El proyecto sigue estancado. El ente de control denunció que la comuna provincial ignora los requerimientos técnicos, impidiendo fiscalizar el incremento de costos en la obra.
Transparencia bajo sospecha
La construcción del Puente Arequipa se encuentra en un limbo administrativo. La Contraloría General de la República informó que no ha podido iniciar la evaluación del expediente técnico debido a que la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) se niega a entregar la documentación clave, a pesar de las múltiples solicitudes formales.
Las claves del estancamiento
Falta de colaboración: La Municipalidad ha ignorado los plazos establecidos por el ente fiscalizador.
Aumento de presupuesto: No se han entregado los sustentos técnicos que justifiquen las variaciones en el costo final de la obra.
Riesgo de sanciones: Funcionarios responsables podrían enfrentar multas y procesos administrativos.
Advertencia directa: «La rendición de cuentas no es opcional»
Víctor Lizárraga, gerente regional de Control de Junín, fue enfático al señalar que esta omisión vulnera el deber de colaboración de las entidades públicas. Según el funcionario, la Contraloría ya activó el protocolo previo a la potestad sancionadora.
«De persistir el incumplimiento tras un tercer requerimiento, los funcionarios serán sancionados por no remitir la información en los plazos legales», advirtió Lizárraga.
Situación Actual
Consecuencia Inmediata
Falta de expedientes
Imposibilidad de verificar metrados y componentes técnicos.
Silencio administrativo
Inicio de proceso sancionador contra la MPH.
Compromiso verbal
Sin valor legal hasta que se formalice la entrega de documentos.
¿Qué es lo que oculta la Municipalidad?
La documentación pendiente es el «corazón» del proyecto. Sin ella, es imposible determinar si el dinero de los ciudadanos está siendo utilizado correctamente o si existen irregularidades en el incremento del presupuesto.
Aunque existe una promesa verbal de entrega por parte de la gestión municipal, la Contraloría recordó que la fiscalización protege el derecho de la población a recibir obras públicas transparentes y de calidad.