Política
Contraloría detecta patrón de irregularidades en obras de Junín y apunta a responsabilidad compartida
Un reciente informe de la Gerencia Regional de Control revela un esquema repetitivo: contratos deficientes que derivan en ampliaciones de plazo y sobrecostos, permitiendo que las fallas técnicas se conviertan en ingresos para las contratistas.
El gerente regional de control, Víctor Lizárraga, presentó ante el Consejo Regional de Junín un diagnóstico alarmante sobre la ejecución de la inversión pública. El informe no solo detalla fallas técnicas aisladas, sino que expone un mecanismo sistemático que compromete tanto a las empresas privadas como a la gestión del Gobierno Regional.
El «negocio» de los expedientes deficientes
Según la Contraloría, se ha identificado una práctica recurrente: empresas contratistas aceptan proyectos con observaciones graves desde su origen. Lejos de ser un error de cálculo, esto serviría como base para justificar posteriores ampliaciones de plazo y aumentos presupuestales.
Este sistema permitiría que los errores constructivos y la inclusión de componentes sin sustento técnico se transformen en fuentes de ingresos adicionales, encareciendo los proyectos a costa de los recursos públicos de la región.
Ausencia de control en campo
La fiscalización física también muestra debilidades críticas. El informe advierte la ausencia de personal clave, como supervisores y residentes, lo que facilita el cobro de metrados no ejecutados (pagos por trabajos inexistentes). Sin una supervisión efectiva en el lugar de la obra, el sistema de control se vuelve vulnerable a la corrupción.
Responsabilidad del Gobierno Regional
La Contraloría subraya que la culpa no es exclusiva de las constructoras. El Gobierno Regional de Junín ha incurrido en omisiones administrativas graves, tales como:
- Demoras injustificadas en la atención de solicitudes de ampliación.
- Limitada transparencia en la información de los proyectos.
- Falta de respuesta oportuna ante las alertas de control.
Un historial de advertencias ignoradas
Desde el año 2023, el órgano de control ha emitido más de 500 alertas de riesgo en la región. Sin embargo, la falta de urgencia para atender estas advertencias ha dejado proyectos estancados que, en algunos casos, arrastran retrasos de hasta dos gestiones anteriores.
A pocos meses de finalizar la actual administración, la interrogante planteada por el informe es si estos hechos responden a una incapacidad de gestión o a una falta de voluntad política para frenar el ciclo de obras inconclusas y sobrecostos que frena el desarrollo de Junín.
