Más de 300 comuneros vinculados a Ecosermy denunciaron incumplimientos laborales y la ausencia de representantes de la minera en una reunión previamente coordinada.

La tensión social vuelve a crecer en la provincia de Yauli-La Oroya. Más de 300 comuneros vinculados a la empresa comunal Ecosermy llegaron este jueves a Huancayo para denunciar presuntos incumplimientos de compromisos laborales por parte de Minera Chinalco y alertar sobre el fracaso de una mesa de diálogo que debía realizarse entre ambas partes.

Mesa de diálogo quedó sin efecto

De acuerdo con los representantes comunales, la reunión programada para este 11 de junio no pudo concretarse debido a la inasistencia de los representantes de la empresa minera. Los dirigentes sostienen que el encuentro había sido previamente coordinado con el objetivo de abordar diversas demandas relacionadas con oportunidades laborales y compromisos asumidos con las comunidades de la zona de influencia de la operación minera.

El abogado de Ecosermy, Rafael Porras, señaló que mientras los comuneros aguardaban el inicio de la mesa de diálogo acordada, la empresa habría convocado una reunión paralela en otro lugar, situación que, según indicó, terminó frustrando el encuentro y generando mayor malestar entre la población.

Reclamos pendientes desde hace más de un año

Los dirigentes comunales afirmaron que llevan más de un año esperando respuestas a un pliego de reclamos presentado a la empresa, sin que hasta la fecha se hayan alcanzado acuerdos concretos ni soluciones definitivas. Frente a este escenario, advirtieron que evalúan iniciar medidas de protesta y recurrir a acciones legales para exigir el cumplimiento de los compromisos que consideran pendientes.

Por su parte, el presidente de Ecosermy manifestó que el descontento viene aumentando entre las comunidades ubicadas en el área de influencia minera debido a las continuas postergaciones y a la falta de atención a sus demandas. Según indicó, esta situación estaría afectando las expectativas de empleo y desarrollo económico de los pobladores.

Comuneros evalúan protestas y acciones legales

En medio del conflicto, los representantes comunales también expresaron su preocupación por recientes denuncias fiscales presentadas contra algunos dirigentes, las cuales consideran una medida que busca limitar sus reclamos y cuestionamientos hacia la empresa.

Asimismo, denunciaron la presunta omisión de cláusulas y compromisos que, según sostienen, debían beneficiar a las comunidades cercanas a la operación minera. Advirtieron que, de no existir una respuesta concreta por parte de la empresa, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.

Sin respuesta oficial de la empresa

Hasta el cierre de esta edición, Minera Chinalco no había emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones formuladas por los representantes de Ecosermy.

Convocatoria a actividad partidaria genera cuestionamientos sobre la neutralidad de programas sociales y el uso de espacios municipales.

Una denuncia pública ha generado controversia en la provincia de Huancayo tras conocerse la presunta convocatoria de madres integrantes de comedores populares para participar en una actividad política programada para el próximo 13 de junio.

De acuerdo con la información difundida, la invitación habría sido realizada desde la dirigencia de los comedores populares y estaría dirigida a representantes de distintos comités que forman parte de este programa social. La situación ha despertado preocupación debido a la posible utilización de organizaciones destinadas a poblaciones vulnerables con fines proselitistas.

Dirigentes acuerdan participar en actividad política

La presidenta de los comedores populares, Zoraida Quispe Fabián, confirmó que la participación en la actividad respondía a un acuerdo adoptado por las dirigentes durante una reunión reciente. Sin embargo, el caso ha cobrado mayor relevancia debido a que dicho encuentro habría tenido lugar en instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Este hecho ha motivado cuestionamientos sobre una eventual vulneración del principio de neutralidad que debe regir en las entidades públicas y en los programas sociales administrados o vinculados al Estado.

Precandidatura de dirigente alimenta cuestionamientos

Asimismo, documentación revisada revela que Quispe Fabián figura como precandidata a regidora provincial por el partido político Podemos Perú, circunstancia que ha incrementado las sospechas respecto a un posible interés político detrás de la convocatoria dirigida a las beneficiarias de los comedores populares.

La coincidencia entre su rol dirigencial y su participación en actividades políticas ha generado debate sobre la necesidad de mantener una clara separación entre las organizaciones sociales y las campañas partidarias.

Municipalidad pide explicaciones a la dirigencia

Frente a estas denuncias, el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe, informó que solicitará un informe detallado a la dirigencia de los comedores populares con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de convocatoria.

Por su parte, la presidenta de los comedores populares sostuvo que la asistencia a la actividad era de carácter voluntario. No obstante, los mensajes difundidos entre las participantes harían referencia a un control de asistencia o llamado de lista, situación que ha generado dudas sobre la naturaleza realmente opcional de la participación.

Denuncia reabre debate sobre neutralidad de programas sociales

La controversia reabre el debate sobre los límites entre la actividad política y las organizaciones sociales, así como la necesidad de garantizar que los programas dirigidos a sectores vulnerables se mantengan al margen de intereses partidarios.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso, mientras se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

El regidor provincial de Huancayo, Carlos Cóngora, defendió la intervención que realizó en una olla común de la ciudad y rechazó las denuncias que lo acusan de vulnerar la propiedad privada de la presidenta de la organización social durante una reciente fiscalización.

Según explicó el concejal, vecinos de la zona alertaron sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, por lo que decidió efectuar una inspección inopinada. La diligencia formó parte de una serie de fiscalizaciones que las autoridades desarrollan en diversos comedores populares y ollas comunes de la provincia.

Durante la visita, Cóngora identificó un local que exhibía un letrero de olla común. Tras solicitar autorización para ingresar, verificó la presencia de cocinas industriales, utensilios y otros bienes que la Municipalidad Provincial de Huancayo entregó para la ejecución del programa social.

Sin embargo, el regidor señaló que no encontró atención a beneficiarios cuando realizó la inspección, alrededor de las 11:00 de la mañana. Además, aunque constató la presencia de bienes municipales, no observó la preparación ni la distribución de alimentos durante esa jornada.

Cóngora también negó haber ingresado de manera indebida a la vivienda de la presidenta de la organización. Aseguró que la fiscalización se limitó al espacio donde presuntamente funciona la olla común y precisó que registró toda la intervención mediante fotografías y videos.

Ante las dudas sobre el funcionamiento del establecimiento, el regidor pidió que las autoridades conformen una comisión investigadora para determinar si la olla común opera de manera regular y si los recursos que entrega el Estado llegan efectivamente a la población beneficiaria.

Finalmente, informó que continuará fiscalizando otros programas sociales de la provincia para garantizar el uso adecuado de los bienes públicos y comprobar que los alimentos destinados a familias vulnerables lleguen a quienes los necesitan.