El consejero regional de Yauli, Luis Demetrio Basaldúa Rodríguez, intentó dar el salto al Congreso sin cumplir un requisito elemental: solicitar su licencia sin goce de haber dentro del plazo legal. Recién lo hizo este año, cuando debió hacerlo en 2025, y solo después de que el Jurado Nacional de Elecciones le jalara las orejas. El resultado fue previsible: su candidatura terminó al borde del abismo.
El Jurado Electoral detecta la falta
El 31 de diciembre, el Jurado Electoral Especial (JEE) declaró inadmisible su candidatura al comprobar que no había cumplido correctamente con la licencia sin goce de haber y le dio dos días de plazo para subsanar la observación. De no hacerlo, su postulación sería declarada improcedente.
Un intento tardío y mal planteado
Al día siguiente, Basaldúa presentó una solicitud de licencia ante el Consejo Regional de Junín, pero lo hizo mal. En el documento pidió una “licencia sin goce de remuneraciones por 60 días”, cuando los consejeros regionales no perciben remuneraciones, sino dietas. La figura legal solicitada no le correspondía. El error obligó al Consejo Regional a devolverle el trámite para su corrección y postergarlo para la siguiente sesión, lo que hizo imposible cumplir con el plazo impuesto por el ente electoral.
Candidatura declarada improcedente
La consecuencia fue contundente. El 14 de enero, el JEE de Lima declaró improcedente su inscripción, dejándolo prácticamente fuera de la contienda electoral. La única vía que le queda es apelar y esperar un eventual pronunciamiento de una instancia superior, aunque el panorama no le resulta favorable.
El caso deja en evidencia una grave falta de diligencia, tanto del candidato como del partido Fuerza y Libertad. La licencia debió gestionarse antes del 23 de diciembre, fecha límite para las inscripciones, y no a última hora, con errores básicos incluidos.
De consejero regional a aspirante al Congreso
No es un dato menor si se revisa la trayectoria económica del consejero. Antes de ingresar a la política, Basaldúa declaraba ingresos que no superaban los 2,000 soles mensuales. Ya como consejero regional, cargo al que accedió con el respaldo del movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, de Zósimo Cárdenas, sus ingresos se elevaron a alrededor de 4,200 soles. Ahora, con Fuerza y Libertad, aspiraba a una curul con una remuneración cercana a los 15,000 soles mensuales.
A ello se suman cuestionamientos a su desempeño como consejero, marcado por retrasos recurrentes en las sesiones del Consejo Regional y por haber sido blindado frente a intentos de abrir investigaciones por presuntas irregularidades.
¿Se trató de una viveza mal calculada o de una torpeza imperdonable para alguien que pretende legislar? Lo cierto es que, por ahora, Luis Demetrio Basaldúa quedó fuera de carrera por no cumplir —ni a tiempo ni correctamente— con una obligación básica de la ley electoral.
Al mismo estilo que Jeri, colocando a militantes de Somos Perú en altos cargos del Estado, ocurre dentro de la Municipalidad de Municipalidad de Huamancaca Chico: hoy, varios de sus ex altos funcionarios postulan como candidatos a diputados por Junín bajo la misma bandera política.
Tras la revisión de hojas de vida, se confirma que más de la mitad de los actuales postulantes de Somos Perú en Junín trabajaron en la comuna de Huamancaca Chico, lo que genera sospechas sobre un posible uso de la administración pública como plataforma política en la región.
Gerencia Municipal y presuntas irregularidades administrativas
Uno de los casos más relevantes es el de Daniel López Lizano, quien se desempeña como gerente municipal desde 2023, el cargo administrativo más alto después del alcalde. Durante su gestión, asumió funciones estratégicas dentro de la entidad e incorporó a profesionales vinculados a su entorno político.
Durante ese periodo, la municipalidad aprobó la resolución que permitía sobre el cobro de peaje en Huamaca Chico. Según las observaciones, ejecutaron el cobro sin acuerdo formal del Concejo Municipal y con documentación presuntamente irregular.
Actualmente, Daniel López postula al Congreso con el número 3 en la lista de Somos Perú por Junín.
Designaciones bajo la lupa
Otro caso es el de Danilo Izarra Ccorahua, quien ocupa el cargo de Subgerente de Desarrollo Social. De acuerdo con su hoja de vida, cuenta apenas con el grado de bachiller en Administración y Sistemas, obtenido recientemente.
