¿Qué pasó realmente en el Terminal Terrestre? Mientras la Fiscalía pide cárcel para el alcalde Dennis Cuba, la Municipalidad cierra filas. Detrás de los expedientes, hay una ciudad que espera respuestas claras sobre un conflicto que podría costarle caro a todos los huancaínos.
La gestión del alcalde Dennis Cuba atraviesa su momento más crítico. Lo que comenzó como una «recuperación» del terminal terrestre de Huancayo se ha transformado en un laberinto judicial que hoy pone en jaque al sillón municipal. La Fiscalía no anda con rodeos: ha solicitado más de cinco años de prisión para la autoridad edil, acusándola de usurpación agravada.
Una defensa que suena a trinchera
Lejos de la autocrítica, la respuesta desde el interior de la municipalidad ha sido la resistencia. El gerente municipal, Jhoselim Meza, ha salido al frente para asegurar que no hubo violencia y que las pruebas de la Fiscalía son insuficientes. Sin embargo, el fondo del asunto es más humano y preocupante: ¿se usó el poder del Estado para tomar a la fuerza un bien que aún estaba en disputa legal?
Para el fiscal Herik Henry Gonzales Rivera, la respuesta es sí. Por eso, no solo pide cárcel efectiva, sino también la inhabilitación de Cuba para ejercer cualquier cargo público. Esto no es solo un problema de papeles; es un golpe directo a la confianza de quienes votaron por una gestión transparente.
Desconexión y dudas internas
Uno de los puntos más extraños de este caso es la aparente falta de comunicación dentro de la misma municipalidad. Resulta que la propia comuna figura como «tercero afectado» y se pide una reparación civil, algo que, según el gerente municipal, la Procuraduría ni siquiera les advirtió.
Esta situación deja una pregunta en el aire: ¿Quién cuida realmente los intereses de Huancayo? Si la defensa legal no está coordinada, el riesgo de perder el control del terminal es cada vez más real.
El costo que pagaremos todos
La gestión municipal intenta restarle importancia a la posibilidad de que un laudo arbitral le devuelva el terminal a la antigua concesionaria. Pero negar un problema no lo hace desaparecer. Si la justicia falla en contra de la municipalidad, el costo económico y político no lo pagarán solo los funcionarios, sino toda la ciudad que verá cómo sus recursos se pierden en juicios y reparaciones.
Más allá de los tribunales
Al final del día, esto ha dejado de ser un simple trámite judicial para convertirse en un termómetro político. Cuando una gestión decide «atrincherarse» y negar todo en lugar de explicar con honestidad sus pasos, el mensaje que llega al ciudadano es de confrontación, no de servicio.
El Poder Judicial tendrá la última palabra, pero en las calles de Huancayo, la sensación es de incertidumbre. La administración de Dennis Cuba hoy no parece una municipalidad abierta al diálogo, sino una institución que prefiere resistir antes que aclarar.