La demora en la emisión de credenciales para una eventual sucesión municipal genera protestas, cuestionamientos y una creciente polarización entre los vecinos del distrito.
Vecinos exigen una respuesta inmediata
La crisis política que atraviesa la Municipalidad Distrital de El Tambo ha dejado de ser un asunto exclusivamente administrativo para convertirse en un conflicto que divide cada vez más a la población. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa sin emitir la resolución definitiva que ratifique la vacancia del alcalde Julio Llallico y permita la entrega de credenciales al primer regidor Iván Medina, sectores de la ciudadanía han comenzado a movilizarse para exigir una pronta decisión.
Este jueves, un grupo de vecinos llegó hasta los exteriores de la oficina descentralizada del JNE en Huancayo para expresar su malestar por la demora en la definición del caso. Los manifestantes señalaron que la incertidumbre política estaría afectando la gestión municipal y la prestación de servicios públicos, especialmente en áreas sensibles como la limpieza pública.
Los ciudadanos demandaron que el organismo electoral resuelva cuanto antes la situación y, de corresponder, formalice la entrega de credenciales al primer regidor Iván Medina, con el objetivo de restablecer la estabilidad administrativa en el distrito.
Un distrito dividido por la vacancia
Sin embargo, la controversia no se limita a una sola posición. Mientras un sector de la población respalda la vacancia y exige la salida definitiva de Llallico, otro grupo ha manifestado públicamente su rechazo a esa medida.
La discusión se intensificó luego de conocerse que la gerencia municipal remitió al JNE un memorial suscrito por dirigentes vecinales, comunales y pobladores de diversos sectores de El Tambo, documento en el que se cuestiona el proceso de vacancia y se critica la participación del regidor Iván Medina en la promoción de dicho procedimiento.
La existencia de posturas contrapuestas evidencia una creciente polarización en el distrito. Lo que inicialmente fue un proceso político-administrativo ha terminado involucrando a organizaciones sociales y vecinos que mantienen visiones opuestas sobre el futuro de la gestión municipal.
La incertidumbre impacta en la gobernabilidad
Mientras el debate continúa, la falta de una decisión definitiva por parte del JNE mantiene en suspenso la conducción política de una de las jurisdicciones más importantes de la región Junín.
Analistas y ciudadanos coinciden en que la prolongación de la incertidumbre no solo retrasa la definición de la autoridad municipal, sino que también contribuye a un clima de confrontación que podría agravar la crisis de gobernabilidad en El Tambo.
Por ahora, la expectativa se concentra en la resolución que emita el máximo organismo electoral del país. Hasta entonces, la pregunta que sigue resonando entre los vecinos es la misma: ¿cuánto tiempo más deberá esperar El Tambo para conocer quién conducirá oficialmente los destinos del distrito?
Pumpunya, uno de los sectores más afectados por el sismo que sacudió el sur del Valle del Mantaro, aún enfrenta las consecuencias del desastre. Viviendas destruidas, familias en carpas y servicios pendientes evidencian que la emergencia continúa.
Ha transcurrido un mes desde el sismo que golpeó la zona sur del Valle del Mantaro, pero en Pumpunya la emergencia todavía no termina. En este sector, uno de los más afectados, permanecen viviendas reducidas a escombros, familias refugiadas en carpas y estructuras que continúan debilitándose debido a las réplicas. El desastre dejó cinco personas fallecidas y decenas de heridos.
La presidenta de la Comunidad Campesina de Pumpunya, Karina Lozano Poucar, recuerda aquella noche como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Había regresado de Huancayo junto a su hijo y se encontraba llegando a su vivienda cuando comenzó el movimiento sísmico.
El fuerte estruendo, el corte del suministro eléctrico y el derrumbe de las viviendas desencadenaron una emergencia inmediata. Ante la falta de maquinaria y herramientas, los propios pobladores tuvieron que organizarse para rescatar a sus vecinos utilizando sus manos, entre el adobe y la tierra.
“A veces recuerdo y duele”, relata Lozano al evocar a las personas que encontró heridas o atrapadas entre los escombros.
Familias aún esperan viviendas temporales
Un mes después del desastre, los pobladores continúan realizando faenas comunales para retirar escombros y demoler las viviendas que quedaron inhabitables. Sin embargo, la proximidad de la temporada de lluvias incrementa la preocupación entre las familias que permanecen en carpas.
Según la dirigente comunal, hasta el momento se han instalado 48 módulos temporales, una cantidad que considera insuficiente frente al número de familias damnificadas.
La situación es especialmente preocupante porque gran parte de los pobladores depende de la agricultura y la ganadería. La emergencia no solo destruyó viviendas, sino que también afectó parte de sus medios de subsistencia.
“Mi pueblo ha sido muy olvidado”, sostiene Lozano, quien reclama que el proceso de reconstrucción no se limite a la reposición de viviendas, sino que incluya caminos, servicios básicos y las condiciones necesarias para que las familias puedan recuperar sus actividades económicas.
El dolor de las familias de las víctimas
Para Yolanda Bautista Pérez, de 69 años, hermana de una de las víctimas, el dolor permanece. Su sobrino resultó herido durante el sismo y tuvo que ser hospitalizado, aunque posteriormente logró recuperarse.
Ella, sin embargo, todavía asegura que le cuesta asimilar la muerte de su hermana. Recuerda que durante los primeros días de la emergencia recibió alimentos y ayuda, pero cuestiona que los trabajos de reconstrucción no avancen al mismo ritmo.
También reclama el retiro de los escombros que permanecen en distintos puntos de la comunidad y que representan un riesgo para las familias.
La losa deportiva, símbolo de la emergencia
La losa deportiva de Pumpunya se convirtió durante la emergencia en uno de los principales puntos de atención. Allí se instalaron carpas, se atendió a personas heridas y se velaron los cuerpos de las víctimas.