Durante su gestión, recibió fondos bajo la modalidad de encargo interno para actividades vinculadas al año escolar. Sin embargo, esta modalidad está destinada a actividades no programables, lo que genera cuestionamientos, ya que el inicio del año escolar es un evento recurrente y previsible dentro del calendario institucional.
Danilo Izarra postula actualmente con el número 1 en la lista.
Cambios en la estructura orgánica
También se revisa el caso de Jenneffer Mahumy Caytano Murillo, quien asumió la responsabilidad del área de Caja tambien apenas con un bachillerato . El MOF aprobado en marzo de 2023 no incluía formalmente la Unidad de Tesorería ni el área de Caja dentro de la estructura orgánica.
Sin embargo, en mayo del mismo año incorporaron el área bajo dependencia directa de la Gerencia General. Antes de asumir el manejo de recursos económicos municipales, la funcionaria ocupó otros cargos administrativos dentro de la entidad.
Jenneffer Mahumy Caytano Murillo postula con el número 6 en la lista.
Transparencia y documentación
La investigación advierte que, durante el periodo en que realizaron varias de estas designaciones, no publicaron ni difundieron debidamente el MOF ni el ROF, lo que podría afectar la validez de los nombramientos si se confirma que no cumplían los requisitos formales establecidos.
Además, el propio gerente municipal y militante de Somos Perú, Daniel López, tuvo bajo su responsabilidad la supervisión administrativa de estos documentos, lo que añade un elemento adicional al debate sobre la transparencia en la gestión.
Cuatro obras millonarias, reuniones reservadas y un presunto cobro del 10% por cada proyecto adjudicado. Un colaborador eficaz ha revelado que detrás del presupuesto gestionado para el distrito de Pilcomayo se habría instalado un esquema en el que empresarios debían entregar dinero a cambio de ganar licitaciones: 5% para el alcalde y 5% para el congresista José Luna Gálvez.
Según la declaración del colaborador eficaz 01-2026, Luna Gálvez habría gestionado presupuesto para obras en el distrito de Pilcomayo y, posteriormente, estas habrían serian direccionadas a empresarios específicos, a quienes se les solicitaba un presunto pago del 10% del monto total adjudicado: 5% para el alcalde y 5% para el congresista.
Presuntos vínculos con autoridades locales
De acuerdo con el colaborador eficaz, Marlon Ninahuanca Pariona, hermano del alcalde de Pilcomayo, Brayan Ninahuanca Pariona, habría sostenido reuniones con Luna Gálvez, con quien —según la versión— mantendría vínculos previos.
Tras el triunfo electoral de Brayan Ninahuanca en 2022, presuntamente se habría coordinado la gestión de presupuesto para cuatro obras en el distrito. Según el testimonio, el objetivo habría sido asegurar la asignación de recursos y luego direccionar las adjudicaciones a determinadas empresas.
El 13 de septiembre de 2022, el entonces alcalde electo sostuvo una reunión en el Congreso con el asesor de la bancada de Podemos Perú, agrupación liderada por Luna Gálvez. Según el registro de visitas del congreso
Las cuatro obras bajo la lupa
Durante el 2022, Luna Gálvez integró como titular la Comisión de Presupuesto del Congreso, encargada de definir los gastos públicos para el año fiscal 2023. En el denominado “Anexo 5” del presupuesto se incluyeron cuatro proyectos para Pilcomayo:
Mejoramiento vial en el Jr. Arica (Paseo Turístico – Jr. Chávez), Jr. Jorge Chávez (Jr. Arica – Av. Cnel. Parra), Jr. 03 de Octubre (Jr. Arica – Jr. J. S. Chocano) y Jr. Huamachuco (Jr. Arica – Jr. J. S. Chocano) – S/ 4 millones.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Los Incas (Av. Coronel Parra – Jr. Las Balsas) – S/ 2 millones.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Mariscal Cáceres (Plaza Libertad – Av. Tacna) – S/ 3 millones.
Mejoramiento vial del Jr. Leoncio Prado (Av. Las Américas – Av. Argentina), anexo Buenos Aires – inicialmente con presupuesto de S/ 2 millones, pero finalmente contratado por S/ 4 millones 213 mil 665.
