César Calero, jefe policial de Junín, advierte que los jueces debilitan las investigaciones complejas al desestimar delitos de lavado de activos y organización criminal.
El reconocimiento a 38 policías por su lucha contra el crimen terminó en una fuerte crítica hacia el sistema de justicia. El general PNP César Calero, jefe de la Región Policial Junín, aprovechó la ceremonia para mostrar su indignación frente a las decisiones judiciales que —según denunció— entorpecen el golpe final contra la delincuencia.
Jueces recortan la acusación
El malestar policial nace tras el reciente fallo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria. Durante la audiencia de prisión preventiva contra 16 detenidos de la presunta red “Los Tecnológicos I y II”, el magistrado decidió procesar al grupo solo por banda criminal y receptación agravada. Con esta medida, el juez dejó fuera de la acusación los delitos de organización criminal y lavado de activos.
Para el general Calero, esta decisión ignora el trabajo articulado que la Policía y el Ministerio Público realizaron durante años. La red, dedicada a la suplantación de identidad y delitos informáticos, manejaba una logística que sobrepasa la de una simple banda común.
Evidencias ignoradas
La Policía sostiene que los investigados poseen bienes que superan por mucho sus ingresos legales. Sin embargo, el juzgado descartó el delito de lavado de activos por la ausencia de un peritaje financiero, un argumento que Calero considera apresurado.
«Algunos magistrados descartan delitos de forma prematura, aun cuando el caso apenas inicia su etapa de investigación preparatoria», reclamó la autoridad policial.
Operativo en cifras
Pese al freno judicial, la Policía mantiene bajo custodia más de 2 mil celulares incautados. Actualmente, los peritos analizan cada equipo para extraer pruebas que obliguen al sistema de justicia a reconsiderar la gravedad del caso.
En la ceremonia, la PNP distinguió a los agentes Richard Jáuregui, Judith Huamán y Kiner Solano por su papel en esta captura. No obstante, el mensaje central fue claro: la Policía cumple con capturar, pero el Poder Judicial parece abrir la puerta de salida.