Regidor José Ortiz presentó ante el Concejo Municipal denuncias de trabajadores sobre presuntos cambios irregulares de funciones, posibles favorecimientos y el uso de una unidad vehicular de propiedad municipal. El subgerente del área rechazó los cuestionamientos y defendió sus decisiones.
El área de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Huancayo enfrenta nuevos cuestionamientos. El regidor José Ortiz presentó ante el pleno del Concejo Municipal una serie de denuncias formuladas por trabajadores del sector, quienes cuestionan presuntos cambios irregulares de funciones, posibles favorecimientos y el uso de una camioneta municipal.
Cuestionan cambio de funciones
Uno de los casos corresponde a María Leydi Campos Román. Según un memorial que presentaron trabajadores del área, Campos Román mantiene un contrato para realizar labores relacionadas con el mantenimiento de calles; sin embargo, actualmente cumpliría funciones administrativas en el almacén de Limpieza Pública.
Los trabajadores pidieron identificar al funcionario que ordenó el cambio, conocer los criterios que sustentaron la decisión y determinar si la administración cumplió con el procedimiento correspondiente.
Durante su intervención, Ortiz también mencionó un supuesto vínculo sentimental entre Campos Román y el subgerente de Limpieza Pública, Fredy Mauricio Quispe. El regidor aclaró que la versión constituye una presunción y sostuvo que las autoridades deben investigarla para determinar si alguien favoreció a la trabajadora en la asignación de funciones.
El memorial también menciona que otros familiares de Campos Román, entre ellos tíos y primos, tendrían vínculos laborales con el área. Asimismo, durante la sesión señalaron que la trabajadora es hija de Sergio Campos, representante sindical de los trabajadores de Limpieza Pública.
Las autoridades deberán verificar estos datos y determinar si configuran alguna irregularidad administrativa.
Piden esclarecer uso de camioneta municipal
El regidor Ortiz también cuestionó el uso de la camioneta municipal de placa W5F-795.
Según la información que presentó ante el Concejo, la unidad salió del local de Limpieza Pública el lunes 24 de agosto y regresó aproximadamente a las 8:00 de la mañana del martes 25, después de trasladarse hasta el Coliseo Municipal.
Ortiz pidió identificar al funcionario que autorizó el desplazamiento y precisar el motivo del traslado. También solicitó determinar si el personal utilizó la unidad conforme a las normas municipales.
Subgerente rechaza los cuestionamientos
El subgerente de Limpieza Pública, Fredy Mauricio Quispe, rechazó las acusaciones y negó que utilice criterios personales para decidir la rotación o el cambio de funciones del personal.
Quispe afirmó que toma sus decisiones con base en criterios de legalidad y debido proceso. Además, aseguró que cuenta con documentos y evidencias que sustentan las medidas que adoptó en el área.
Sobre el supuesto vínculo sentimental mencionado durante la sesión, el funcionario decidió no pronunciarse y señaló que ese aspecto pertenece a su vida privada. También sostuvo que las acusaciones afectan a su familia y advirtió que, de ser necesario, recurrirá a las vías legales correspondientes.
Quispe negó igualmente haber maltratado a las trabajadoras. Aseguró que mantiene una relación de respeto con el personal y explicó que las exigencias que plantea responden a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las labores asignadas.
Autoridades evaluarán las denuncias
Ortiz informó que solicitó el descargo de la Gerencia de Servicios Públicos. Por su parte, Quispe manifestó que responderá a los cuestionamientos y entregará la información que corresponda.
Las instancias administrativas deberán revisar los casos y determinar si las decisiones cuestionadas vulneraron alguna norma. La investigación también deberá establecer si existieron irregularidades en la asignación de funciones, las contrataciones mencionadas o el uso de bienes municipales.
Mientras las autoridades no concluyan estas evaluaciones, los señalamientos mantienen el carácter de denuncias y presunciones.
Autoridades anuncian operativos y multas de hasta el 10 % de una UIT para conductores que se nieguen a recoger estudiantes.
Algunos conductores de transporte público se negarían a recoger a escolares en puntos peligrosos de Huancayo. Esta situación dejaría a los menores en plena vía pública.
La Policía alertó sobre estos casos. También advirtió que los escolares enfrentan mayores riesgos en zonas donde se han registrado peleas y otros hechos violentos.
El jefe de la Región Policial Junín, general César Calero, pidió a los transportistas recoger a los estudiantes. También los exhortó a no dejarlos esperando en lugares peligrosos.
Ante esta alerta, la Municipalidad Provincial de Huancayo anunció operativos inopinados. Los inspectores acudirán a los puntos identificados por la Policía.
Vigilarán zonas con alta presencia de escolares
El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, informó que reforzarán la vigilancia.
Los inspectores supervisarán los exteriores de los colegios. También recorrerán la avenida Ferrocarril y algunos óvalos.
En estos puntos se concentra una gran cantidad de escolares.
Quispe advirtió que los conductores que rechacen a estudiantes podrían recibir una multa de hasta el 10 % de una UIT. La sanción dependerá de la infracción cometida.
Piden reportar a conductores
El funcionario pidió a los ciudadanos reportar estos casos. Para ello, deberán registrar la placa del vehículo.
También recomendó tomar fotografías o videos. Estos elementos ayudarán a acreditar la presunta infracción. Además, permitirán identificar a la empresa responsable.
Quispe cuestionó otra práctica. Algunos conductores obligarían a los escolares a viajar de pie pese a que pagan el pasaje escolar.
