La disputa por el control político de la Municipalidad Distrital de El Tambo llegó al Ministerio Público. El regidor Belmir Flores enfrenta una denuncia por presunta usurpación de funciones junto con seis trabajadores municipales y la actual alcaldesa, tras su participación en el cuestionado proceso de juramentación desarrollado en medio de la confrontación entre los integrantes del Concejo Municipal.
La crisis política que atraviesa la Municipalidad Distrital de El Tambo dejó las sesiones del Concejo Municipal y llegó a la Fiscalía. El regidor Belmir Flores enfrenta una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones, al igual que seis trabajadores municipales y la actual alcaldesa. Los denunciantes vinculan el caso con la participación de Flores en el controvertido proceso de juramentación que se desarrolló durante una sesión marcada por el enfrentamiento entre los integrantes del gobierno local.
El regidor Luis Bastidas y la regidora vacada Estela Auris presentaron la denuncia y cuestionaron la intervención de Flores durante la sesión en la que se realizó la juramentación.
El acto debía cumplir un objetivo protocolar y garantizar la continuidad de la administración municipal. Sin embargo, la confrontación entre los integrantes del Concejo transformó la jornada en un nuevo episodio de la disputa política que enfrenta a los distintos sectores del municipio.
Flores rechaza la denuncia
Belmir Flores rechazó las acusaciones y negó haber cometido el delito de usurpación de funciones. El regidor explicó que intervino durante la sesión después de que otros concejales, quienes debían participar en el procedimiento, se negaran a asumir la conducción del acto.
Según Flores, la normativa establecía un mecanismo para continuar con la juramentación y la negativa de otros regidores generó las circunstancias que posteriormente motivaron la denuncia penal.
El concejal cuestionó que los denunciantes intenten convertir su actuación en un delito y atribuyó la acusación a un nuevo capítulo de la confrontación política que divide al Concejo Municipal de El Tambo.
Flores también sostuvo que los regidores que ahora cuestionan su participación estuvieron presentes durante la sesión. En ese sentido, afirmó que los registros audiovisuales permitirán reconstruir lo ocurrido y establecer qué acciones tomó cada integrante del Concejo durante el procedimiento.
Flores anuncia nuevas acciones legales
El conflicto podría extenderse a nuevas denuncias. Belmir Flores anunció que también emprenderá acciones legales contra quienes, según su versión, se negaron a ejercer las funciones que les correspondían durante la sesión.
Con esta respuesta, la disputa política entre los integrantes del Concejo podría trasladarse nuevamente a los tribunales y al Ministerio Público, mientras cada sector defiende una interpretación distinta sobre la legalidad de lo ocurrido durante la juramentación.
Fiscalía investigará el caso
Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si los hechos denunciados configuran el presunto delito de usurpación de funciones o si la actuación de los involucrados se produjo dentro del marco de las competencias y circunstancias que rodearon la cuestionada sesión.
La Fiscalía podrá revisar las actas de la sesión, los documentos oficiales, las actuaciones de los funcionarios y regidores involucrados y los registros audiovisuales que las partes han mencionado como elementos para esclarecer los hechos.
La denuncia abre así un nuevo frente en la crisis política de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Mientras los grupos enfrentados llevan sus diferencias a las instancias judiciales, la disputa por el control político del municipio continúa generando cuestionamientos sobre las decisiones y actuaciones adoptadas durante este periodo.
La investigación fiscal podría definir un nuevo escenario para la política municipal de El Tambo. El Ministerio Público tendrá que establecer, de acuerdo con los elementos que reúna durante las diligencias, si existen responsabilidades penales por los hechos ocurridos durante la juramentación.
Autoridades anuncian operativos y multas de hasta el 10 % de una UIT para conductores que se nieguen a recoger estudiantes.
Algunos conductores de transporte público se negarían a recoger a escolares en puntos peligrosos de Huancayo. Esta situación dejaría a los menores en plena vía pública.
La Policía alertó sobre estos casos. También advirtió que los escolares enfrentan mayores riesgos en zonas donde se han registrado peleas y otros hechos violentos.
El jefe de la Región Policial Junín, general César Calero, pidió a los transportistas recoger a los estudiantes. También los exhortó a no dejarlos esperando en lugares peligrosos.
Ante esta alerta, la Municipalidad Provincial de Huancayo anunció operativos inopinados. Los inspectores acudirán a los puntos identificados por la Policía.
Vigilarán zonas con alta presencia de escolares
El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, informó que reforzarán la vigilancia.
Los inspectores supervisarán los exteriores de los colegios. También recorrerán la avenida Ferrocarril y algunos óvalos.
En estos puntos se concentra una gran cantidad de escolares.
Quispe advirtió que los conductores que rechacen a estudiantes podrían recibir una multa de hasta el 10 % de una UIT. La sanción dependerá de la infracción cometida.
Piden reportar a conductores
El funcionario pidió a los ciudadanos reportar estos casos. Para ello, deberán registrar la placa del vehículo.
También recomendó tomar fotografías o videos. Estos elementos ayudarán a acreditar la presunta infracción. Además, permitirán identificar a la empresa responsable.
Quispe cuestionó otra práctica. Algunos conductores obligarían a los escolares a viajar de pie pese a que pagan el pasaje escolar.
El funcionario recordó que los transportistas deben respetar a los estudiantes. También rechazó cualquier maltrato por el uso de esta tarifa.
