Política
Crisis de poder en El Tambo escala a la Fiscalía tras cuestionada juramentación
La disputa por el control político de la Municipalidad Distrital de El Tambo llegó al Ministerio Público. El regidor Belmir Flores enfrenta una denuncia por presunta usurpación de funciones junto con seis trabajadores municipales y la actual alcaldesa, tras su participación en el cuestionado proceso de juramentación desarrollado en medio de la confrontación entre los integrantes del Concejo Municipal.
La crisis política que atraviesa la Municipalidad Distrital de El Tambo dejó las sesiones del Concejo Municipal y llegó a la Fiscalía. El regidor Belmir Flores enfrenta una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones, al igual que seis trabajadores municipales y la actual alcaldesa. Los denunciantes vinculan el caso con la participación de Flores en el controvertido proceso de juramentación que se desarrolló durante una sesión marcada por el enfrentamiento entre los integrantes del gobierno local.
El regidor Luis Bastidas y la regidora vacada Estela Auris presentaron la denuncia y cuestionaron la intervención de Flores durante la sesión en la que se realizó la juramentación.
El acto debía cumplir un objetivo protocolar y garantizar la continuidad de la administración municipal. Sin embargo, la confrontación entre los integrantes del Concejo transformó la jornada en un nuevo episodio de la disputa política que enfrenta a los distintos sectores del municipio.
Flores rechaza la denuncia
Belmir Flores rechazó las acusaciones y negó haber cometido el delito de usurpación de funciones. El regidor explicó que intervino durante la sesión después de que otros concejales, quienes debían participar en el procedimiento, se negaran a asumir la conducción del acto.
Según Flores, la normativa establecía un mecanismo para continuar con la juramentación y la negativa de otros regidores generó las circunstancias que posteriormente motivaron la denuncia penal.
El concejal cuestionó que los denunciantes intenten convertir su actuación en un delito y atribuyó la acusación a un nuevo capítulo de la confrontación política que divide al Concejo Municipal de El Tambo.
Flores también sostuvo que los regidores que ahora cuestionan su participación estuvieron presentes durante la sesión. En ese sentido, afirmó que los registros audiovisuales permitirán reconstruir lo ocurrido y establecer qué acciones tomó cada integrante del Concejo durante el procedimiento.
Flores anuncia nuevas acciones legales
El conflicto podría extenderse a nuevas denuncias. Belmir Flores anunció que también emprenderá acciones legales contra quienes, según su versión, se negaron a ejercer las funciones que les correspondían durante la sesión.
Con esta respuesta, la disputa política entre los integrantes del Concejo podría trasladarse nuevamente a los tribunales y al Ministerio Público, mientras cada sector defiende una interpretación distinta sobre la legalidad de lo ocurrido durante la juramentación.
Fiscalía investigará el caso
Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si los hechos denunciados configuran el presunto delito de usurpación de funciones o si la actuación de los involucrados se produjo dentro del marco de las competencias y circunstancias que rodearon la cuestionada sesión.
La Fiscalía podrá revisar las actas de la sesión, los documentos oficiales, las actuaciones de los funcionarios y regidores involucrados y los registros audiovisuales que las partes han mencionado como elementos para esclarecer los hechos.
La denuncia abre así un nuevo frente en la crisis política de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Mientras los grupos enfrentados llevan sus diferencias a las instancias judiciales, la disputa por el control político del municipio continúa generando cuestionamientos sobre las decisiones y actuaciones adoptadas durante este periodo.
La investigación fiscal podría definir un nuevo escenario para la política municipal de El Tambo. El Ministerio Público tendrá que establecer, de acuerdo con los elementos que reúna durante las diligencias, si existen responsabilidades penales por los hechos ocurridos durante la juramentación.