El funcionario recordó que los transportistas deben respetar a los estudiantes. También rechazó cualquier maltrato por el uso de esta tarifa.
Huancayo, Chilca y El Tambo coordinarán operativos
La Municipalidad de Huancayo coordinará acciones con la Policía. También trabajará con las municipalidades de Chilca y El Tambo.
Las autoridades intervendrán en los puntos con mayor demanda de transporte. Allí buscarán reducir los riesgos para los escolares.
Además, pidieron apoyo a los padres de familia y representantes de los colegios. Los ciudadanos también podrán reportar estos casos.
Las autoridades buscan evitar que los menores esperen solos en calles peligrosas.
La Contraloría advierte que la falta de financiamiento, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento de pagos figuran entre las principales causas. El Gobierno Regional de Junín registra 14 proyectos paralizados, entre ellos el Hospital Higa Arakaki, en Satipo.
Junín registra actualmente 90 obras paralizadas, de acuerdo con el reporte de la Contraloría General de la República. Entre las principales causas identificadas se encuentran la falta de recursos financieros y liquidez, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento del pago de valorizaciones.
El gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga, señaló que la mayor concentración de proyectos detenidos corresponde a los gobiernos locales. En total, 49 municipalidades distritales registran obras en condición de paralización.
Hospital Higa Arakaki lleva más de tres años detenido
El Gobierno Regional de Junín registra 14 obras paralizadas. Entre ellas se encuentra el Hospital Higa Arakaki, ubicado en la provincia de Satipo, cuya ejecución permanece detenida desde hace más de tres años.
El proyecto forma parte de una extensa lista de obras que, pese al tiempo transcurrido, no logran culminarse. La paralización genera preocupación debido a la necesidad de la población de contar con servicios de salud e infraestructura adecuados.
Centro de salud de Chongos Alto también permanece paralizado
Otro de los casos que ha llamado la atención de la Contraloría se encuentra en el distrito de Chongos Alto, donde un centro de salud lleva más de un año con la ejecución paralizada.
La situación se agravó luego de que el establecimiento que brindaba atención a los pobladores quedara inhabitable tras los sismos registrados el 18 de julio. El centro de salud atiende a población procedente de Huasicancha, Chicche y Chongos Alto.
La paralización de la obra representa un problema adicional para los habitantes de estas localidades, debido a la necesidad de contar con un establecimiento que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.
Contraloría realiza acciones para destrabar proyectos
Lizárraga explicó que la Contraloría viene revisando la documentación correspondiente a las obras paralizadas con el objetivo de identificar los problemas que impiden su continuidad.
Según indicó, durante el año pasado se contribuyó a reactivar dos obras, mientras que en lo que va de este año se han realizado cinco servicios de control preventivo orientados a identificar dificultades y contribuir al destrabe de proyectos.
El funcionario sostuvo que la paralización de obras no solo retrasa la atención de las necesidades de la población, sino que también debilita la institucionalidad y alimenta la percepción de que una obra inconclusa es sinónimo de corrupción.
Ante este escenario, consideró necesario que las autoridades asuman el reto de identificar oportunamente los problemas que afectan a cada proyecto, gestionar los recursos presupuestales necesarios y resolver las controversias con los contratistas.
El objetivo, señaló, debe ser evitar que obras de importancia para la población, como el Hospital Higa Arakaki, continúen acumulando años de retraso sin una solución que permita retomar y culminar su ejecución.
La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales semafóricos tras el fallecimiento de un estudiante de Enfermería. Electrocentro cortó el suministro por falta de pago y el sistema permanece inoperativo.
El semáforo que la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló en una peligrosa intersección de cinco esquinas de Pilcomayo permanece apagado por falta de pago del servicio eléctrico.
La tragedia que motivó la instalación ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando el estudiante de Enfermería Nain Asorsa Herrera, de 22 años, murió mientras se dirigía al IREN Centro para realizar sus prácticas preprofesionales.
Tras el accidente, los vecinos exigieron medidas de seguridad para reducir el riesgo en esta intersección. En respuesta, la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales de semáforo y puso inicialmente el sistema en funcionamiento.
Sin embargo, Electrocentro cortó el suministro eléctrico por falta de pago, por lo que actualmente solo permanece la infraestructura mientras los equipos permanecen apagados.
Pilcomayo debe asumir el pago
El gerente de Tránsito y Transporte de Huancayo, Jorge Quispe, señaló que la Municipalidad de Pilcomayo debe formalizar el suministro eléctrico y asumir el costo mensual del servicio, que bordearía entre S/30 y S/40.
Quispe explicó que la Municipalidad Provincial de Huancayo ya entregó la documentación y los contactos necesarios para que Pilcomayo complete el trámite y garantice el suministro eléctrico.
El funcionario también lanzó una advertencia: si ocurre otro accidente mientras el semáforo permanece apagado, la responsabilidad recaería en la Municipalidad de Pilcomayo, debido a que Huancayo ya instaló los equipos y comunicó a la comuna distrital que debía garantizar el suministro eléctrico.
Vecinos siguen expuestos al peligro
Mientras las autoridades mantienen pendiente la solución del pago, los vecinos continúan enfrentando el riesgo en la misma intersección donde ocurrió la tragedia.
La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló el semáforo como una medida para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes. No obstante, la falta de pago mantiene apagado el sistema y deja sin funcionamiento una infraestructura que debía reforzar la seguridad de peatones y conductores.
