retorno de los niños a clases en condiciones seguras.
La protesta anunciada para este miércoles busca presionar a las autoridades para que entreguen la nueva infraestructura cuanto antes y restablezcan el servicio educativo para los menores.
El caso activó un protocolo de búsqueda inmediato y llevó a la apertura de una investigación administrativa para esclarecer cómo las menores abandonaron el establecimiento y si fallaron los mecanismos de control.
Dos adolescentes salieron sin autorización de un hogar de acogida y posteriormente las autoridades las ubicaron en la ciudad de Chanchamayo. El hecho activó de inmediato un protocolo de búsqueda y motivó una investigación para determinar las circunstancias en las que abandonaron el establecimiento.
El responsable del hogar informó que el equipo técnico comunicó el incidente el día anterior y notificó de inmediato a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público y al Juzgado de Familia de Pasco.
Durante las primeras horas de búsqueda, el personal del establecimiento contactó a personas cercanas a las adolescentes para recabar información sobre su paradero. Al promediar el mediodía, uno de los padres informó que su hija se había comunicado con él y que ambas menores se encontraban en Chanchamayo. El personal del hogar trasladó esta información a la Policía Nacional, que evalúa las acciones correspondientes debido a posibles implicancias penales.
Horas después, otro familiar confirmó que también recibió comunicación de la segunda adolescente. Sin embargo, hasta la mañana siguiente, el hogar continuaba a la espera del informe final de su equipo técnico sobre las circunstancias exactas en las que las menores salieron del establecimiento.
Dirección del hogar ordena revisión de controles y cámaras
La dirección del hogar dispuso el inicio inmediato de una investigación administrativa. El equipo responsable revisa las cámaras de seguridad, evalúa los mecanismos de control y monitoreo, y recoge las declaraciones del personal que tuvo a su cargo a las adolescentes.
Las autoridades buscan determinar cómo las menores lograron salir sin autorización y qué fallas en los controles permitieron su salida sin ser detectadas a tiempo.
El responsable del hogar afirmó que, si la investigación confirma negligencia o incumplimiento de funciones, la institución aplicará las sanciones correspondientes a los responsables.
Asimismo, la dirección aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones de la Policía Nacional y las autoridades competentes, dado que el caso podría pasar del ámbito administrativo al penal.
Las autoridades continúan las diligencias para establecer las circunstancias de la salida, identificar posibles responsabilidades y determinar si existieron deficiencias en los protocolos de seguridad y supervisión del hogar.
