La obra Junín–Sacicucho–San Pedro de Pari quedó paralizada tras la resolución del contrato con el Consorcio Edificador. Además, existe el riesgo de no recuperar más de S/ 30 millones entregados como adelantos a la empresa.
A pocos meses de concluir la gestión del gobernador regional Zósimo Cárdenas, la carretera Junín–Sacicucho–San Pedro de Pari permanece paralizada y con un futuro incierto. El Gobierno Regional de Junín resolvió el contrato con el Consorcio Edificador tras constatar el abandono de los trabajos, pese a que el proyecto registra apenas un 40% de avance físico y más del 68% de ejecución presupuestal.
La obra tenía como fecha prevista de culminación el 22 de septiembre. Sin embargo, durante una inspección realizada el 14 de octubre, se verificó que los trabajos se encontraban completamente paralizados. Entre los componentes pendientes figuran la carpeta asfáltica, las alcantarillas y las obras de drenaje, elementos necesarios para garantizar la funcionalidad de la vía.
Incumplimiento contractual y controversia judicial
El gerente regional de Infraestructura, Frank Gonzales, informó que el Gobierno Regional notificó al consorcio el 28 de septiembre para que subsanara las observaciones y ejecutara las partidas pendientes en un plazo de 15 días.
Ante el incumplimiento de las obligaciones, la entidad procedió a resolver el contrato. No obstante, la controversia derivada de esta decisión llegó a instancias judiciales, lo que añade incertidumbre al proceso de reactivación de la obra.
Más de S/ 30 millones en riesgo
A la paralización y al retraso se suma la preocupación por la recuperación de los recursos públicos entregados como adelantos al contratista. Según lo señalado por el gerente regional de Infraestructura, existe el riesgo de no recuperar más de S/ 30 millones.
Al respecto, Gonzales indicó que se espera una respuesta del fideicomiso para garantizar la devolución de estos recursos. La recuperación del dinero será un aspecto clave para determinar el impacto económico del incumplimiento contractual y las posibilidades de continuar con el proyecto.
Evalúan ejecutar el saldo de obra
Como alternativa para retomar los trabajos, la Gerencia Regional de Infraestructura plantea elaborar un expediente de saldo de obra y ejecutar directamente algunos tramos de la carretera. Sin embargo, estas medidas aún deben concretarse y no existe garantía de que permitan culminar el proyecto antes del cambio de gestión.
La situación deja en evidencia los desafíos que enfrenta el Gobierno Regional de Junín para concluir una infraestructura vial que mantiene importantes partidas pendientes, pese al elevado porcentaje de presupuesto ejecutado.
Con la gestión de Zósimo Cárdenas próxima a concluir, la carretera Junín–Sacicucho–San Pedro de Pari se convierte en un caso pendiente de resolución, tanto por la necesidad de reanudar los trabajos como por la incertidumbre sobre la recuperación de los recursos públicos comprometidos y la definición de responsabilidades.
Las autoridades controlaron el último incendio en Cutivireni, pero aún evalúan las pérdidas agrícolas, ambientales y económicas. Además, advierten que la falta de lluvias podría generar nuevos focos de fuego.
Los incendios forestales afectaron más de 2,300 hectáreas y dañaron 25 viviendas en la región Junín, según el balance preliminar de la Subgerencia Regional de Defensa Civil. Aunque las autoridades controlaron las emergencias, las familias y los productores de las zonas afectadas todavía afrontan las consecuencias del fuego.
A estos daños se suman las pérdidas en terrenos agrícolas, cuya magnitud las autoridades del sector agrario aún deben evaluar y validar. Esta información permitirá precisar el impacto económico de los incendios y determinar las necesidades de atención de las poblaciones perjudicadas.
Controlan último incendio forestal en Cutivireni
Las brigadas de emergencia sofocaron el último incendio forestal reportado en el sector de Cutivireni, en la cuenca del río Tambo, con apoyo de las lluvias y la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ejército Peruano, el Cuerpo General de Bomberos y un helicóptero chileno equipado con un sistema helibalde.
Sin embargo, el control de las llamas no ha resuelto los problemas que enfrentan las familias afectadas. Los daños en viviendas, cultivos y áreas naturales mantienen vigente la necesidad de evaluar las pérdidas y atender a las personas perjudicadas.
Quema de pastizales origina la mayoría de los incendios
El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, advirtió que más del 90 % de los incendios forestales tendría origen humano. Entre las principales causas señaló la quema de pastizales después de las cosechas, una práctica que puede extender el fuego hacia áreas naturales, terrenos agrícolas y zonas habitadas.
Ante este riesgo, las autoridades necesitan reforzar las acciones de prevención y promover prácticas agrícolas seguras para evitar que las quemas se conviertan en emergencias de mayor magnitud.
Falta de lluvias podría generar nuevos incendios
Aunque Junín ya no registra incendios forestales activos, las autoridades alertaron que la falta de lluvias podría favorecer la aparición de nuevos focos de fuego.
Mientras tanto, los organismos competentes deben completar la evaluación de las pérdidas ambientales y económicas, así como precisar el impacto de los incendios en las viviendas, los cultivos y los medios de vida de las familias afectadas.
El balance preliminar evidencia la magnitud de los daños y la necesidad de mantener la vigilancia en las zonas vulnerables, prevenir las quemas sin control y fortalecer la respuesta ante posibles nuevas emergencias.
Comerciantes cuestionan el empadronamiento, advierten presuntas irregularidades en la asignación de puestos y exigen transparencia y diálogo para garantizar su reubicación temporal.
