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Directora de Educación plantea retomar la expulsión de escolares ante avance del bullying en Junín

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La directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete, planteó retomar la expulsión de estudiantes como medida disciplinaria frente a casos graves y reiterados de bullying y violencia escolar. La propuesta reabre el debate sobre las herramientas que utilizan los colegios para garantizar la convivencia y seguridad de los alumnos.

La respuesta ante los casos de bullying y violencia escolar en Junín vuelve a poner sobre la mesa la expulsión de estudiantes. La directora regional de Educación, Silvia Astete, respaldó la posibilidad de recuperar esta medida para afrontar situaciones graves dentro de las instituciones educativas.

La funcionaria sostuvo que los colegios podrían utilizar la expulsión como herramienta disciplinaria cuando un estudiante incurra en agresiones reiteradas o ponga en riesgo la convivencia y seguridad de sus compañeros. Según explicó, la medida también permitiría que los escolares asuman las consecuencias de sus actos.

Astete también señaló la responsabilidad que tienen las familias en la formación y conducta de sus hijos. Consideró que los padres deben involucrarse más cuando sus hijos incurren en actos de violencia, especialmente en aquellos casos en los que las intervenciones del colegio no logran frenar estas conductas.

La directora regional cuestionó, además, las dificultades que enfrentan docentes y auxiliares cuando aplican medidas correctivas. Explicó que algunos padres cuestionan al personal educativo cuando este interviene frente a comportamientos considerados inadecuados.

El planteamiento de Astete ocurre mientras Junín registra diversos casos de bullying, agresiones y presuntos hechos de violencia entre estudiantes. Ante este escenario, la funcionaria propuso revisar si las herramientas disciplinarias que actualmente utilizan los colegios permiten responder de manera efectiva a estas situaciones.

El debate no solo apunta a las sanciones para los estudiantes que cometen actos de violencia. También plantea revisar el papel de las familias, docentes y autoridades educativas en la prevención y atención de los casos que afectan la convivencia escolar.

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