Mientras miles de profesionales buscan una oportunidad bajo el rigor de la ley, en la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) bastó una declaración jurada falsa para que el hermano del primer regidor de Huancayo lograra un contrato prohibido. La Contraloría destapa hoy una historia de filtros que fallaron y un beneficio que se quedó en familia.
En el papel, Wilder Rojer Alejo Arotoma era un «promotor de agronegocios» más. En la realidad, su apellido cargaba un impedimento legal que los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura (DRAJ) prefirieron ignorar o, simplemente, no quisieron revisar.
Tres años después de que se firmara el contrato, y con el dinero ya en los bolsillos del beneficiado, la Contraloría General de la República ha puesto nombre y apellido a una nueva irregularidad que golpea la confianza pública en Junín.
Un contrato bajo la sombra del poder
La historia se remonta a 2023. Wilder Alejo Arotoma postuló para brindar servicios en la DRAJ. Lo hizo firmando un documento donde aseguraba no tener conflictos de interés. Sin embargo, omitió un «detalle» crucial: su hermano, Saúl Fredy Alejo Arotoma, ya se desempeñaba como el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
La Ley de Contrataciones del Estado es tajante: los familiares directos de las autoridades no pueden contratar con el Estado en la misma jurisdicción. El objetivo es evitar que el poder político se convierta en una agencia de empleos para la familia. En este caso, la ley fue letra muerta.
Pagos ejecutados y una renuncia oportuna
Entre julio y octubre de ese año, Wilder Alejo recibió cuatro pagos de S/ 2,500, sumando un total de S/ 10,000. Aunque el contrato original era por S/ 17,500, el proveedor renunció antes de tiempo alegando «motivos de salud».
Lo que la Contraloría cuestiona no es solo la audacia del contratado al consignar información falsa, sino la negligencia de las áreas de Logística y Adquisiciones. ¿Cómo es posible que nadie cruzara información básica sobre el entorno familiar de un funcionario público tan visible?
Para la consejera regional Kelly Flores, la respuesta es clara: hubo una falta de verificación grave que hoy exige responsabilidades administrativas y legales. «Los funcionarios no revisaron el vínculo que invalidaba todo el proceso», advirtió.
¿Un patrón de conducta?
Este no parece ser un error aislado, sino parte de un esquema que se repite. El informe de control recuerda un antecedente que agrava la situación: en octubre de 2024, se reveló que otro hermano del regidor, Ever Cristian Alejo Arotoma, facturó más de S/ 102 mil a la Municipalidad de Sapallanga.
Mientras la Contraloría recién notificó el inicio de acciones legales este 6 de abril de 2026, el sentimiento en la calle es de una justicia que llega tarde. El dinero ya se pagó y el perjuicio a la transparencia del Estado ya está consumado.
Este caso vuelve a poner el foco sobre la urgencia de digitalizar y cruzar los datos de proveedores de forma automática. Mientras los filtros dependan de la «buena voluntad» de los funcionarios, el presupuesto de todos los huancaínos seguirá corriendo el riesgo de quedarse en la mesa de unos pocos privilegiados.
Pumpunya, uno de los sectores más afectados por el sismo que sacudió el sur del Valle del Mantaro, aún enfrenta las consecuencias del desastre. Viviendas destruidas, familias en carpas y servicios pendientes evidencian que la emergencia continúa.
Ha transcurrido un mes desde el sismo que golpeó la zona sur del Valle del Mantaro, pero en Pumpunya la emergencia todavía no termina. En este sector, uno de los más afectados, permanecen viviendas reducidas a escombros, familias refugiadas en carpas y estructuras que continúan debilitándose debido a las réplicas. El desastre dejó cinco personas fallecidas y decenas de heridos.
La presidenta de la Comunidad Campesina de Pumpunya, Karina Lozano Poucar, recuerda aquella noche como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Había regresado de Huancayo junto a su hijo y se encontraba llegando a su vivienda cuando comenzó el movimiento sísmico.
