Cuatro obras millonarias, reuniones reservadas y un presunto cobro del 10% por cada proyecto adjudicado. Un colaborador eficaz ha revelado que detrás del presupuesto gestionado para el distrito de Pilcomayo se habría instalado un esquema en el que empresarios debían entregar dinero a cambio de ganar licitaciones: 5% para el alcalde y 5% para el congresista José Luna Gálvez.

Según la declaración del colaborador eficaz 01-2026, Luna Gálvez habría gestionado presupuesto para obras en el distrito de Pilcomayo y, posteriormente, estas habrían serian  direccionadas a empresarios específicos, a quienes se les solicitaba un presunto pago del 10% del monto total adjudicado: 5% para el alcalde y 5% para el congresista.

Presuntos vínculos con autoridades locales

De acuerdo con el colaborador eficaz, Marlon Ninahuanca Pariona, hermano del alcalde de Pilcomayo, Brayan Ninahuanca Pariona, habría sostenido reuniones con Luna Gálvez, con quien —según la versión— mantendría vínculos previos.

Tras el triunfo electoral de Brayan Ninahuanca en 2022, presuntamente se habría coordinado la gestión de presupuesto para cuatro obras en el distrito. Según el testimonio, el objetivo habría sido asegurar la asignación de recursos y luego direccionar las adjudicaciones a determinadas empresas.

El 13 de septiembre de 2022, el entonces alcalde electo sostuvo una reunión en el Congreso con el asesor de la bancada de Podemos Perú, agrupación liderada por Luna Gálvez. Según el registro de visitas del congreso

Las cuatro obras bajo la lupa

Durante el 2022, Luna Gálvez integró como titular la Comisión de Presupuesto del Congreso, encargada de definir los gastos públicos para el año fiscal 2023. En el denominado “Anexo 5” del presupuesto se incluyeron cuatro proyectos para Pilcomayo:

Mejoramiento vial en el Jr. Arica (Paseo Turístico – Jr. Chávez), Jr. Jorge Chávez (Jr. Arica – Av. Cnel. Parra), Jr. 03 de Octubre (Jr. Arica – Jr. J. S. Chocano) y Jr. Huamachuco (Jr. Arica – Jr. J. S. Chocano) – S/ 4 millones.

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Los Incas (Av. Coronel Parra – Jr. Las Balsas) – S/ 2 millones.

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Mariscal Cáceres (Plaza Libertad – Av. Tacna) – S/ 3 millones.

Mejoramiento vial del Jr. Leoncio Prado (Av. Las Américas – Av. Argentina), anexo Buenos Aires – inicialmente con presupuesto de S/ 2 millones, pero finalmente contratado por S/ 4 millones 213 mil 665.

Según la declaración del colaborador eficaz 01-2026, para acceder a estas obras los empresarios debían entregar un adelanto al congresista, bajo el argumento de que este habría cumplido con gestionar el presupuesto. Asimismo, se les habría indicado presentar ofertas al 90% del valor referencial para asegurar la buena pro, recuperando el margen restante en otras obras menores.

La licitación principal se adjudicó el 4 de septiembre de 2023.

Reuniones y supervisión

El colaborador eficaz también señaló que, antes de la entrega de la obra, se habrían producido hasta seis reuniones entre el empresario y Marlon Ninahuanca.

Asimismo, indicó que el asesor del congresista y actual candidato presidencial, Ari Tech Rivera de la Cruz, habría supervisado aspectos relacionados al proyecto.

Reunión en el Congreso y decreto posterior

De acuerdo con el registro oficial de visitas al Congreso, el 21 de agosto de 2025, Marlon Ninahuanca ingresó al despacho del congresista José Luna Gálvez. La reunión quedó consignada en la agenda institucional del Parlamento.

Cuatro meses después, el 26 de diciembre de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.º 317-2025-EF, mediante el cual se asignaron S/ 247,555 adicionales a una de las obras cuestionadas en Pilcomayo, que enfrentaba retrasos por falta de pago de valorizaciones.

Cabe señalar que la Comisión de Vivienda y Saneamiento del Congreso tiene como vicepresidente al congresista Guido Bellido, integrante de la bancada de Podemos Perú.

La coincidencia temporal entre la reunión en agosto y la inyección presupuestal en diciembre

Caso en evaluación fiscal

La denuncia ha sido derivada a la Fiscalía de la Nación, entidad competente para investigar a congresistas en funciones. Será esta instancia la que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.