Según la declaración del colaborador eficaz 01-2026, para acceder a estas obras los empresarios debían entregar un adelanto al congresista, bajo el argumento de que este habría cumplido con gestionar el presupuesto. Asimismo, se les habría indicado presentar ofertas al 90% del valor referencial para asegurar la buena pro, recuperando el margen restante en otras obras menores.
La licitación principal se adjudicó el 4 de septiembre de 2023.
Reuniones y supervisión
El colaborador eficaz también señaló que, antes de la entrega de la obra, se habrían producido hasta seis reuniones entre el empresario y Marlon Ninahuanca.
Asimismo, indicó que el asesor del congresista y actual candidato presidencial, Ari Tech Rivera de la Cruz, habría supervisado aspectos relacionados al proyecto.
Reunión en el Congreso y decreto posterior
De acuerdo con el registro oficial de visitas al Congreso, el 21 de agosto de 2025, Marlon Ninahuanca ingresó al despacho del congresista José Luna Gálvez. La reunión quedó consignada en la agenda institucional del Parlamento.
Cuatro meses después, el 26 de diciembre de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.º 317-2025-EF, mediante el cual se asignaron S/ 247,555 adicionales a una de las obras cuestionadas en Pilcomayo, que enfrentaba retrasos por falta de pago de valorizaciones.
Cabe señalar que la Comisión de Vivienda y Saneamiento del Congreso tiene como vicepresidente al congresista Guido Bellido, integrante de la bancada de Podemos Perú.
La coincidencia temporal entre la reunión en agosto y la inyección presupuestal en diciembre
Caso en evaluación fiscal
La denuncia ha sido derivada a la Fiscalía de la Nación, entidad competente para investigar a congresistas en funciones. Será esta instancia la que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
“Nuestro compromiso es garantizar que Junín reciba la atención que merece en salud”, declaró Luis Armando Orihuela Lazo al diario Correo Huancayo.
Con ese discurso, Luis Armando Orihuela Lazo, candidato a diputado por Alianza para el Progreso, busca posicionarse como el abanderado de la salud en la región Junín. Sin embargo, su paso por la gestión pública deja serias dudas sobre su idoneidad, especialmente por su responsabilidad en la compra irregular de un tomógrafo para La Merced, que terminó dejando sin este servicio esencial a la Selva Central.
Promesas de salud, pero sin tomógrafo en La Merced
Durante su gestión como director de la Dirección Regional de Salud de Junín (2011-2012), Orihuela Lazo firmó un contrato para comprar un tomógrafo valorizado en más de S/ 1 250 000 soles, equipo adquirido sin garantizar mantenimiento, operatividad ni condiciones técnicas adecuadas. Como resultado, el hospital de La Merced quedó sin un tomógrafo funcional, afectando directamente a miles de ciudadanos de la Selva Central.
Observaciones graves de la Contraloría
Esto se detalla en el Informe de Control N.º 04-2017-2-2814, que responsabiliza administrativamente a Orihuela Lazo por firmar el contrato fuera del plazo legal de cinco días, además de hacerlo sin que el proveedor cumpliera con los requisitos establecidos en los términos de referencia, como: falta de garantía del equipo, ausencia de un plan de mantenimiento preventivo, inexistencia de un protocolo de pruebas y planos de instalación sin fecha de emisión ni recepción.
Estas omisiones comprometen no solo la inversión pública, sino también la seguridad de los pacientes.
Sin mantenimiento: una constante en la Selva Central
La falta de mantenimiento de equipos médicos se ha convertido en una constante en la Selva Central, que actualmente no cuenta con un tomógrafo operativo. Excolegas del propio partido Perú Libre han calificado esta situación como parte de una “mafia” que buscaría mantener inoperativos los equipos públicos para empujar a la población hacia servicios privados.
Condena judicial y antecedentes personales
A este historial se suma una condena de tres años contra Orihuela Lazo por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de exposición de personas al peligro.
Además, su clínica privada El Carmen fue cerrada por la Municipalidad de Huancayo el 15 de noviembre de 2023 por no contar con los permisos correspondientes ni con el certificado ITSE. Pese a que solo estaba autorizada como consultorio, existían denuncias de que se realizaban procedimientos quirúrgicos de manera irregular.