El fuerte estruendo, el corte del suministro eléctrico y el derrumbe de las viviendas desencadenaron una emergencia inmediata. Ante la falta de maquinaria y herramientas, los propios pobladores tuvieron que organizarse para rescatar a sus vecinos utilizando sus manos, entre el adobe y la tierra.
“A veces recuerdo y duele”, relata Lozano al evocar a las personas que encontró heridas o atrapadas entre los escombros.
Familias aún esperan viviendas temporales
Un mes después del desastre, los pobladores continúan realizando faenas comunales para retirar escombros y demoler las viviendas que quedaron inhabitables. Sin embargo, la proximidad de la temporada de lluvias incrementa la preocupación entre las familias que permanecen en carpas.
Según la dirigente comunal, hasta el momento se han instalado 48 módulos temporales, una cantidad que considera insuficiente frente al número de familias damnificadas.
La situación es especialmente preocupante porque gran parte de los pobladores depende de la agricultura y la ganadería. La emergencia no solo destruyó viviendas, sino que también afectó parte de sus medios de subsistencia.
“Mi pueblo ha sido muy olvidado”, sostiene Lozano, quien reclama que el proceso de reconstrucción no se limite a la reposición de viviendas, sino que incluya caminos, servicios básicos y las condiciones necesarias para que las familias puedan recuperar sus actividades económicas.
El dolor de las familias de las víctimas
Para Yolanda Bautista Pérez, de 69 años, hermana de una de las víctimas, el dolor permanece. Su sobrino resultó herido durante el sismo y tuvo que ser hospitalizado, aunque posteriormente logró recuperarse.
Ella, sin embargo, todavía asegura que le cuesta asimilar la muerte de su hermana. Recuerda que durante los primeros días de la emergencia recibió alimentos y ayuda, pero cuestiona que los trabajos de reconstrucción no avancen al mismo ritmo.
También reclama el retiro de los escombros que permanecen en distintos puntos de la comunidad y que representan un riesgo para las familias.
La losa deportiva, símbolo de la emergencia
La losa deportiva de Pumpunya se convirtió durante la emergencia en uno de los principales puntos de atención. Allí se instalaron carpas, se atendió a personas heridas y se velaron los cuerpos de las víctimas.
A un mes del desastre, el mismo espacio volvió a congregar a los pobladores durante una misa en memoria de las cinco personas que perdieron la vida.
El padre Ricardo Chara, párroco de Santiago Apóstol de Chongos Bajo, recordó que la Iglesia acompañó a las familias desde las primeras horas de la emergencia y advirtió que las consecuencias del sismo no son únicamente materiales.
El impacto emocional, señaló, también continúa afectando a la población, especialmente a niños y adultos mayores, quienes todavía enfrentan temor ante las réplicas.
“Pumpunya se va a levantar”
Mientras las réplicas mantienen la preocupación entre los pobladores y la llegada de las lluvias genera nuevos riesgos, Pumpunya intenta recuperarse con sus propios recursos.
La comunidad continúa organizando faenas para retirar escombros y recuperar lo que sea posible. Sin embargo, sus autoridades consideran que la respuesta del Estado debe ir más allá de la atención inicial de la emergencia.
La demanda es concreta: reconstruir viviendas, recuperar caminos y servicios básicos y garantizar las condiciones para que las familias puedan volver a trabajar y recuperar sus medios de vida.
“Pumpunya se va a levantar”, afirma Karina Lozano. Pero esta vez, la comunidad espera no tener que hacerlo sola.
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, principal establecimiento de referencia y de mayor complejidad de la región Junín, enfrenta una situación crítica debido a la falta sostenida de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y equipos, según alertó el Cuerpo Médico de la institución.
Durante una conferencia de prensa, los profesionales señalaron que las carencias vienen afectando servicios esenciales como Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Centro Quirúrgico y Hospitalización. Advirtieron que, ante la falta de determinados materiales, algunas familias se ven obligadas a asumir con sus propios recursos la compra de insumos necesarios para la atención de sus pacientes.
