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Damnificados siguen en carpas y reconstrucción no avanza: Contraloría pone bajo la lupa a municipios

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Damnificados siguen en carpas y reconstrucción no avanza: Contraloría pone bajo la lupa a municipios

A casi dos meses del sismo que golpeó el sur del Valle del Mantaro, más de 30 auditores de la Contraloría General de la República recorrerán las zonas afectadas para verificar cómo las autoridades atendieron a las familias damnificadas, qué servicios básicos lograron recuperar y qué avances registran los proyectos de reconstrucción.

El operativo alcanzará a las municipalidades provinciales de Huancayo y Chupaca, además de las 10 municipalidades distritales declaradas en emergencia tras el movimiento telúrico del pasado 18 de julio.

Los equipos de control recopilarán información sobre la atención que brindaron las autoridades a las familias afectadas, la recuperación de los servicios básicos y los proyectos de rehabilitación y reconstrucción que iniciaron hasta este miércoles 9 de septiembre.

Contraloría ya detectó retrasos en Chongos Bajo

La fiscalización responde a deficiencias que la propia Contraloría detectó durante anteriores acciones de control. En Chongos Bajo, uno de los distritos más golpeados por el sismo, los funcionarios municipales demoraron el registro de afectados y damnificados en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

El órgano de control también encontró problemas en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria destinada a las familias damnificadas.

El cambio del responsable de Defensa Civil agravó las demoras. Tras asumir el nuevo funcionario, la municipalidad solicitó nuevas claves para ingresar al SINPAD, pero la habilitación no llegó oportunamente. Esta situación retrasó el registro de las familias afectadas.

Registro incompleto podría complicar la reconstrucción

La demora no constituye el único problema. La Contraloría también encontró vacíos en la información que las autoridades registraron en el sistema.

En algunos casos, los funcionarios no precisaron cómo ocupaban las familias sus viviendas, qué nivel de daño sufrió cada inmueble ni las direcciones exactas de los damnificados.

Estos vacíos pueden complicar la siguiente etapa del proceso, porque las autoridades necesitan información precisa para identificar a los beneficiarios, priorizar intervenciones y planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Familias todavía permanecen en carpas

Mientras las autoridades avanzan con las acciones de respuesta, algunas familias damnificadas continúan viviendo en condiciones precarias. En distintos sectores, los afectados todavía permanecen en carpas y espacios provisionales, mientras enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos adecuados.

El proceso de reconstrucción, además, acumula más de un mes de retraso, según las observaciones recogidas hasta el momento. Esta demora mantiene la incertidumbre entre las familias que esperan recuperar sus viviendas y contar nuevamente con servicios esenciales.

Contraloría emitirá 20 informes

Durante el operativo, la Contraloría verificará qué medidas adoptaron las autoridades, qué acciones mantienen pendientes y qué obstáculos continúan afectando la respuesta a la emergencia.

Al finalizar la intervención, los auditores elaborarán 20 informes de control. Estos documentos podrán señalar las situaciones encontradas, recomendar medidas correctivas y, cuando corresponda, establecer responsabilidades dentro de las competencias del órgano de control.

Con esta fiscalización, la Contraloría busca que las autoridades corrijan las deficiencias detectadas y aceleren la atención de las familias afectadas por el sismo, casi dos meses después de la emergencia.

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Escolares quedan expuestos en zonas peligrosas ante negativa de combis a recogerlos en Huancayo

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Escolares quedan expuestos en zonas peligrosas ante negativa de combis a recogerlos en Huancayo

Autoridades anuncian operativos y multas de hasta el 10 % de una UIT para conductores que se nieguen a recoger estudiantes.

Algunos conductores de transporte público se negarían a recoger a escolares en puntos peligrosos de Huancayo. Esta situación dejaría a los menores en plena vía pública.

La Policía alertó sobre estos casos. También advirtió que los escolares enfrentan mayores riesgos en zonas donde se han registrado peleas y otros hechos violentos.

El jefe de la Región Policial Junín, general César Calero, pidió a los transportistas recoger a los estudiantes. También los exhortó a no dejarlos esperando en lugares peligrosos.

Ante esta alerta, la Municipalidad Provincial de Huancayo anunció operativos inopinados. Los inspectores acudirán a los puntos identificados por la Policía.

Vigilarán zonas con alta presencia de escolares

El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, informó que reforzarán la vigilancia.

Los inspectores supervisarán los exteriores de los colegios. También recorrerán la avenida Ferrocarril y algunos óvalos.

En estos puntos se concentra una gran cantidad de escolares.

Quispe advirtió que los conductores que rechacen a estudiantes podrían recibir una multa de hasta el 10 % de una UIT. La sanción dependerá de la infracción cometida.

Piden reportar a conductores

El funcionario pidió a los ciudadanos reportar estos casos. Para ello, deberán registrar la placa del vehículo.

También recomendó tomar fotografías o videos. Estos elementos ayudarán a acreditar la presunta infracción. Además, permitirán identificar a la empresa responsable.

Quispe cuestionó otra práctica. Algunos conductores obligarían a los escolares a viajar de pie pese a que pagan el pasaje escolar.

El funcionario recordó que los transportistas deben respetar a los estudiantes. También rechazó cualquier maltrato por el uso de esta tarifa.

Huancayo, Chilca y El Tambo coordinarán operativos

La Municipalidad de Huancayo coordinará acciones con la Policía. También trabajará con las municipalidades de Chilca y El Tambo.