La modernización del Mercado Modelo de Chupaca ha generado un nuevo conflicto entre los comerciantes y la Municipalidad de Chupaca. Un grupo de feriantes realizó un plantón para expresar su rechazo al proceso de empadronamiento y cuestionar las condiciones previstas para su reubicación temporal, ante el temor de que decenas de vendedores queden excluidos sin una explicación clara de las autoridades.
Según los manifestantes, de aproximadamente 300 comerciantes que desarrollan sus actividades en el centro de abastos, solo 200 estarían considerados en el padrón municipal. Esta situación ha despertado preocupación entre los vendedores, muchos de los cuales aseguran llevar décadas trabajando en el mercado y temen perder sus espacios durante la ejecución del proyecto de modernización.
Comerciantes exigen información y transparencia
Entre los principales cuestionamientos figura la presunta falta de información sobre el financiamiento de la obra, el expediente técnico y las condiciones en las que funcionará el mercado de contingencia durante el periodo de construcción.
Janet Gómez cuestionó la falta de coordinación entre las autoridades municipales y los comerciantes, y solicitó que se informe con claridad cómo se están tomando las decisiones relacionadas con el traslado temporal de los vendedores.
Por su parte, Susan Camayo denunció presuntas irregularidades en la distribución de los puestos. Según manifestó, algunos espacios que inicialmente habrían sido destinados a la venta de frutas estarían siendo asignados a comerciantes de otros rubros. Asimismo, exigió que se transparenten los criterios empleados para elaborar el padrón municipal y determinar quiénes podrán acceder a los espacios de reubicación.
Advierten insuficiencia de puestos en el mercado temporal
A las observaciones se sumó Jaime Ordoñez, quien alertó sobre una posible diferencia entre la capacidad del mercado de contingencia y el número real de comerciantes que necesitan ser reubicados.
De acuerdo con su declaración, los 254 espacios contemplados para el mercado temporal serían insuficientes para atender la demanda de vendedores de las zonas interiores y exteriores del centro de abastos. También cuestionó las dimensiones de algunos puestos, que, según indicó, tendrían apenas dos metros de extensión.
Estas observaciones han intensificado la preocupación de los feriantes, quienes demandan conocer la distribución definitiva de los espacios y las condiciones en las que continuarán desarrollando sus actividades comerciales mientras se ejecuten los trabajos.
Piden mesa de diálogo con el alcalde
Los comerciantes precisaron que sus reclamos no buscan impedir la construcción de una nueva infraestructura, sino garantizar que el proceso de modernización se desarrolle con transparencia, participación y condiciones adecuadas para todos los vendedores.
En ese sentido, solicitaron a la Municipalidad de Chupaca que explique los criterios de empadronamiento, aclare las observaciones sobre la asignación de puestos y garantice alternativas de reubicación para los comerciantes que actualmente trabajan en el mercado. Asimismo, pidieron la instalación de una mesa de diálogo con el alcalde para abordar sus demandas y evitar que el traslado afecte sus fuentes de ingresos.
El conflicto plantea un desafío para la gestión municipal: avanzar con la modernización del Mercado Modelo de Chupaca sin dejar de lado las demandas de los comerciantes. La transparencia en el padrón, la información oportuna y la búsqueda de acuerdos serán aspectos clave para reducir las tensiones y asegurar que el proyecto responda tanto a las necesidades de infraestructura como a la continuidad de las actividades económicas de los vendedores.
El expediente técnico debe entregarse el 29 de octubre y aprobarse el 1 de noviembre. La definición de estos plazos será clave para avanzar hacia la ejecución de una obra que contempla más de 500 cámaras de seguridad, patrulleros y puestos de auxilio.
El proyecto de seguridad ciudadana de Huancayo afronta una semana decisiva para definir su avance hacia la etapa de ejecución. El expediente técnico debe ser entregado el próximo 29 de octubre y aprobado el 1 de noviembre, fechas determinantes para evitar nuevas demoras en una de las principales demandas de la población.
El gerente municipal de Huancayo, Jhoselim Meza, informó que los terrenos destinados a la instalación de los puestos de auxilio y la central de vigilancia ya están garantizados. En ese contexto, precisó que la aprobación del expediente técnico constituye el siguiente paso fundamental para continuar con el desarrollo de la iniciativa.
La ejecución del proyecto está a cargo del Gobierno Regional de Junín, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. De acuerdo con lo informado por Meza, se aprobaron tres adendas con el objetivo de garantizar el financiamiento de la infraestructura y el equipamiento contemplado en la propuesta.
Entre los principales componentes figuran más de 500 cámaras de seguridad, patrulleros, puestos de auxilio y una central de vigilancia, infraestructura que busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a los problemas de inseguridad ciudadana en Huancayo.
Plazos bajo presión por el cambio de gestión
El plazo establecido para el 1 de noviembre adquiere especial relevancia debido a la proximidad del cierre de las actuales gestiones regional y municipal. En ese escenario, el cumplimiento del cronograma será determinante para establecer si el proyecto logra avanzar oportunamente hacia su ejecución.
Aunque la disponibilidad de los terrenos y las adendas aprobadas representan avances para la iniciativa, la entrega y aprobación del expediente técnico siguen siendo hitos pendientes que marcarán el rumbo del proyecto.
La población espera que esta inversión se concrete y contribuya a mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad. Por ahora, el cumplimiento de las fechas previstas será clave para determinar si la obra continúa avanzando o enfrenta nuevas postergaciones antes del cambio de gestión.