Mientras miles de profesionales buscan una oportunidad bajo el rigor de la ley, en la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) bastó una declaración jurada falsa para que el hermano del primer regidor de Huancayo lograra un contrato prohibido. La Contraloría destapa hoy una historia de filtros que fallaron y un beneficio que se quedó en familia.
En el papel, Wilder Rojer Alejo Arotoma era un «promotor de agronegocios» más. En la realidad, su apellido cargaba un impedimento legal que los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura (DRAJ) prefirieron ignorar o, simplemente, no quisieron revisar.
Tres años después de que se firmara el contrato, y con el dinero ya en los bolsillos del beneficiado, la Contraloría General de la República ha puesto nombre y apellido a una nueva irregularidad que golpea la confianza pública en Junín.
Un contrato bajo la sombra del poder
La historia se remonta a 2023. Wilder Alejo Arotoma postuló para brindar servicios en la DRAJ. Lo hizo firmando un documento donde aseguraba no tener conflictos de interés. Sin embargo, omitió un «detalle» crucial: su hermano, Saúl Fredy Alejo Arotoma, ya se desempeñaba como el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
La Ley de Contrataciones del Estado es tajante: los familiares directos de las autoridades no pueden contratar con el Estado en la misma jurisdicción. El objetivo es evitar que el poder político se convierta en una agencia de empleos para la familia. En este caso, la ley fue letra muerta.
Pagos ejecutados y una renuncia oportuna
Entre julio y octubre de ese año, Wilder Alejo recibió cuatro pagos de S/ 2,500, sumando un total de S/ 10,000. Aunque el contrato original era por S/ 17,500, el proveedor renunció antes de tiempo alegando «motivos de salud».
Lo que la Contraloría cuestiona no es solo la audacia del contratado al consignar información falsa, sino la negligencia de las áreas de Logística y Adquisiciones. ¿Cómo es posible que nadie cruzara información básica sobre el entorno familiar de un funcionario público tan visible?
Para la consejera regional Kelly Flores, la respuesta es clara: hubo una falta de verificación grave que hoy exige responsabilidades administrativas y legales. «Los funcionarios no revisaron el vínculo que invalidaba todo el proceso», advirtió.
¿Un patrón de conducta?
Este no parece ser un error aislado, sino parte de un esquema que se repite. El informe de control recuerda un antecedente que agrava la situación: en octubre de 2024, se reveló que otro hermano del regidor, Ever Cristian Alejo Arotoma, facturó más de S/ 102 mil a la Municipalidad de Sapallanga.
Mientras la Contraloría recién notificó el inicio de acciones legales este 6 de abril de 2026, el sentimiento en la calle es de una justicia que llega tarde. El dinero ya se pagó y el perjuicio a la transparencia del Estado ya está consumado.
Este caso vuelve a poner el foco sobre la urgencia de digitalizar y cruzar los datos de proveedores de forma automática. Mientras los filtros dependan de la «buena voluntad» de los funcionarios, el presupuesto de todos los huancaínos seguirá corriendo el riesgo de quedarse en la mesa de unos pocos privilegiados.
Se evidenció falta de coherencia entre la programación de guardias y la presencia real de personal asistencial en servicios esenciales.
La Contraloría General de la República realizó una intervención de control preventivo durante la madrugada en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Julio César Demarini Caro” y detectó la ausencia de tres médicos programados en áreas críticas, además de inconsistencias en la distribución del personal asistencial.
Durante la inspección en los servicios de Emergencia, Pediatría, Ginecología y Cirugía, los auditores verificaron que el personal que se encontraba de turno no coincidía con lo consignado en los documentos oficiales de programación del hospital.
Esta diferencia entre el rol de guardias y la presencia real de profesionales afectó la supervisión del servicio y redujo la capacidad de respuesta del establecimiento ante emergencias.
En el recorrido por las unidades críticas, los equipos de control constataron que tres médicos especialistas asignados al turno de madrugada no se encontraban en sus puestos de trabajo.
Además de estas ausencias, la Contraloría identificó deficiencias en la gestión de recursos humanos, así como problemas en el equipamiento y la infraestructura del hospital, lo que evidencia limitaciones estructurales en la atención.
Ante estos hallazgos, la Contraloría solicitó una reunión con el gobernador regional para presentar los resultados de la intervención y exigir la adopción inmediata de medidas correctivas que garanticen una atención adecuada a los pacientes.
La ejecución del saldo de obra de la Plaza Constitución volvió a quedar bajo cuestionamientos luego de que la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Junín presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta colusión agravada.
La procuradora Nora Flores Peñaloza formalizó la denuncia tras advertir presuntos actos irregulares en la obra ejecutada por el Consorcio Wanka.
Contraloría detecta observaciones en la obra
La Contraloría emitió el Informe de Control N.° 007-2026, elaborado en marzo, donde identificó observaciones durante la ejecución del proyecto, principalmente en los baños y las piletas.
El informe advierte que el proyecto valorizó reflectores subacuáticos que no cumplirían con las especificaciones técnicas exigidas en el expediente técnico. Según la denuncia, esta situación habría generado un posible sobrecosto superior a S/ 141 477,90.
El gerente municipal Joselyn Meza sostuvo que el equipo técnico levantó estas observaciones y afirmó que los reflectores aún no se instalan en las piletas de la plaza.
Detectan fallas en servicios higiénicos
La Contraloría también observó deficiencias estructurales en los servicios higiénicos. El informe detalla que los muros, columnas y cimientos presentan segregación, fisuras y juntas frías, lo que incumple el expediente técnico y compromete la calidad de la infraestructura.
Ante ello, el gerente municipal afirmó que las observaciones responden a apreciaciones subjetivas y negó que exista un sustento técnico que las respalde.
Fiscalía evalúa presunta concertación
La denuncia sostiene que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo habrían concertado con representantes del Consorcio Wanka, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado. La municipalidad, sin embargo, rechazó cualquier acuerdo irregular.
Las autoridades municipales aseguraron que colaborarán con las investigaciones del Ministerio Público. Indicaron además que aún no reciben notificación formal del caso.
Mientras tanto, no se descarta que la obra sea intervenida para realizar peritajes, lo que podría paralizar temporalmente los trabajos mientras avanzan las diligencias fiscales.
La crisis por el manejo de residuos sólidos en el distrito de El Tambo vuelve a tensar la relación entre municipalidades. La Municipalidad Provincial de Huancayo anunció una nueva fiscalización luego de que vecinos denunciaran acumulación de basura y deficiencias en el servicio de limpieza pública en diversos sectores del distrito.
Los ciudadanos registraron las alertas mediante el aplicativo “Reporte a Residuos”, implementado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En la plataforma, los vecinos reportaron falta de barrido y presencia de desechos en zonas transitadas como la Carretera Central y el Caminito de Huancayo.
El gerente de Servicios Públicos de la comuna provincial, Jhansell Espinoza, confirmó que el área técnica ya evalúa las denuncias y anunció que en los próximos días realizarán una intervención de campo para verificar la situación.
El funcionario también advirtió que, si las observaciones se repiten, la Municipalidad Provincial de Huancayo podría imponer sanciones económicas contra la Municipalidad Distrital de El Tambo. Además, informó que ya remitieron parte de la documentación a Procuraduría para que evalúe acciones legales, incluidas posibles denuncias penales por el presunto manejo inadecuado de residuos sólidos.
Las denuncias generaron preocupación entre vecinos y comerciantes de las zonas afectadas, quienes exigen una respuesta inmediata de las autoridades para evitar riesgos sanitarios y recuperar la limpieza en uno de los distritos más poblados de Huancayo.