Las autoridades intervendrán en los puntos con mayor demanda de transporte. Allí buscarán reducir los riesgos para los escolares.

Además, pidieron apoyo a los padres de familia y representantes de los colegios. Los ciudadanos también podrán reportar estos casos.

Las autoridades buscan evitar que los menores esperen solos en calles peligrosas.

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Junín acumula 90 obras paralizadas: algunos proyectos llevan más de tres años detenidos

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Junín acumula 90 obras paralizadas: algunos proyectos llevan más de tres años detenidos

La Contraloría advierte que la falta de financiamiento, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento de pagos figuran entre las principales causas. El Gobierno Regional de Junín registra 14 proyectos paralizados, entre ellos el Hospital Higa Arakaki, en Satipo.

Junín registra actualmente 90 obras paralizadas, de acuerdo con el reporte de la Contraloría General de la República. Entre las principales causas identificadas se encuentran la falta de recursos financieros y liquidez, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento del pago de valorizaciones.

El gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga, señaló que la mayor concentración de proyectos detenidos corresponde a los gobiernos locales. En total, 49 municipalidades distritales registran obras en condición de paralización.

Hospital Higa Arakaki lleva más de tres años detenido

El Gobierno Regional de Junín registra 14 obras paralizadas. Entre ellas se encuentra el Hospital Higa Arakaki, ubicado en la provincia de Satipo, cuya ejecución permanece detenida desde hace más de tres años.

El proyecto forma parte de una extensa lista de obras que, pese al tiempo transcurrido, no logran culminarse. La paralización genera preocupación debido a la necesidad de la población de contar con servicios de salud e infraestructura adecuados.

Centro de salud de Chongos Alto también permanece paralizado

Otro de los casos que ha llamado la atención de la Contraloría se encuentra en el distrito de Chongos Alto, donde un centro de salud lleva más de un año con la ejecución paralizada.

La situación se agravó luego de que el establecimiento que brindaba atención a los pobladores quedara inhabitable tras los sismos registrados el 18 de julio. El centro de salud atiende a población procedente de Huasicancha, Chicche y Chongos Alto.

La paralización de la obra representa un problema adicional para los habitantes de estas localidades, debido a la necesidad de contar con un establecimiento que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Contraloría realiza acciones para destrabar proyectos

Lizárraga explicó que la Contraloría viene revisando la documentación correspondiente a las obras paralizadas con el objetivo de identificar los problemas que impiden su continuidad.

Según indicó, durante el año pasado se contribuyó a reactivar dos obras, mientras que en lo que va de este año se han realizado cinco servicios de control preventivo orientados a identificar dificultades y contribuir al destrabe de proyectos.

El funcionario sostuvo que la paralización de obras no solo retrasa la atención de las necesidades de la población, sino que también debilita la institucionalidad y alimenta la percepción de que una obra inconclusa es sinónimo de corrupción.

Ante este escenario, consideró necesario que las autoridades asuman el reto de identificar oportunamente los problemas que afectan a cada proyecto, gestionar los recursos presupuestales necesarios y resolver las controversias con los contratistas.

El objetivo, señaló, debe ser evitar que obras de importancia para la población, como el Hospital Higa Arakaki, continúen acumulando años de retraso sin una solución que permita retomar y culminar su ejecución.

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Municipalidad de Pilcomayo no asume pago y semáforo instalado tras muerte de estudiante sigue apagado

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Municipalidad de Pilcomayo no asume pago y semáforo instalado tras muerte de estudiante sigue apagado

La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales semafóricos tras el fallecimiento de un estudiante de Enfermería. Electrocentro cortó el suministro por falta de pago y el sistema permanece inoperativo.

El semáforo que la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló en una peligrosa intersección de cinco esquinas de Pilcomayo permanece apagado por falta de pago del servicio eléctrico.

La tragedia que motivó la instalación ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando el estudiante de Enfermería Nain Asorsa Herrera, de 22 años, murió mientras se dirigía al IREN Centro para realizar sus prácticas preprofesionales.

Tras el accidente, los vecinos exigieron medidas de seguridad para reducir el riesgo en esta intersección. En respuesta, la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales de semáforo y puso inicialmente el sistema en funcionamiento.

Sin embargo, Electrocentro cortó el suministro eléctrico por falta de pago, por lo que actualmente solo permanece la infraestructura mientras los equipos permanecen apagados.

Pilcomayo debe asumir el pago

El gerente de Tránsito y Transporte de Huancayo, Jorge Quispe, señaló que la Municipalidad de Pilcomayo debe formalizar el suministro eléctrico y asumir el costo mensual del servicio, que bordearía entre S/30 y S/40.

Quispe explicó que la Municipalidad Provincial de Huancayo ya entregó la documentación y los contactos necesarios para que Pilcomayo complete el trámite y garantice el suministro eléctrico.

El funcionario también lanzó una advertencia: si ocurre otro accidente mientras el semáforo permanece apagado, la responsabilidad recaería en la Municipalidad de Pilcomayo, debido a que Huancayo ya instaló los equipos y comunicó a la comuna distrital que debía garantizar el suministro eléctrico.

Vecinos siguen expuestos al peligro

Mientras las autoridades mantienen pendiente la solución del pago, los vecinos continúan enfrentando el riesgo en la misma intersección donde ocurrió la tragedia.

La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló el semáforo como una medida para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes. No obstante, la falta de pago mantiene apagado el sistema y deja sin funcionamiento una infraestructura que debía reforzar la seguridad de peatones y conductores.

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