El «negocio familiar» que el Estado no quiso ver: Hermano de regidor cobró S/ 10 mil en Agricultura Junín pese a prohibición

Mientras miles de profesionales buscan una oportunidad bajo el rigor de la ley, en la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) bastó una declaración jurada falsa para que el hermano del primer regidor de Huancayo lograra un contrato prohibido. La Contraloría destapa hoy una historia de filtros que fallaron y un beneficio que se quedó en familia.

En el papel, Wilder Rojer Alejo Arotoma era un «promotor de agronegocios» más. En la realidad, su apellido cargaba un impedimento legal que los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura (DRAJ) prefirieron ignorar o, simplemente, no quisieron revisar.

Tres años después de que se firmara el contrato, y con el dinero ya en los bolsillos del beneficiado, la Contraloría General de la República ha puesto nombre y apellido a una nueva irregularidad que golpea la confianza pública en Junín.

Un contrato bajo la sombra del poder

La historia se remonta a 2023. Wilder Alejo Arotoma postuló para brindar servicios en la DRAJ. Lo hizo firmando un documento donde aseguraba no tener conflictos de interés. Sin embargo, omitió un «detalle» crucial: su hermano, Saúl Fredy Alejo Arotoma, ya se desempeñaba como el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

La Ley de Contrataciones del Estado es tajante: los familiares directos de las autoridades no pueden contratar con el Estado en la misma jurisdicción. El objetivo es evitar que el poder político se convierta en una agencia de empleos para la familia. En este caso, la ley fue letra muerta.

Pagos ejecutados y una renuncia oportuna

Entre julio y octubre de ese año, Wilder Alejo recibió cuatro pagos de S/ 2,500, sumando un total de S/ 10,000. Aunque el contrato original era por S/ 17,500, el proveedor renunció antes de tiempo alegando «motivos de salud».

Lo que la Contraloría cuestiona no es solo la audacia del contratado al consignar información falsa, sino la negligencia de las áreas de Logística y Adquisiciones. ¿Cómo es posible que nadie cruzara información básica sobre el entorno familiar de un funcionario público tan visible?

Para la consejera regional Kelly Flores, la respuesta es clara: hubo una falta de verificación grave que hoy exige responsabilidades administrativas y legales. «Los funcionarios no revisaron el vínculo que invalidaba todo el proceso», advirtió.

¿Un patrón de conducta?

Este no parece ser un error aislado, sino parte de un esquema que se repite. El informe de control recuerda un antecedente que agrava la situación: en octubre de 2024, se reveló que otro hermano del regidor, Ever Cristian Alejo Arotoma, facturó más de S/ 102 mil a la Municipalidad de Sapallanga.

Mientras la Contraloría recién notificó el inicio de acciones legales este 6 de abril de 2026, el sentimiento en la calle es de una justicia que llega tarde. El dinero ya se pagó y el perjuicio a la transparencia del Estado ya está consumado.

Este caso vuelve a poner el foco sobre la urgencia de digitalizar y cruzar los datos de proveedores de forma automática. Mientras los filtros dependan de la «buena voluntad» de los funcionarios, el presupuesto de todos los huancaínos seguirá corriendo el riesgo de quedarse en la mesa de unos pocos privilegiados.