Las intensas lluvias inundaron las 31 aulas prefabricadas de la institución educativa N.° 31543 Túpac Amaru. Padres de familia cuestionan las reparaciones y exigen condiciones seguras para el retorno de los estudiantes.
Alrededor de 800 escolares de primaria de la institución educativa N.° 31543 Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Chilca, resultaron afectados por la inundación de sus aulas prefabricadas tras las intensas lluvias registradas el martes 27 de octubre. Debido a la emergencia, las clases presenciales fueron suspendidas durante tres días, mientras se realizan trabajos de reparación en los ambientes afectados.
El agua ingresó a las 31 aulas temporales del plantel, obligando a los propios estudiantes a retirar el líquido acumulado con escobas. La situación generó preocupación entre los directivos y padres de familia, quienes advirtieron sobre las deficiencias en el sistema de drenaje y los riesgos que representa la presencia de agua cerca de las instalaciones eléctricas.
Cuestionan trabajos de reparación
El subdirector de la institución educativa, Saúl Huamaní, señaló que las canaletas colapsaron y que el sistema de evacuación de aguas pluviales no funciona adecuadamente, lo que habría contribuido a la inundación de los ambientes escolares.
Asimismo, cuestionó los trabajos de reparación ejecutados por el consorcio responsable, al observar que algunas canaletas dañadas estaban siendo sujetadas con alambres. Esta intervención generó dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas y la capacidad de la infraestructura temporal para soportar nuevas precipitaciones.
Padres denuncian deficiencias en aulas provisionales
A las dificultades ocasionadas por las lluvias se suman otros problemas denunciados por los padres de familia, entre ellos las deficiencias en los servicios higiénicos y la falta de abastecimiento de agua potable en las instalaciones provisionales.
Olga Benito, madre de familia, exigió que se garanticen condiciones adecuadas y seguras para los menores antes de reanudar las actividades escolares. Los progenitores consideran que las reparaciones deben atender las causas de la emergencia y no limitarse a intervenciones temporales.
Por su parte, Miler de la Cruz, padre de familia, manifestó su preocupación por el retraso que la suspensión de clases podría generar en el aprendizaje de los estudiantes. Otros padres advirtieron que realizarán una protesta si no se cumplen los compromisos asumidos para solucionar los problemas del plantel.
Exigen una solución definitiva
La comunidad educativa solicitó a la Municipalidad Distrital de Chilca y a la empresa responsable que ejecuten una solución técnica definitiva, además de garantizar la supervisión de los trabajos de reparación.
La preocupación se centra en que cerca de 800 escolares dependen de estas aulas prefabricadas mientras se construye la nueva infraestructura educativa. Por ello, las familias demandan que se corrijan las deficiencias del sistema de drenaje y se atiendan los problemas de los servicios básicos, a fin de evitar que nuevas lluvias vuelvan a poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.
La emergencia ha puesto nuevamente en evidencia la necesidad de garantizar condiciones adecuadas en los espacios educativos temporales, mientras se concreta la construcción del nuevo local escolar.
La obra fue adjudicada al Consorcio Salud Selva Central. El órgano de control advirtió riesgos relacionados con el financiamiento, la evaluación de ofertas, la vigencia de documentos técnicos y el sustento de los costos del equipamiento médico.
La construcción del Hospital Higa Arakaki de Satipo fue adjudicada por S/ 237 millones 661 mil al Consorcio Salud Selva Central, integrado por Gadiel Infraestructura y Construcción S.A.C. y Levon South America S.A., sucursal del Perú. Sin embargo, el proceso se desarrolla en medio de cuatro observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que advierten posibles riesgos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de acreditación de presupuesto suficiente para garantizar el financiamiento del contrato. Asimismo, el órgano de control advirtió modificaciones en los puntajes de evaluación que podrían afectar las condiciones de competencia entre los postores.
A estas observaciones se suman documentos técnicos vencidos vinculados con los parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno, así como con la factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, requisitos relevantes para el desarrollo de la infraestructura hospitalaria.
Contraloría advierte inconsistencias en el equipamiento médico
Otro aspecto observado corresponde al presupuesto destinado al equipamiento médico, que asciende a S/ 5 millones 775 mil 882.94. Según las observaciones de la Contraloría, existen diferencias entre los montos consignados en los archivos del expediente técnico.
Además, no se habrían presentado cotizaciones ni otros documentos que permitan sustentar los precios considerados para este componente del proyecto. Esta situación plantea interrogantes sobre la consistencia de los costos previstos y la documentación que respalda la adquisición del equipamiento necesario para el futuro funcionamiento del establecimiento de salud.
Gobierno Regional asegura que existe previsión presupuestal
Frente a los cuestionamientos, el gerente regional de Infraestructura, Frank Gonzales, aseguró que existe previsión presupuestal para financiar la obra y sostuvo que los recursos están programados para el próximo año.
El funcionario también señaló que el financiamiento se proyecta para un periodo de tres años, por lo que las siguientes gestiones regionales deberán garantizar la continuidad de la inversión hasta su culminación.
La disponibilidad efectiva de los recursos y su programación para los siguientes ejercicios fiscales constituyen aspectos centrales para asegurar que la ejecución contractual no se vea afectada por limitaciones presupuestarias.
