Cuatro megaproyectos de salud y bienestar social en Pangoa y Chupaca están en la mira. La región busca evitar arbitrajes de hasta 6 años tomando el control financiero de los proyectos.
El panorama: Obras que no terminan
Cuatro proyectos de alto impacto social en la región Junín se han convertido en monumentos a la espera. Estas obras, ejecutadas por consorcios de capital chino y heredadas de gestiones pasadas, enfrentan un laberinto de retrasos, controversias técnicas y presupuestos inflados que parecen no tener fin.
¿Por qué no avanzan las obras?
Según el gerente regional, Roy Gonzales, las empresas contratistas han utilizado diversas estrategias legales y contractuales que han frenado el progreso físico:
Controversias técnicas: Disputas sobre la ejecución del expediente.
Arbitrajes: Procesos legales que bloquean la continuidad.
Adicionales de obra: Solicitudes constantes de mayor presupuesto.
«Resolver los contratos no es la salida inmediata, ya que un proceso arbitral podría congelar las obras por más de seis años», señalan desde la gestión regional.
La estrategia: Intervención Económica
Ante la falta de resultados tras haber pagado valorizaciones pendientes y destrabado expedientes, el Gobierno Regional de Junín ha decidido aplicar la intervención económica.
¿Qué significa esto para el proyecto?
Control compartido: El Estado participa directamente en el manejo de la caja y los pagos.
Garantía de ejecución: El dinero se destina exclusivamente a la compra de materiales y pago de mano de obra para asegurar el avance.
Sin romper el contrato: Se mantiene el vínculo con la empresa china para evitar que la obra se detenga totalmente por un pleito judicial.
Proyectos críticos en la lista
La prioridad se centra en infraestructuras de salud en Pangoa y Chupaca, zonas donde la población sigue esperando servicios básicos dignos mientras las estructuras de cemento permanecen inconclusas.
Un cierre incierto para la población
Mientras la burocracia y las empresas ejecutoras miden fuerzas en los despachos, los ciudadanos de Junín son los principales afectados. La intervención económica se presenta como la última carta de la región para entregar los hospitales y centros sociales prometidos hace años.