Vecinos grabaron a dos empleados municipales en completo estado de ebriedad dentro de un camión compactador. El gerente municipal ya reportó el caso a la Policía.

La crisis del servicio de limpieza en El Tambo alcanzó un nivel alarmante. Esta vez, dos trabajadores municipales protagonizaron un vergonzoso episodio al presentarse a su jornada laboral en estado de ebriedad, exponiendo la integridad de los vecinos y la seguridad de las calles.

El video de la indignación

Las imágenes grabadas por los residentes no dejan lugar a dudas. En el video se observa a un trabajador prácticamente inconsciente dentro de la cabina del camión. Su compañero, con evidentes signos de intoxicación, apenas logra balbucear una explicación ante los reclamos de los ciudadanos que esperaban el paso del servicio.

Minutos antes de la grabación, varios testigos vieron a ambos hombres tambalearse mientras intentaban manipular la maquinaria pesada. Esta negligencia pudo terminar en tragedia, ya que operaban un vehículo de gran tonelaje bajo los efectos del alcohol.

Reacción de la Municipalidad

El gerente municipal, Huber Paredes Mallqui, confirmó que ya notificaron el hecho a la Policía Nacional. «Reportamos el caso ante el riesgo evidente de que personas ebrias operen un vehículo oficial», declaró el funcionario.

Sin embargo, este escándalo desnuda las graves falencias en el control interno de la Municipalidad de El Tambo. El incidente evidencia que la comuna:

• Omitió los controles de salida: Los trabajadores iniciaron su ruta sin que nadie supervisara su estado físico.
• Desuidó la vigilancia en ruta: No hubo monitoreo sobre el cumplimiento de los horarios ni las condiciones del personal.
• Arriesgó la seguridad pública: La falta de filtros permitió que maquinaria pesada circulara como una amenaza en las calles.

Una gestión bajo la lupa

Aunque la municipalidad asegura que espera el parte policial para iniciar el proceso sancionador, el daño a la confianza pública ya es un hecho. Este episodio profundiza la crisis de limpieza que el distrito arrastra desde hace meses.

Lo sucedido en El Tambo revela una permisividad inaceptable. La población, que paga por un servicio básico, recibe a cambio una gestión incapaz de garantizar responsabilidad mínima en sus operarios.

Ángel Zaid Palomino, a quien el Poder Judicial declaró inocente tras encarcelarlo nueve meses, señala directamente al presidente de la Junta de Fiscales, Ramón Vallejo Odría, y al fiscal anticorrupción Rodrigo Mera.

Una grave denuncia sacude nuevamente los cimientos del Ministerio Público en Junín. En esta ocasión, el exfiscal Ángel Zaid Palomino Sempertegui rompió el silencio tras obtener una sentencia absolutoria en segunda instancia. Concretamente, Palomino acusa a los fiscales Ramón Vallejo Odría y Rodrigo Mera Palomino de orquestar una persecución judicial «arbitraria e infundada» mediante el presunto abuso de autoridad.

Una investigación bajo sospecha

Todo empezó en 2020, cuando la Fiscalía abrió un proceso contra Palomino por una supuesta coordinación irregular con un perito. No obstante, el denunciante sostiene que los magistrados impulsaron la investigación sin pruebas sólidas. Como consecuencia, lograron que el sistema judicial dictara nueve meses de prisión preventiva, una medida que hoy el exfiscal califica como un exceso de poder institucional.

Por otro lado, el punto más crítico de la acusación apunta a la quiebra de la imparcialidad. Palomino sostiene que el fiscal a cargo del caso mantenía vínculos familiares con el denunciante original. A pesar de que este conflicto de interés obligaba al magistrado a apartarse, las instancias superiores ignoraron la advertencia y permitieron que el proceso continuara bajo una sombra de duda.

El desmoronamiento de la tesis fiscal

Posteriormente, durante el juicio oral, la tesis acusatoria se desplomó. Incluso, la propia Fiscalía Suprema Anticorrupción reconoció graves deficiencias probatorias y detectó elementos de convicción «inducidos». Debido a ello, la instancia suprema decidió no apelar la sentencia que confirmaba la inocencia de Palomino.

¿Persecución sistemática?

Sin embargo, pese al fallo judicial firme, el exfiscal advierte que las acciones en su contra no se detienen. De hecho, denuncia que el Ministerio Público intenta reactivar investigaciones basadas en los mismos hechos, lo que violaría el principio constitucional que impide procesar a una persona dos veces por la misma causa.

En definitiva, el caso de Palomino abre un interrogante mayor: «¿Qué tan sólidos son los mecanismos de control interno?». Esta denuncia no solo afecta a los involucrados, sino que además erosiona la confianza ciudadana en la transparencia de la justicia en Junín.

Más de 50 transportistas de la empresa Grand Group se movilizaron contra la municipalidad, dejando al descubierto un enredo legal de medidas cautelares y duplicidad de razones sociales.

La mañana de este lunes 6, las calles de Huancayo se convirtieron en el escenario de un nuevo conflicto social. Conductores y propietarios de la empresa Grand Group protestaron frente a la municipalidad, denunciando presuntas irregularidades administrativas que les impiden operar formalmente en la ruta San Jerónimo – Chilca.

¿Rutas sin autorización?

El reclamo no solo es laboral, sino que pone bajo la lupa la transparencia de la gestión edil. Según los manifestantes, la empresa cuenta con medidas cautelares que les permitirían circular por el corredor Catalina Huanca. Sin embargo, la propia normativa municipal señala que dicha vía no está habilitada para su operación.

«Necesitamos seguir trabajando, no pueden seguir cerrándonos las puertas», exclamó uno de los transportistas, exigiendo una solución inmediata para evitar la paralización de sus unidades.

La respuesta oficial: Un laberinto legal

Por su parte, el gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe, intentó poner paños fríos a la situación, aunque sus declaraciones sembraron más dudas. El funcionario aclaró que las resoluciones judiciales no ordenan la entrega de permisos, sino que solo suspenden decisiones administrativas previas.

Este vacío legal genera una contradicción crítica: si la justicia no ha otorgado el permiso de ruta, ¿por qué la empresa ya utiliza una vía no autorizada?

Duplicidad y falta de fiscalización

La controversia escala al revelarse un desorden administrativo interno. Existen dos razones sociales operando bajo nombres casi idénticos: Gran Group S.A. y Grand Group S.R.L. Esta duplicidad, admitida por la gerencia, ha entorpecido los trámites y plantea serios cuestionamientos sobre cómo la comuna evalúa y fiscaliza las solicitudes.

Pese a que la autoridad municipal reconoció la necesidad de una intervención más firme por parte de la Dirección de Transporte, las acciones hasta ahora parecen insuficientes.