A un mes del desastre, el mismo espacio volvió a congregar a los pobladores durante una misa en memoria de las cinco personas que perdieron la vida.
El padre Ricardo Chara, párroco de Santiago Apóstol de Chongos Bajo, recordó que la Iglesia acompañó a las familias desde las primeras horas de la emergencia y advirtió que las consecuencias del sismo no son únicamente materiales.
El impacto emocional, señaló, también continúa afectando a la población, especialmente a niños y adultos mayores, quienes todavía enfrentan temor ante las réplicas.
“Pumpunya se va a levantar”
Mientras las réplicas mantienen la preocupación entre los pobladores y la llegada de las lluvias genera nuevos riesgos, Pumpunya intenta recuperarse con sus propios recursos.
La comunidad continúa organizando faenas para retirar escombros y recuperar lo que sea posible. Sin embargo, sus autoridades consideran que la respuesta del Estado debe ir más allá de la atención inicial de la emergencia.
La demanda es concreta: reconstruir viviendas, recuperar caminos y servicios básicos y garantizar las condiciones para que las familias puedan volver a trabajar y recuperar sus medios de vida.
“Pumpunya se va a levantar”, afirma Karina Lozano. Pero esta vez, la comunidad espera no tener que hacerlo sola.
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, principal establecimiento de referencia y de mayor complejidad de la región Junín, enfrenta una situación crítica debido a la falta sostenida de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y equipos, según alertó el Cuerpo Médico de la institución.
Durante una conferencia de prensa, los profesionales señalaron que las carencias vienen afectando servicios esenciales como Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Centro Quirúrgico y Hospitalización. Advirtieron que, ante la falta de determinados materiales, algunas familias se ven obligadas a asumir con sus propios recursos la compra de insumos necesarios para la atención de sus pacientes.
Médicos cuestionan brecha presupuestal de S/50 millones
La preocupación alcanza también al manejo de los recursos públicos. De acuerdo con el análisis institucional del propio hospital, existe un déficit de hasta S/50 millones para atender las necesidades del establecimiento.
El Cuerpo Médico cuestionó que, pese a la importancia del hospital dentro de la red regional, no exista claridad respecto al origen de esta brecha ni una respuesta concreta que permita garantizar los recursos necesarios para mantener los servicios operativos.
Los profesionales exigieron al Gobierno Regional de Junín determinar si el problema responde a transferencias insuficientes por parte del Gobierno Nacional, a dificultades en la ejecución presupuestal regional o a ambos factores.
Riesgo de cierre de servicios por falta de especialistas
A la escasez de insumos se suma la falta de médicos especialistas. El Cuerpo Médico advirtió que algunos servicios podrían dejar de funcionar debido a que las plazas disponibles no resultan suficientemente atractivas para los profesionales, principalmente por las limitaciones presupuestales.
En otros casos, explicaron, el problema está relacionado con la limitada disponibilidad de especialistas formados en determinadas áreas.
Los médicos también señalaron deficiencias vinculadas con instrumentos de gestión desactualizados y problemas de infraestructura en áreas críticas, factores que dificultan el adecuado funcionamiento del establecimiento.
Médicos dejarán constancia de los riesgos
Ante este escenario, el Cuerpo Médico anunció que formalizará las deficiencias detectadas mediante fichas de notificación de riesgo, con el objetivo de dejar constancia de las condiciones en las que vienen desarrollándose las actividades asistenciales.
Los profesionales señalaron que deslindarán responsabilidades ante eventuales complicaciones o eventos adversos que pudieran estar relacionados con la falta de medicamentos, insumos, dispositivos médicos o fallas en los equipos.
La advertencia coloca la situación del Hospital Carrión más allá de una controversia estrictamente administrativa. Para los médicos, las deficiencias presupuestales y operativas ya tienen un impacto directo en la atención de los pacientes y podrían comprometer la seguridad de quienes acuden al principal hospital de referencia de Junín.
Las familias damnificadas siguen esperando una solución. Las autoridades advierten que los módulos no serían suficientes.
A un mes del sismo del 18 de julio, cientos de familias en Junín continúan sin una solución habitacional. Solo 48 de los 500 módulos de vivienda anunciados por el Ministerio de Vivienda han sido instalados, informó José Vásquez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional.
En los primeros siete distritos en emergencia se registraron 2,136 viviendas destruidas o inhabitables. Con la ampliación a 20 distritos, la cifra supera las 3,500 viviendas afectadas.
Vásquez advirtió que los 500 módulos no alcanzarían para cubrir la demanda. También señaló demoras en la validación de los padrones municipales. Este proceso define qué familias recibirán módulos y cuáles accederán al bono de alquiler de emergencia.
Hasta ahora, las intervenciones se concentran en Chongos Bajo y parte de Chupuro. Las familias siguen en condiciones precarias a la espera de ayuda.
Ante esta situación, el Gobierno Regional y los alcaldes acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda. Piden un cronograma claro para la entrega de módulos y las demás acciones pendientes.
Vásquez remarcó que las familias no pueden seguir en carpas. Advirtió que la temporada de lluvias podría agravar su situación.
Educación avanza, salud sigue pendiente
En Educación, ya llegaron 60 módulos tipo domo. Veinte fueron instalados semanas atrás. Los otros 40 llegaron recientemente.
Estos módulos permitirán continuar las clases en las zonas afectadas.
En Salud, la situación sigue sin solución. Dos centros de salud permanecen inoperativos. Requieren módulos para restablecer la atención.
A un mes del desastre, las autoridades regionales piden acelerar la respuesta del Gobierno central. Las familias siguen esperando una solución que les permita dejar las carpas y recuperar condiciones básicas de vida.
