Los familiares de la universitaria asesinada en Lima exigen cadena perpetua para el principal sospechoso y piden investigar si existen otras posibles víctimas. Los restos de la joven llegaron a Huancayo, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

Entre lágrimas y pedidos de justicia, los familiares recibieron en Huancayo los restos de Yestelin Torres Común (20), la joven universitaria asesinada en Lima. En medio del dolor, exigieron cadena perpetua para Daniel Sebastián Chahuayo Yauri (28), detenido como principal sospechoso del crimen. Asimismo, pidieron a las autoridades investigar los presuntos antecedentes de acoso y posibles denuncias anteriores contra el investigado.

Prima revela que el detenido habría acosado a Yestelin durante tres años

Desde el velorio, Lizbeth Ramos, prima de la víctima, reveló que el detenido habría intentado acercarse a Yestelin durante aproximadamente tres años, pese a que la joven rechazaba sus invitaciones. Según su testimonio, el hombre era conocido por los familiares y las amistades de la universitaria; sin embargo, presuntamente utilizaba otro nombre y decía tener menos edad de la que realmente tenía.

La familiar también contó que el investigado buscaba constantemente salir con Yestelin e incluso le ofrecía cubrir todos sus gastos. Días antes del crimen, habría enviado mensajes a la joven y a sus amigas para decirles que estaba solo y que no tenía familiares en Lima. Posteriormente, habría asistido a una reunión en la que también participaba la universitaria.

Prima relata cómo el detenido habría trasladado a la joven a otro lugar

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia ocurrió durante la madrugada del crimen. De acuerdo con la versión de Ramos, después de consumir bebidas alcohólicas, las amigas de Yestelin comenzaron a quedarse dormidas repentinamente, mientras el investigado permanecía despierto.

Alrededor de las 4:30 a. m., el hombre se habría ofrecido a llevar a la joven hasta su domicilio. Sin embargo, según la denuncia familiar, no la habría llevado al destino indicado, sino que la trasladó a otro lugar.

Ante estos hechos, los familiares exigen que las autoridades profundicen las investigaciones, esclarezcan las circunstancias del crimen y determinen si existen otras posibles víctimas o antecedentes relacionados con el detenido.

Familia anuncia el sepelio de Yestelin y solicita apoyo económico

Los familiares despedirán a Yestelin Torres Común este miércoles 11 de noviembre, desde el mediodía, en el cementerio Los Ángeles de Huancayo.

Además, solicitaron la solidaridad de la población para afrontar los gastos funerarios. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Rebeca Común, madre de la joven, al número 966 104 127.

Finalmente, los familiares reiteraron su exigencia de justicia y pidieron que las autoridades esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de la universitaria.

Una mujer resultó herida luego de que la motocicleta en la que viajaba como copiloto colisionara contra un automóvil en la intersección de los jirones Angaraes y Junín.

El accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 8:40 de la noche. Tras lo ocurrido, personal del Serenazgo acudió al lugar y brindó auxilio a los ocupantes de la motocicleta.

Debido al impacto, la mujer sufrió lesiones y fue trasladada a la Clínica Ortega, donde recibió atención médica.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Central para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias del accidente.

Nancy Luz Baquerizo Inga recibió mensajes amenazantes por WhatsApp, fotografías de su vivienda e imágenes de armas. Los sujetos también le enviaron información sobre los movimientos de su esposo e hijas para intimidarla.

La directora de la Red de Salud Valle del Mantaro, Nancy Luz Baquerizo Inga, denunció que desconocidos la amenazan de muerte y le exigen un pago mensual a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Según relató la funcionaria, los extorsionadores la contactaron por WhatsApp y le enviaron mensajes intimidatorios con información personal de su entorno familiar. Los sujetos también le remitieron fotografías de su vivienda y detalles sobre las actividades cotidianas de su esposo e hijas, incluidos los centros educativos donde estudian las menores.

Los remitentes se identificaron como integrantes de una presunta organización criminal denominada “Los Michis del Cono Norte” y utilizaron estos datos para presionarla y exigirle dinero bajo amenazas.

Extorsionadores enviaron fotografías de armas y vigilarían su vivienda

Los desconocidos reforzaron sus amenazas con fotografías de armas de fuego y un video en el que aparece un arma junto a varios proyectiles. Además, aseguraron conocer los desplazamientos de la directora y sus familiares, lo que aumentó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos.

Ante estas intimidaciones, Baquerizo revisó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de su vivienda y de inmuebles vecinos. Según manifestó, encontró imágenes de personas que aparentemente vigilaban su domicilio.

La funcionaria anunció que entregará los registros audiovisuales a la Policía Nacional del Perú (PNP) para ayudar a identificar a los sospechosos y esclarecer los hechos.

“Estoy muy preocupada, pero presentaré la denuncia hoy mismo”, expresó al referirse a las amenazas.

Policía investigará amenazas y presunta extorsión

Las autoridades deberán identificar a los responsables de las comunicaciones y determinar si las personas captadas por las cámaras participaron en la vigilancia del domicilio de la funcionaria.

La investigación también permitirá establecer el alcance de las amenazas, verificar la presunta vinculación de los remitentes con la organización criminal que mencionaron y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso vuelve a poner en alerta a las autoridades frente a las modalidades de extorsión que utilizan información personal, vigilancia y amenazas contra familiares para presionar a sus víctimas y exigir pagos económicos.