El hoy candidato al Senado por Alianza para el Progreso, Christian Enrique Velita Espinoza, presenta cuestionamientos por decisiones cuando era gerente del Gobierno Regional de Pasco en 2017.
De acuerdo con un informe de la Contraloría, Velita aprobó una serie de ampliaciones de plazo y beneficios contractuales a favor del Consorcio Salud Pasco durante la construcción del Hospital Daniel Alcides Carrión, pese a que —según el órgano de control— no correspondían.
Ampliaciones por 106 días
En su condición de presidente del Comité de Evaluación de obras del Gobierno Regional, Velita suscribió y aprobó las ampliaciones de plazo N.os 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, otorgando en total 106 días calendario adicionales al consorcio encargado del proyecto.
La Contraloría afirma que estas ampliaciones no debieron proceder. El principal argumento: la propia empresa contratista era responsable de gestionar la factibilidad del servicio de agua necesario para ejecutar pruebas hidráulicas en la obra.
Además, el expediente técnico fue elaborado por el mismo contratista y tomó aproximadamente 870 días. Sin embargo, durante ese tiempo no se gestionó la factibilidad del servicio de agua, trámite que recién se realizó cuando la obra ya estaba en ejecución, generando retrasos.
Para el órgano de control, esa demora era atribuible a la empresa y no justificaba una ampliación del plazo contractual.
Aprobación de adicional de obra
El informe también señala que, en junio de 2018, Velita declaró procedente la Prestación Adicional de Obra N.° 1 y un deductivo vinculante relacionados con trabajos de estabilidad de taludes en el hospital. La decisión fue adoptada mediante acta del Comité de Evaluación.
Pero las observaciones no se limitaron a las ampliaciones iniciales. El 13 de septiembre de 2018, en su condición de integrante de la Sesión Ordinaria de Gerentes Regionales, Velita suscribió el Acta N.° 013-2018-GRPASCO-GOB/GG, mediante la cual se autorizó al procurador público regional, Ángel Jesús Ramos, a conciliar con el contratista.
El problema, según el órgano de control, es que el plazo legal para recurrir a la conciliación ya había caducado, por lo que ese mecanismo de solución de controversias no era aplicable. A pesar de ello, se aprobó una fórmula conciliatoria que quedó plasmada en el Acta de Conciliación N.° 0109-2018 del 14 de septiembre de 2018, reconociendo al contratista 22 días calendario adicionales por la ampliación de plazo N.° 18, beneficio que tampoco le correspondía.
Según la Contraloría, esa aprobación contravino la Ley de Contrataciones del Estado y otras normas aplicables, y representó un incumplimiento de sus funciones como gerente general regional, cargo de confianza del entonces gobernador de Pasco.