Médicos cuestionan brecha presupuestal de S/50 millones
La preocupación alcanza también al manejo de los recursos públicos. De acuerdo con el análisis institucional del propio hospital, existe un déficit de hasta S/50 millones para atender las necesidades del establecimiento.
El Cuerpo Médico cuestionó que, pese a la importancia del hospital dentro de la red regional, no exista claridad respecto al origen de esta brecha ni una respuesta concreta que permita garantizar los recursos necesarios para mantener los servicios operativos.
Los profesionales exigieron al Gobierno Regional de Junín determinar si el problema responde a transferencias insuficientes por parte del Gobierno Nacional, a dificultades en la ejecución presupuestal regional o a ambos factores.
Riesgo de cierre de servicios por falta de especialistas
A la escasez de insumos se suma la falta de médicos especialistas. El Cuerpo Médico advirtió que algunos servicios podrían dejar de funcionar debido a que las plazas disponibles no resultan suficientemente atractivas para los profesionales, principalmente por las limitaciones presupuestales.
En otros casos, explicaron, el problema está relacionado con la limitada disponibilidad de especialistas formados en determinadas áreas.
Los médicos también señalaron deficiencias vinculadas con instrumentos de gestión desactualizados y problemas de infraestructura en áreas críticas, factores que dificultan el adecuado funcionamiento del establecimiento.
Médicos dejarán constancia de los riesgos
Ante este escenario, el Cuerpo Médico anunció que formalizará las deficiencias detectadas mediante fichas de notificación de riesgo, con el objetivo de dejar constancia de las condiciones en las que vienen desarrollándose las actividades asistenciales.
Los profesionales señalaron que deslindarán responsabilidades ante eventuales complicaciones o eventos adversos que pudieran estar relacionados con la falta de medicamentos, insumos, dispositivos médicos o fallas en los equipos.
La advertencia coloca la situación del Hospital Carrión más allá de una controversia estrictamente administrativa. Para los médicos, las deficiencias presupuestales y operativas ya tienen un impacto directo en la atención de los pacientes y podrían comprometer la seguridad de quienes acuden al principal hospital de referencia de Junín.
Las familias damnificadas siguen esperando una solución. Las autoridades advierten que los módulos no serían suficientes.
A un mes del sismo del 18 de julio, cientos de familias en Junín continúan sin una solución habitacional. Solo 48 de los 500 módulos de vivienda anunciados por el Ministerio de Vivienda han sido instalados, informó José Vásquez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional.
En los primeros siete distritos en emergencia se registraron 2,136 viviendas destruidas o inhabitables. Con la ampliación a 20 distritos, la cifra supera las 3,500 viviendas afectadas.
Vásquez advirtió que los 500 módulos no alcanzarían para cubrir la demanda. También señaló demoras en la validación de los padrones municipales. Este proceso define qué familias recibirán módulos y cuáles accederán al bono de alquiler de emergencia.
Hasta ahora, las intervenciones se concentran en Chongos Bajo y parte de Chupuro. Las familias siguen en condiciones precarias a la espera de ayuda.
Ante esta situación, el Gobierno Regional y los alcaldes acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda. Piden un cronograma claro para la entrega de módulos y las demás acciones pendientes.
Vásquez remarcó que las familias no pueden seguir en carpas. Advirtió que la temporada de lluvias podría agravar su situación.
Educación avanza, salud sigue pendiente
En Educación, ya llegaron 60 módulos tipo domo. Veinte fueron instalados semanas atrás. Los otros 40 llegaron recientemente.
Estos módulos permitirán continuar las clases en las zonas afectadas.
En Salud, la situación sigue sin solución. Dos centros de salud permanecen inoperativos. Requieren módulos para restablecer la atención.
A un mes del desastre, las autoridades regionales piden acelerar la respuesta del Gobierno central. Las familias siguen esperando una solución que les permita dejar las carpas y recuperar condiciones básicas de vida.
