La presencia de un Jeep Wrangler vinculado al entorno político de Batalla Perú en una actividad proselitista de Podemos Perú continúa generando cuestionamientos. Esta vez, Dania María Vila Poma, directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, se pronunció sobre el uso del vehículo que su pareja, Arturo Montes Villazana, alcalde electo de San Luis de Shuaro, incluyó en su declaración patrimonial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

VEHÍCULO APARECIÓ EN CARAVANA POLÍTICA

La funcionaria respondió a las consultas luego de que Fernando Orihuela Rojas apareciera el pasado 7 de noviembre en Jauja a bordo del Jeep, de placa BNA-542, durante una caravana política en la que también participó Franco Vidal, alcalde de Ate.

Al ser consultada sobre quién autorizó el uso del vehículo en una actividad de Podemos Perú, Vila Poma evitó precisar las circunstancias y trasladó la responsabilidad de las explicaciones a su pareja, a quien identificó como propietario de la unidad.

«El señor Arturo puede dar declaraciones al respecto porque él es el propietario del vehículo», sostuvo.

VILA POMA DESCONOCE LAS CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

La directora regional señaló que Montes Villazana posiblemente alquiló o prestó el Jeep, aunque reconoció que desconoce las condiciones del acuerdo y los motivos que llevaron a utilizarlo en la actividad política.

«Él tendrá que explicar por qué motivo y bajo qué circunstancia», manifestó.

Por su parte, Vila Poma negó haber gestionado el préstamo del vehículo o intervenido en alguna acción que pudiera comprometerla frente a las normas que regulan la conducta de los funcionarios públicos durante los procesos electorales. Además, aseguró que mantiene su neutralidad política y respeta las restricciones que establece la administración pública para quienes ejercen cargos estatales.

VÍNCULOS POLÍTICOS GENERAN NUEVOS CUESTIONAMIENTOS

No obstante, sus declaraciones dejan pendientes varias interrogantes sobre la participación de un vehículo que figura en el patrimonio de un alcalde electo de Batalla Perú en una actividad proselitista de Podemos Perú.

El caso también pone bajo escrutinio los vínculos personales y políticos entre los involucrados, especialmente ante los cuestionamientos públicos por los acercamientos de Arnoldo Mallma con figuras de esa misma organización política.

Hasta el momento, Arturo Montes Villazana debe aclarar quién autorizó el uso del Jeep Wrangler, si lo alquiló o prestó y bajo qué condiciones permitió que la unidad participara en la caravana de Podemos Perú. Mientras tanto, Vila Poma mantiene su deslinde y atribuye a su pareja la responsabilidad de explicar los hechos.

La gestión del alcalde Julio Llallico retiró la escultura hace dos años, pero todavía no establece un cronograma para remodelar la berma central. El Concejo Provincial de Huancayo recién autorizó la modificación del diseño vial el pasado 7 de noviembre.

A dos años de retirar el monumento al campesino de la berma central de la avenida Mariscal Castilla, la Municipalidad Distrital de El Tambo todavía no define cuándo ejecutará ni culminará la intervención urbana. La decisión, que adoptó la gestión del alcalde Julio Llallico y generó cuestionamientos por tratarse de una vía de competencia provincial, recién obtuvo respaldo normativo con la publicación de una ordenanza del Concejo Provincial de Huancayo, el pasado 7 de noviembre.

El alcalde de El Tambo sostiene que la modificación parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano permitirá ampliar la avenida, debido a que la berma central no cumpliría con las especificaciones técnicas requeridas. Sin embargo, el municipio realizó el retiro del monumento y modificó físicamente este tramo de una de las principales vías del distrito dos años antes de conseguir dicha autorización normativa.

La propuesta municipal plantea reemplazar la berma central por áreas verdes laterales y ejecutar un tratamiento urbano en el sector. Sin embargo, el propio Julio Llallico reconoció que su gestión todavía debe presentar el plan de trabajo para establecer el cronograma de intervención.Por ello, pese al tiempo transcurrido y a los cambios que el municipio ya realizó en la avenida, la gestión de El Tambo aún no precisa cuándo iniciará las obras ni cuánto tiempo necesitará para concluirlas.

Monumento ahora ocupa la explanada municipal

La controversia también alcanza el destino de la escultura del campesino, que durante más de cuatro décadas ocupó la berma central de la avenida Mariscal Castilla y formó parte de la identidad urbana de este espacio público.

Después de retirarla, la municipalidad trasladó la escultura a la explanada del palacio municipal. Julio Llallico asegura que conserva la misma pieza, aunque ahora luce una apariencia distinta por los trabajos de pintura y refacción que recibió luego de sufrir rupturas durante su desinstalación.

Dos años sin concluir la intervención

El retiro del monumento cambió la imagen urbana de la avenida Mariscal Castilla y abrió cuestionamientos sobre las competencias de la municipalidad distrital para intervenir una vía de carácter provincial.

Con la modificación normativa ya publicada, la gestión de Julio Llallico debe presentar el plan de trabajo y establecer un cronograma que permita conocer cuándo ejecutará y terminará el proyecto.

Dos años después de retirar el monumento y modificar la avenida, El Tambo todavía no concreta la intervención anunciada. La gestión municipal aún debe responder cuándo iniciará las obras y en qué fecha entregará este tramo de la Mariscal Castilla con el nuevo diseño urbano.

Nancy Baquerizo reportó dos mensajes extorsivos después de denunciar presuntas irregularidades en la contratación de personal del centro de salud La Libertad. La funcionaria presentó el caso ante el Ministerio Público y los órganos de control.

La directora de la Red de Salud Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, denunció que recibió amenazas durante las últimas semanas, luego de alertar sobre presuntas irregularidades en la contratación de personal del centro de salud La Libertad.

Según declaró la funcionaria, recibió dos mensajes extorsivos que podrían estar relacionados con las decisiones que tomó tras detectar posibles actos de corrupción en el proceso de contratación de trabajadores.

Baquerizo señaló a dos trabajadores como presuntos involucrados en estas irregularidades: un servidor nombrado y un funcionario administrativo. Frente a esta situación, dispuso retirar de la institución al trabajador contratado. Sin embargo, no detalló públicamente qué responsabilidades atribuye a cada uno de los señalados.

La directora también trasladó la denuncia por presuntos actos de corrupción al Ministerio Público y a los órganos de control, para que investiguen los hechos e identifiquen a los posibles responsables.

Paralelamente, acudió ante las autoridades para denunciar los mensajes extorsivos y solicitar garantías que resguarden su integridad.

Baquerizo considera que las amenazas podrían responder a las medidas que adoptó tras detectar las presuntas irregularidades. Sin embargo, las autoridades deberán determinar si existe una conexión entre ambos hechos.

La denuncia vuelve a poner bajo escrutinio los procesos de contratación de la Red de Salud Valle del Mantaro. Las investigaciones deberán esclarecer la presunta venta de plazas, determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan y establecer el origen de las amenazas contra la directora.