Huancayo, Chilca y El Tambo coordinarán operativos
La Municipalidad de Huancayo coordinará acciones con la Policía. También trabajará con las municipalidades de Chilca y El Tambo.
Las autoridades intervendrán en los puntos con mayor demanda de transporte. Allí buscarán reducir los riesgos para los escolares.
Además, pidieron apoyo a los padres de familia y representantes de los colegios. Los ciudadanos también podrán reportar estos casos.
Las autoridades buscan evitar que los menores esperen solos en calles peligrosas.
La Contraloría advierte que la falta de financiamiento, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento de pagos figuran entre las principales causas. El Gobierno Regional de Junín registra 14 proyectos paralizados, entre ellos el Hospital Higa Arakaki, en Satipo.
Junín registra actualmente 90 obras paralizadas, de acuerdo con el reporte de la Contraloría General de la República. Entre las principales causas identificadas se encuentran la falta de recursos financieros y liquidez, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento del pago de valorizaciones.
El gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga, señaló que la mayor concentración de proyectos detenidos corresponde a los gobiernos locales. En total, 49 municipalidades distritales registran obras en condición de paralización.
Hospital Higa Arakaki lleva más de tres años detenido
El Gobierno Regional de Junín registra 14 obras paralizadas. Entre ellas se encuentra el Hospital Higa Arakaki, ubicado en la provincia de Satipo, cuya ejecución permanece detenida desde hace más de tres años.
El proyecto forma parte de una extensa lista de obras que, pese al tiempo transcurrido, no logran culminarse. La paralización genera preocupación debido a la necesidad de la población de contar con servicios de salud e infraestructura adecuados.
Centro de salud de Chongos Alto también permanece paralizado
Otro de los casos que ha llamado la atención de la Contraloría se encuentra en el distrito de Chongos Alto, donde un centro de salud lleva más de un año con la ejecución paralizada.
La situación se agravó luego de que el establecimiento que brindaba atención a los pobladores quedara inhabitable tras los sismos registrados el 18 de julio. El centro de salud atiende a población procedente de Huasicancha, Chicche y Chongos Alto.
La paralización de la obra representa un problema adicional para los habitantes de estas localidades, debido a la necesidad de contar con un establecimiento que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.
Contraloría realiza acciones para destrabar proyectos
Lizárraga explicó que la Contraloría viene revisando la documentación correspondiente a las obras paralizadas con el objetivo de identificar los problemas que impiden su continuidad.
Según indicó, durante el año pasado se contribuyó a reactivar dos obras, mientras que en lo que va de este año se han realizado cinco servicios de control preventivo orientados a identificar dificultades y contribuir al destrabe de proyectos.
El funcionario sostuvo que la paralización de obras no solo retrasa la atención de las necesidades de la población, sino que también debilita la institucionalidad y alimenta la percepción de que una obra inconclusa es sinónimo de corrupción.
Ante este escenario, consideró necesario que las autoridades asuman el reto de identificar oportunamente los problemas que afectan a cada proyecto, gestionar los recursos presupuestales necesarios y resolver las controversias con los contratistas.
El objetivo, señaló, debe ser evitar que obras de importancia para la población, como el Hospital Higa Arakaki, continúen acumulando años de retraso sin una solución que permita retomar y culminar su ejecución.
La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales semafóricos tras el fallecimiento de un estudiante de Enfermería. Electrocentro cortó el suministro por falta de pago y el sistema permanece inoperativo.
El semáforo que la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló en una peligrosa intersección de cinco esquinas de Pilcomayo permanece apagado por falta de pago del servicio eléctrico.
La tragedia que motivó la instalación ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando el estudiante de Enfermería Nain Asorsa Herrera, de 22 años, murió mientras se dirigía al IREN Centro para realizar sus prácticas preprofesionales.
Tras el accidente, los vecinos exigieron medidas de seguridad para reducir el riesgo en esta intersección. En respuesta, la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales de semáforo y puso inicialmente el sistema en funcionamiento.
Sin embargo, Electrocentro cortó el suministro eléctrico por falta de pago, por lo que actualmente solo permanece la infraestructura mientras los equipos permanecen apagados.
Pilcomayo debe asumir el pago
El gerente de Tránsito y Transporte de Huancayo, Jorge Quispe, señaló que la Municipalidad de Pilcomayo debe formalizar el suministro eléctrico y asumir el costo mensual del servicio, que bordearía entre S/30 y S/40.
Quispe explicó que la Municipalidad Provincial de Huancayo ya entregó la documentación y los contactos necesarios para que Pilcomayo complete el trámite y garantice el suministro eléctrico.
El funcionario también lanzó una advertencia: si ocurre otro accidente mientras el semáforo permanece apagado, la responsabilidad recaería en la Municipalidad de Pilcomayo, debido a que Huancayo ya instaló los equipos y comunicó a la comuna distrital que debía garantizar el suministro eléctrico.
Vecinos siguen expuestos al peligro
Mientras las autoridades mantienen pendiente la solución del pago, los vecinos continúan enfrentando el riesgo en la misma intersección donde ocurrió la tragedia.
La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló el semáforo como una medida para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes. No obstante, la falta de pago mantiene apagado el sistema y deja sin funcionamiento una infraestructura que debía reforzar la seguridad de peatones y conductores.
