Dania Vila denunció ante la Fiscalía mensajes intimidantes contra su hijo menor. Las amenazas surgen tras la intervención a agencias informales en Huancayo, a pocos días del feriado de Semana Santa.
La fiscalización al sector turismo en la región Junín ha escalado a un escenario de violencia criminal. Dania Vila, directora regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), denunció ser víctima de graves amenazas contra su vida y la de su familia, presuntamente orquestadas por sectores que buscan frenar los operativos de control en la vía pública.
Cronología de la intimidación
El punto crítico ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando la funcionaria recibió audios de WhatsApp desde un número desconocido. En las grabaciones, un sujeto le exige el cese inmediato de las intervenciones a agencias de viaje. Según la denuncia, el tono de las advertencias subió de nivel al mencionar directamente a su hijo menor, lo que obligó a Vila a solicitar garantías personales de manera urgente.
Los avances de la investigación
Tras formalizar la denuncia penal, las primeras diligencias de la Policía Nacional y el Ministerio Público habrían permitido identificar a dos presuntos implicados. Actualmente, las autoridades rastrean el origen de las comunicaciones para determinar si pertenecen a un gremio específico o a una red de operadores informales que operan en el centro de Huancayo.
El vacío en la denuncia: ¿A quiénes se señala?
Pese a la gravedad del hecho, la gestión de Vila mantiene bajo reserva los nombres de las empresas o actores específicos bajo sospecha. Este silencio ha generado dos efectos inmediatos:
Incertidumbre en el sector: Operadores formales temen que la falta de precisión genere una «sospecha generalizada» que afecte la reputación del destino Junín.
Riesgo en Semana Santa: Con la llegada masiva de turistas, la presión de las mafias busca debilitar la capacidad del Estado para ordenar una actividad marcada por la informalidad y la venta ambulatoria de paquetes turísticos.
El reto de la formalización
La funcionaria ha reafirmado que los operativos continuarán, especialmente tras detectar prácticas irregulares y el incumplimiento de normas básicas de seguridad para el viajero. Sin embargo, analistas del sector advierten que, para que la denuncia tenga un impacto real, es imperativo aislar y sancionar con nombre y apellido a quienes operan al margen de la ley, evitando que el mensaje de impunidad gane terreno.