César Aguilar lidera operativo que revela cómo equipos obsoletos y la falta de 90 especialistas condenan la salud en Jauja.

El contralor general de la República, César Aguilar, puso el dedo en la llaga. Tras una inspección sorpresa al Hospital Domingo Olavegoya, la máxima autoridad de control reveló un escenario desolador: el nosocomio subsiste con tecnología inservible, falta de personal crítico y una gestión de suministros que pone en riesgo la vida de los pacientes.

Equipos que no curan

El hallazgo más grave apunta al tomógrafo del hospital. Aunque el Estado lo instaló hace seis años, el equipo no funciona. Esta inactividad anula la capacidad de diagnóstico del centro y expulsa a los pacientes hacia clínicas privadas o viajes agotadores en busca de una placa.

La crisis tecnológica suma más responsables:

• Rayos X: El sistema de revelado falla constantemente y entrega resultados poco fiables.
• Ecógrafos: Estos equipos superan los 10 años de antigüedad. Aunque ya cumplieron su vida útil, siguen succionando presupuesto en mantenimientos que no garantizan un servicio eficiente.

Un hospital con 90 sillas vacías

El operativo también golpeó la gestión de recursos humanos. La Contraloría detectó que el hospital mantiene 90 plazas presupuestadas sin cubrir. Mientras el presupuesto duerme en las cuentas, los pacientes esperan atención. Además, el hospital mantiene a sus tecnólogos médicos bajo contratos temporales e inestables, debilitando la capacidad de respuesta frente a emergencias.

El caos en los almacenes

La lupa de la Contraloría alcanzó también a la farmacia. Aguilar investiga una contradicción peligrosa: el hospital sufre el desabastecimiento de medicinas esenciales al mismo tiempo que acumula un sobre stock de otros productos. Esta mala gestión amenaza con la pérdida de fármacos por vencimiento, tirando a la basura dinero público.

La administración tampoco entregó la documentación técnica de sus equipos, un silencio que impide evaluar con transparencia cómo funciona realmente el nosocomio.

La ruta de la fiscalización

«La corrupción debilita la institucionalidad en Junín», advirtió Aguilar, tras confirmar que estos problemas no son errores aislados. La Contraloría extenderá sus operativos de inmediato hacia Concepción y Huancayo, y prepara una intervención especial en la Selva Central para hallar a los responsables de esta crisis.

La Municipalidad Provincial de Huancayo fue escenario de una tensa jornada de protesta. Empresas denuncian abusos, mientras la gestión califica la medida como un «chantaje» de intereses particulares.

La pugna por el control y ordenamiento del transporte en la ciudad alcanzó un nuevo punto crítico. Este lunes, las inmediaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) se convirtieron en un campo de batalla simbólico donde transportistas, liderados por figuras como Walter Contreras (Gran Group), instalaron una vigilia indefinida que incluyó ollas comunes y manifestantes encadenados.

El detonante: Exigencia de renuncia

La consigna principal de los manifestantes es clara: la salida inmediata de Jorge Luis Quispe Ávila, gerente de Tránsito y Transportes. Según el gremio que agrupa a más de siete empresas, la actual gestión incurre en:

• Presuntos abusos y favoritismos en la entrega de rutas.
• Incumplimiento de resoluciones judiciales que favorecerían a ciertos operadores.
• Inacción ante el desorden vehicular y la sobreoferta de unidades que saturan las vías principales.

La respuesta oficial: «No cederemos a presiones»

Por su parte, el gerente Jorge Luis Quispe Ávila no dio marcha atrás. Días previos, el funcionario ya había anticipado que la movilización respondería a intereses particulares de un grupo reducido de empresarios que buscarían operar fuera del marco legal.

• «Nuestra gestión apunta a ordenar un sistema históricamente caótico. No permitiremos chantajes mediáticos ni presiones que busquen vulnerar las normas de fiscalización», sostuvo el funcionario, defendiendo los operativos realizados para sancionar el incumplimiento de rutas.

Tregua momentánea y mesa de diálogo

La tensión, que obligó al despliegue de un fuerte contingente policial y la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, cesó parcialmente cerca de las 6:00 p. m. Los manifestantes aceptaron levantar la medida de fuerza tras acordarse la instalación de una mesa de diálogo para este miércoles.

Sin embargo, el ambiente sigue caldeado. Lo que hoy parece una tregua es, en el fondo, el reflejo de un conflicto estructural donde las empresas y la autoridad no logran consensos, dejando a los ciudadanos de Huancayo atrapados en medio del tráfico y la incertidumbre de un servicio deficiente

La Municipalidad Provincial denuncia que el proyecto carece de liquidación y personal capacitado. Pese a los riesgos, el alcalde Stany Aguilar mantiene la fiesta de inauguración para este sábado.

El acceso al agua en San Jerónimo de Tunán desata un violento choque político. Mientras la Municipalidad Distrital prepara un show artístico para inaugurar este sábado el nuevo reservorio elevado, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) advierte que la obra aún es un proyecto inconcluso.

Los riesgos técnicos que San Jerónimo ignora

La Gerencia de Desarrollo Urbano de la provincia sostiene que la comuna distrital comete una imprudencia. Actualmente, la municipalidad y la constructora todavía liquidan financieramente el proyecto. Además, el municipio de San Jerónimo aún no capacita al personal que operará el sistema hídrico.

Esta negligencia acarrea consecuencias graves:

• Operación deficiente: Sin técnicos preparados, nadie asegura que el agua llegue de forma constante a los hogares.
• Anulación de garantías: Al aceptar la obra antes de tiempo, el municipio libera a la empresa de la garantía de siete años.
• Trabas legales: La recepción apresurada impide que la constructora corrija fallas detectadas en los primeros meses de uso.

¿Campaña política con el dinero público?

La decisión del alcalde Stany Aguilar genera rechazo en las organizaciones vecinales. Los dirigentes aseguran que el alcalde acelera la entrega para frenar el pedido de vacancia que pesa en su contra. Según las denuncias, Aguilar prioriza su imagen política y el espectáculo por encima del rigor técnico y la seguridad de las familias.

Hoy, la infraestructura hídrica está en el centro de la polémica. La población espera respuestas claras: ¿garantizarán el servicio técnico o solo buscan la foto de la inauguración?