Documentos técnicos vencidos generan preocupación
En el componente técnico, las observaciones comprenden la vigencia de documentos relacionados con el terreno y los servicios básicos. De acuerdo con la información proporcionada, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios venció el 9 de octubre, mientras que el certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado tenía como fecha de vencimiento el 26 de octubre.
La situación plantea la necesidad de verificar la actualización de estos documentos y determinar si corresponde realizar trámites adicionales para garantizar que el proyecto cumpla con las condiciones técnicas y administrativas requeridas para su ejecución.
Obra queda bajo escrutinio a pocos meses del cambio de gestión
La adjudicación se concreta a poco más de dos meses del término de la gestión regional encabezada por Zósimo Cárdenas. En este escenario, la continuidad presupuestal, el levantamiento de las observaciones y la adecuada supervisión de la obra serán factores relevantes para el desarrollo del proyecto.
Mientras el Gobierno Regional de Junín sostiene que cuenta con previsión presupuestal para financiar la construcción, las observaciones de la Contraloría ponen de relieve la necesidad de adoptar medidas correctivas y documentar su cumplimiento.
El Hospital Higa Arakaki es una infraestructura estratégica para la atención sanitaria de Satipo y la Selva Central. Por ello, el seguimiento de las observaciones y la transparencia durante la ejecución contractual serán fundamentales para reducir los riesgos y procurar que la inversión pública cumpla con los objetivos previstos.
La municipalidad informó que la mayoría de propietarios habría aceptado ceder el espacio necesario para habilitar la vía. Sin embargo, el inmueble vinculado al padre de Hernán Huamani continuaría pendiente de alineamiento.
Acuerdos con vecinos, pero persiste un predio pendiente
La pavimentación y habilitación vial del jirón Prolongación Mariscal Cáceres, en el distrito de Chilca, continúa pendiente debido a una controversia relacionada con el alineamiento de los predios ubicados en el sector. Según informó el gerente municipal, Robert Crisóstomo, la mayoría de propietarios habría aceptado ceder el espacio requerido para garantizar el ancho de la vía; no obstante, uno de los inmuebles pendientes estaría vinculado al padre del alcalde electo, Hernán Huamani.
De acuerdo con el funcionario, se alcanzaron acuerdos con los vecinos para facilitar la continuidad del pasaje Inclán y permitir su conexión con la avenida Leoncio Prado. Sin embargo, señaló que la vivienda del padre de la próxima autoridad edil aún no habría concretado el alineamiento necesario para continuar con los trabajos.
La obra depende de la liberación del espacio
Esta situación mantiene pendiente uno de los aspectos necesarios para completar la intervención vial, cuyo avance depende de la disponibilidad del espacio requerido para la habilitación y pavimentación. El caso también plantea interrogantes de cara al próximo cambio de gestión municipal, debido a que uno de los predios involucrados estaría relacionado con un familiar directo de quien asumirá la alcaldía.
Municipalidad busca evitar más retrasos
La municipalidad espera alcanzar un acuerdo con el propietario para evitar mayores retrasos en la ejecución de los trabajos. De no concretarse una solución durante la actual administración, la próxima gestión deberá evaluar las medidas correspondientes para resolver el problema y garantizar que el alineamiento se realice conforme a los criterios aplicables a los demás propietarios.
En ese contexto, quedará pendiente conocer la posición de Hernán Huamani respecto a la situación del inmueble de su padre y las acciones que se adoptarán para facilitar la continuidad de la obra.
Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una versión del propietario del predio ni un pronunciamiento del alcalde electo sobre el caso.
Los docentes reclaman la aplicación de la Ley N.° 32581. También exigen el pago de la deuda social y mayor presupuesto para Educación.
Maestros cesantes y jubilados protestaron este martes en Huancayo. Exigieron al Gobierno reglamentar la Ley N.° 32581, que busca mejorar sus pensiones.
Los docentes cuestionaron la demora en la aplicación de la norma. Según señalaron, llevan tres años esperando avances concretos.
El profesor jubilado Gonzalo Chávez indicó que muchos exdocentes reciben pensiones de entre S/ 600 y S/ 1.200 mensuales. Afirmó que estos montos no cubren sus necesidades básicas.
Por ello, pidió a la presidenta de la República y al Ministerio de Educación acelerar el proceso. Su objetivo es que la ley entre en vigencia y mejore los ingresos de los jubilados.
Esperan una mesa técnica
Chávez informó que una delegación de maestros viajó la semana pasada a Lima. Allí buscó una respuesta del Poder Ejecutivo.
Según el dirigente, el Ministerio de Economía y Finanzas se habría comprometido a instalar una mesa técnica este viernes 30 de octubre. En esa reunión se abordaría la reglamentación de la ley.
Los docentes esperan acuerdos concretos para avanzar en sus demandas.
Exigen el pago de la deuda social
Los manifestantes también reclamaron el pago de la deuda social del Estado con el magisterio. Además, pidieron mayor presupuesto para el sector Educación.
Los maestros advirtieron que continuarán con sus protestas hasta obtener respuestas de las autoridades.
SUTEP convoca a paro nacional
La movilización se realiza antes del paro nacional de 24 horas convocado por el SUTEP para este jueves 29 de octubre.
La medida contempla la participación de docentes activos, cesantes y jubilados. Con esta jornada, el gremio busca visibilizar sus demandas laborales y pensionarias.
Los maestros esperan que las próximas reuniones permitan avanzar en la reglamentación de la ley y mejorar las pensiones del sector.
