La comisión investigadora que analiza las denuncias en la Asociación de Vivienda Los Trigales lanzó una advertencia clara: la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) debe denunciar civil y penalmente a exfuncionarios y servidores actuales. El informe final concluye que los implicados permitieron la pérdida de más de 6 mil metros cuadrados de áreas destinadas al uso público.
El esquema de la reducción de terrenos
La regidora Fiorella Fabián confirmó la culminación del informe y alertó sobre modificaciones irregulares en los planos urbanísticos. Según la fiscalizadora, los funcionarios alteraron los documentos entre 2021 y 2022 para reducir las áreas municipales de manera ilegal.
Ante estos hallazgos, la comisión ordenó que la Procuraduría Pública Municipal inicie de inmediato las acciones legales para recuperar los predios y determine el grado de responsabilidad de quienes avalaron estos cambios.
Señalan a exalcalde y gerentes
El informe identifica con nombre y apellido a los presuntos responsables del perjuicio patrimonial:
Juan Carlos Quispe Ledesma (exalcalde de Huancayo).
Jesús Navarro Balbín (exgerente municipal).
Joseph Castro Buendía (gerente de Desarrollo Urbano).
Profesionales encargados del control patrimonial y la modificación de planos.
«La municipalidad perdió más de 6 mil metros cuadrados de áreas de aporte y no permitiremos que esto quede impune», enfatizó Fabián, tras verificar en campo que los espacios públicos originales del 2004 desaparecieron de la cartografía actual.
Invasiones y violencia en la zona
La desidia municipal ya genera consecuencias violentas. Vecinos de los jirones Torre Tagle y Manuel Moreno denunciaron que una mujer apodada “Tía Rita” intentó tomar posesión de los terrenos de madrugada, escoltada por sujetos armados y maquinaria pesada.
Este incidente, que terminó en enfrentamientos, demuestra para la comisión la absoluta falta de resguardo de los bienes municipales. La regidora cuestionó severamente que, a pesar de tener los títulos inscritos, la gestión actual no proteja ni siquiera los pocos espacios que aún quedan libres del tráfico de tierras.
Resumen de la investigación
Acción principal: La comisión recomienda denuncias penales contra la gestión de Quispe Ledesma.
El daño: Recortaron más de 6,000 m² de terrenos públicos mediante planos irregulares.
El peligro: La falta de vigilancia atrae a traficantes de lotes y promueve invasiones violentas.
Siguiente paso: El informe pasa a manos de la Procuraduría para formalizar las demandas.