Detrás de las paredes del Instituto Tecnológico Superior Público Pichanaki, el sueño de cientos de jóvenes de convertirse en profesionales se enfrenta a una realidad sombría: denuncias de acoso, presunta corrupción y el abandono de una infraestructura que amenaza con desplomarse.
La educación técnica debería ser el motor de cambio para Pichanaki, pero hoy es el escenario de una crisis ética que desvela lo peor del sistema. María Ángela Uribe Hilario, presidenta estudiantil, no solo representa a sus compañeros; hoy es la voz de una comunidad que ha decidido dejar de callar ante la injusticia.
El rastro del dinero: ¿Dónde están los aportes de los estudiantes?
Para un estudiante de la selva central, pagar una matrícula es un esfuerzo familiar inmenso. Por eso, el hallazgo de Uribe en el sistema financiero del Estado es alarmante. Según la dirigente, de los 160 mil soles que debieron ingresar por el pago de más de 500 alumnos, solo aparecían registrados 27 mil.
Aunque el dinero fue «regularizado» tras la denuncia, la pregunta queda en el aire: ¿Qué habría pasado si nadie fiscalizaba? Mientras el presupuesto se destina a gastos cuestionables —como más de 10 mil soles en refrigerios—, los jóvenes intentan aprender en computadoras obsoletas, víctimas de una gestión que parece priorizar el banquete sobre el pupitre.
Acoso y «fantasmas»: El miedo en los pasillos
Lo más doloroso de este caso no es el dinero, sino la integridad humana. La denuncia revela una herida abierta: presuntos casos de acoso sexual. Resulta indignante que, según el reporte estudiantil, un docente con procesos administrativos y medidas de alejamiento siga frente a una clase, vulnerando el derecho de las alumnas a un espacio seguro.
A esto se suma la sombra de la corrupción administrativa: «personal fantasma» en áreas de vigilancia y limpieza. Mientras se pagan sueldos a nombres que nadie ve, la infraestructura del instituto cumple 30 años sin mantenimiento, convirtiéndose en una trampa mortal para quienes solo buscan un mejor futuro.
El precio de alzar la voz
Fiscalizar en el Perú tiene un costo, y María Ángela lo está pagando. Tras exponer estas irregularidades, la dirigente denuncia una sistemática campaña de represalias: cursos desaprobados súbitamente y trabas administrativas para impedir su matrícula.
No es solo una disputa por papeles; es el intento de quebrar la voluntad de una líder joven. María Ángela hoy solicita garantías para su vida y su carrera, exigiendo que las autoridades educativas no miren hacia otro lado.
El Instituto de Pichanaki no necesita más parches; necesita una limpieza profunda. Porque cuando la corrupción entra en las aulas, lo que se termina robando no es solo dinero, sino la esperanza de toda una generación.